Una elección de magistrados por consenso será clave en la resolución del conflicto político venezolano
Hoy martes 15 de febrero, cierra el lapso establecido para recibir postulaciones de aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Una vez pasado el tiempo de revisión por parte del Poder Ciudadano así como el lapso de impugnaciones, la lista de candidatos y candidatas pasará a la Asamblea Nacional para el nombramiento final antes del 1° de abril.
Con altas expectativas sobre el efecto político de las elecciones presidenciales de 2024, se trabaja para renovar el TSJ venezolano en un contexto marcado por una reciente iniciativa de referéndum revocatorio frustrada, una paralización de las negociaciones políticas en México, un parlamento controlado por el oficialismo y un fuerte cuestionamiento a la falta de independencia judicial a nivel nacional e internacional.
La independencia del Poder Judicial es una importante clave de la solución política venezolana. De nada sirve un Consejo Nacional Electoral (CNE) de consenso, en el que toda la sociedad confíe, si el resultado de las elecciones en última instancia podría estar determinado por la Sala Electoral de un Tribunal Supremo que se percibe poco independiente.
En última instancia, se juega la confianza en las instituciones, en el Estado y por tanto la posibilidad de reglas de juego estables que permitan que la ciudadanía goce de derechos o, dicho de otro modo, que la soberanía resida en el pueblo.
Alcanzar la independencia del poder judicial depende de la composición final de sus nuevas autoridades. El cómo se lleve a cabo el proceso de elección de magistrados marcará continuidades o rupturas con el patrón de judicialización del conflicto político que se ha venido imponiendo en los últimos años.
Es por ello que en PH9 nos preguntamos ¿cómo contribuye la renovación del TSJ a la solución del conflicto político venezolano?; ¿cuáles son las claves políticas que nos permiten entender la trascendencia de este proceso?
¿Qué se juega?
En la producción de un nuevo TSJ se juega la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro que firmó un memorando de entendimiento con la CPI (Corte Penal Internacional) comprometiéndose a tomar medidas para una administración de justicia acorde con los estándares internacionales.
El resultado de esta reforma podría producir mejores condiciones y garantías para que las elecciones presidenciales del 2024 funcionen como dispositivo democrático para la resolución del conflicto político venezolano.
Un método inclusivo donde lo que más se valore sea el consenso como fuente de legitimidad, permitiría instalar claves fundamentales para avanzar en formas democráticas de refundación institucional.
Un nuevo TSJ podría sentar bases institucionales importantes para la restitución de derechos postergados de miles de personas privadas de libertad injustamente, también para que se garantice el cumplimiento de derechos sociales y políticos de grandes sectores de la población excluidas de servicios esenciales para la vida, para que las decisiones judiciales no sean favorables solo para aquellos que pueden pagar el soborno de un juez y para que se castigue el abuso de poder y la impunidad de funcionarios del Estado que han violado gravemente derechos humanos de cientos de venezolanos y venezolanas.
La decisión política está sucediendo en el TSJ
En los últimos 6 años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido la instancia donde se han tomado las decisiones más importantes sobre el destino de los poderes del Estado y del sistema político. En 2016 fue el TSJ el que inhabilitó a la Asamblea Nacional de 2015, tras una sentencia que dictaba la nulidad de sus actos mientras siguieran juramentados tres diputados de oposición cuya elección fue cautelarmente suspendida por considerarse irregular.
En esta línea, también en 2017, el TSJ fue el responsable de la suspensión de varias directivas de partidos políticos y designación de otras ad hoc, respondiendo a la solicitud de amparo constitucional de fracciones internas de dichos partidos de oposición que entraron en negociación con el gobierno. Y en 2021, por encima del CNE, tuvo la última palabra respecto al cerrado resultado electoral en el estado Barinas, decantándose por la anulación de las elecciones y la convocatoria de nuevos comicios.
La incomodidad de salir de la guerra y pasar a la política
A los radicales de ambos polos políticos les resulta incómodo construir marcos institucionales de consenso. Freddy Guevara, el dirigente del partido de extrema derecha, Voluntad Popular, se ha pronunciado en twitter sobre la participación de organizaciones de la Sociedad Civil en la postulación de candidatos a magistrados y magistradas que convoca una Asamblea Nacional con mayoría chavista: «Avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la Corte Penal Internacional (CPI), debilita la negociación en México y le da legitimidad. Hacer eso, a cambio de tener unos pocos magistrados en un TSJ controlado por Maduro, sería demasiado dañino para el país».
A este partido, que ha promovido un TSJ paralelo en el exterior, antes que trabajar por un TSJ de consenso, parece que le resulta mejor que Leopoldo López tenga uno propio que le haga espejo al «de Maduro».
Contrario a lo que piensa Guevara, Mariela Ramírez, coordinadora del movimiento ciudadano Dale Letra, miembro de la plataforma Foro Cívico, en entrevista para PH9 plantea que «la necesaria reforma del sistema judicial en el país, a la cual se comprometió el Ejecutivo Nacional en su memorando de entendimiento con la Corte Penal Internacional, abre una oportunidad para regresar al diálogo y la negociación entre las partes. Edificar las bases de la recuperación del sistema de administración de justicia y la progresiva reinstitucionalización democrática».
Por su parte, Diosdado Cabello, vicepresidente del partido de gobierno, PSUV, declaró públicamente que la configuración final del Comité de Postulaciones Judiciales aumentó el número de diputados por encima de los miembros de la sociedad civil, «porque la AN no podía perder la rectoría sobre el proceso».
El diputado Giuseppe Alessandrello, del PSUV y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, por su parte, argumenta en esta misma línea que si la Asamblea Nacional tiene «la facultad y responsabilidad de nombrar a los magistrados, debe tener mayoría; los demás son veedores. La incorporación de los ciudadanos por parte de la sociedad civil es una suerte de complemento y de veedores».
Esta posición llama la atención en una fuerza política cuya doctrina plantea que la participación protagónica de los ciudadanos tiene más valor que la actuación de los representantes políticos.
La independencia judicial pendiente
El gran desafío del Poder Judicial es recobrar la confianza de la sociedad en su capacidad para cumplir de forma «institucionalmente independiente» con su mandato constitucional: garantizar la expresión de la voluntad popular, el cumplimiento de las leyes por parte de todos los poderes públicos y la tutela efectiva de derechos e intereses legítimos.
El Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentado en septiembre de 2021 señaló que aún cuando la constitución «establece procedimientos para la selección transparente y basada en méritos de magistrados y jueces (…) el incumplimiento progresivo de estas normas ha dado lugar al deterioro de la independencia judicial (…) En particular, la injerencia política en la elección de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo ha dado lugar a cambios permanentes en su alineación ideológica. Ello ha derramado sus efectos sobre todas las instituciones del Poder Judicial».
En efecto, los dos grandes problemas de credibilidad del Poder Judicial actual radican en el quiénes y cómo se eligen a los magistrados, y en el incumplimiento del mandato constitucional de convocatoria a concursos de oposición para la selección de los jueces.
En la primera reforma de la LOTSJ (2004), se hizo aritmética política en relación al número de magistrados. En esa ocasión, el chavismo con una débil correlación de fuerzas en el Parlamento, apostó por la ampliación del número de magistrados (de 20 a 32) para ganar margen de maniobra a la hora de negociar fichas en el Tribunal Supremo.
De igual manera, flexibilizó el requisito de mayoría calificada para la elección final de magistrados en plenaria parlamentaria, introduciendo una excepción: si después de 3 intentos no se alcanza acuerdo con mayoría calificada serán elegidos por mayoría simple (artículo 38).
Pero en la reforma de este año, se vuelve a disminuir el número de magistrados (de 32 a 20). Diosdado Cabello, diputado y presidente de la comisión que lideró esta reforma, justificó este cambio para lograr un «mejor manejo» de las salas y «brindar mayor autonomía de acción y fortalecer la eficiencia y eficacia en la administración de justicia».
Lo cierto es que ahora la correlación de fuerzas en el parlamento es muy favorable al chavismo, y esto podría tener como lectura política que menos cargos de magistratura impliquen menos posiciones estratégicas a negociar con factores opositores presentes en el parlamento o fuera de él, por al menos cinco años cuando pudiese darse una nueva reforma.
Además del número de magistrados, la composición del Comité de Postulaciones Judiciales también podría perfilarse como un factor debilitante de la credibilidad en la elección de magistrados. En la nueva LOTSJ se modifica el artículo 65 para indicar que este comité estará «integrado por veintiún miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus miembros, de los cuales once son diputadas o diputados y diez serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad».
Pese al revuelo que esta métrica generó en la prensa nacional, por la supuesta violación al artículo 270 de la CRBV, para el chavismo esta polémica no tiene asidero. Para Giuseppe Alessandrello, diputado de la bancada del PSUV y presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, «no hay más que leer el artículo 270 de la constitución para darse cuenta que todo lo que se hizo está apegado a la ley».
En efecto, el artículo 270 no da mayor precisión sobre el perfil de los integrantes del Comité, sólo indica que «estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad». Para el chavismo el artículo da lugar a la participación de diputados.
Alessandrello argumenta que si el parlamento tiene la facultad constitucional de ejercer control político, «la AN nombra la cabeza de los poderes», resulta lógico que en el Comité de Postulaciones los diputados superen a los miembros de la sociedad: «cuando la AN tiene el mandato de hacer ese trabajo, entonces, en el comité de postulaciones habían sólo 5 diputados y 10 venían de la sociedad civil, es ilógico, es contradictorio».
El chavismo, también, podría estar leyendo que el artículo 264 estipula que el procedimiento de elección de magistrados lo define la ley (orgánica). Y todo lo que se ha hecho ha estado apegado a esta ley.
El otro gran problema de la independencia del Poder Judicial tiene que ver con la designación discrecional de los jueces. Desde el año 2004, el TSJ no ha convocado un solo concurso de oposición para designar a los jueces. La Comisión Judicial ha asumido la tarea de nombrar a estos funcionarios de manera temporal, accidental o provisional y, por lo tanto, el máximo juzgado los puede destituir de un momento a otro sin procedimiento alguno que les garantice su derecho a la defensa; esto los hace vulnerables a interferencias y presiones externas. Para ilustrar, destaca que en materia penal aproximadamente el 80% de los jueces no son titulares, según los datos de la propia página web del TSJ.
Un esfuerzo colectivo: instituciones de consenso
Mariela Ramírez afirma que el Foro Cívico ha «decidido participar en este proceso, no a pesar de estas irregularidades, sino justamente para lograr su corrección». Afirma que «sin instituciones sólidas reconocidas por todos, no será posible superar la tragedia que padecemos. Un Tribunal Supremo de Justicia útil para el país debe ser el producto de un acuerdo entre los diferentes actores nacionales».
El Foro Cívico también participó del proceso de Postulaciones Electorales en mayo de 2021, que dió lugar a un Consejo Nacional Electoral (CNE) de consenso, con representantes del oficialismo y de la oposición. Este resultado puede leerse como un logro del proceso de negociaciones, cuya eficacia política se manifestó en la celebración de unas elecciones regionales con la mayorías de los partidos políticos del país, que gozó de un aumento en 10 puntos de los niveles de participación y de reconocimiento internacional.
Para Ramírez, «el proceso que hizo posible el nombramiento de un nuevo CNE tuvo éxito gracias a la convergencia de voluntades de actores políticos y sociales, que trabajamos desde diferentes espacios y signos ideológicos (…) En esta nueva oportunidad es necesario volver a lograr esta convergencia, implementar mecanismos para asegurar que, tal como lo exige la Constitución, el proceso del nombramiento del Poder Judicial – un evento trascendental para la vida de cada uno de los venezolanos – sea un proceso inclusivo en el que no sólo converjan actores afines con la coalición gobernante, reflejando la voluntad de recuperar la institucionalidad en un marco de verdadero pluralismo político y social en Venezuela».
Por su parte, el chavismo trabaja con gestos, repitiendo la misma fórmula del CNE: agrega a la LOTSJ el Comité Preliminar de selección de diputados del Comités de Postulaciones, tal como lo establece la Ley electoral; copia la misma composición del comité (11 diputados, 10 miembros de la sociedad) y deja a los mismos operadores.
Desde su posición institucional, el diputado Alessadrello, quien también fue presidente del Comité de Postulaciones Electorales, explica que la clave del CNE fue «el apego estricto, estrictísimo, a lo que establece las leyes (…) el trabajo del comité ha sido un trabajo técnico-jurídico. El éxito ha sido ese, se ha seleccionado de manera pública y transparente a unos ciudadanos que al final del proceso ha terminado en una lista de elegibles que se presenta ante la Asamblea Nacional».
Alessandrello reconoce que el método de toma de decisiones por consenso, «la unanimidad» en las decisiones del comité, también fue otro signo del proceso del CNE y se repetirá en esta ocasión.
Ambos sectores coinciden en la necesidad de trabajar para reconstruir la confianza en instituciones vitales para el funcionamiento del Estado. Para el chavismo forma parte de lo que ha llamado «revolución judicial», para la oposición representada en las organizaciones de la sociedad civil, se llama «reconstrucción de la institucionalidad democrática».
Desde el chavismo este proceso pasa por el control político de los representantes que se agrupan en el parlamento. Es decir, el chavismo se abre a la renovación pero tal como manifestó Diosdado Cabello, «sin perder la rectoría del proceso».
Para la sociedad civil opuesta al gobierno pasa por «incidir» para evitar que la ventana de oportunidad que se abre ante la presión internacional de la CPI y la necesidad de recomposición institucional de cara a las elecciones presidenciales de 2024, «no sea una nueva oportunidad perdida».
Lo cierto es que el hecho de que un bloque político por sí solo no haya sido capaz de resolver la crisis nacional, a lo largo de estos últimos años, ha empujado escenarios de «esfuerzo colectivo» para lograr procesos de transformación institucional que renueven reglas de juego y abren lugar para que las decisiones políticas pasen por las urnas.
