Nacido en Santa Bárbara del Zulia y criado en El Vigía, estado Mérida. Estudió economía en la Universidad de los Andes (ULA), cursó la Maestría en Economía Agrícola en la Universidad del estado de Iowa (Iowa State University). Docente jubilado de la ULA, en su escuela de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-ULA). Fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL) de la ULA. Doctor en Estudios del Desarrollo en la UCV, en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES). Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE). Miembro de la Academia de Mérida y de la Academia de Economía del estado Zulia. Actual Director del Consejo de Desarrollo, Científico, Tecnológico y de las Artes de la ULA (CDCHTA-ULA).
PH9. Usted ha dicho que la seguridad alimentaria nacional se encuentra en un estado deplorable. ¿Nos puede dar cifras que ilustren esta situación y hacernos una caracterización de la situación actual de la producción de alimentos en Venezuela? ¿Tiene usted información de cuál ha sido la superficie cosechada en los últimos cinco años?
AG. El último dato oficial conocido de superficie cosechada en Venezuela es de 2015: 1.728.601 hectáreas y en 2008. Pero en 1988, sin la pomposidad y propaganda de la guerra al latifundio, de la revolución agraria socialista y sin acosar al sector privado y amenazar a los productores se cosecharon 2.311.475 hectáreas.
Las fuertes caídas de la producción nacional de cereales, caña de azúcar, café, papa, hortalizas y otros rubros de la agricultura vegetal indica que se debe estar cosechando muy poca tierra. La verdad es que desde 2008, cuando se cosecharon según cifras oficiales 2.375.000 hectáreas la merma de la superficie cosechada ha sido continua hasta llegar a la última cifra oficial de 2015: 1.728.601 hectáreas.
Todo indica que esa cifra se ha reducido drásticamente desde entonces y que 2020 será un año de nueva reducción de la superficie cosechada y de la producción agrícola, sin contar que debido a la falta de insumos, gasolina, la falta de financiamiento, la caída de inversiones y la falta de maquinarias y equipos los rendimientos por superficie y la producción se han reducido.
Es dramática la situación de la seguridad alimentaria en Venezuela, ahora mucho más grave como consecuencia de la pandemia COVID 19 que ha paralizado la mayor parte de la actividad económica, con consecuencias terribles para el empleo y los ingresos de los trabajadores. Sobre todo en los sectores de más bajos ingresos cuya reducción de la demanda de alimentos ha sido continua en estos últimos años, hasta llegar a niveles ingesta calórica por debajo de los requerimientos para más de 9 millones de habitantes.
El programa mundial de alimentos (PMA) o WORLD FOOD PROGRAM (WFP), estimaba para septiembre de 2019 que el 7,9% de la población en Venezuela (2,3 millones de hab.) estaba en inseguridad alimentaria severa. Un 24,4% adicional (7 millones de hab.) estaba en inseguridad alimentaria moderada. El PMA concluía que «una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia” ( WFP, 2019, p. 1). La Encuesta de Condiciones de vida 2019-2020 también revela cifras alarmantes de inseguridad alimentaria en los hogares venezolanos pues 79,3% de los hogares están en condiciones de pobreza extrema, es decir, sus ingreso no son suficientes para cubrir el costo de una canasta de alimentos normativa.
Además, la última ENCOVI revela que solo 7% de los hogares no está en situación de inseguridad alimentaria y que 33 % padecen inseguridad alimentaria severa. Pero, igualmente la FAO en sus últimos informes reporta que para el trienio 2010-2012 la prevalencia de subalimentación (ingesta diaria calórica por debajo de los requerimientos nutricionales) afectaba al 3,7% de la población, pero esa cifra aumentó al 21,2 % para el trienio 2016-2018. Vale la pena señalar que en el monitoreo sobre desnutrición infantil que realiza Caritas de Venezuela en 48 Parroquias de Venezuela, el porcentaje de niños con desnutrición aguda global (bajo peso para la talla) fue de 11,5% en noviembre de 2019, pero en marzo de 2020 aumentó a 16,7%.
Esto tendrá graves consecuencias para la vida de esos niños y para el desarrollo de Venezuela. Con el deterioro de la situación económica y social; y ahora con los efectos económicos y sociales de la pandemia COVID 19, las cifras de inseguridad alimentaria seguirán aumentando. No es exageración decir que vivimos una tragedia y que solo un cambio político, pacífico y constitucional, con un gobierno plural y de unidad nacional, permitirá que salgamos de ella.
La producción de alimentos (agrícola y de la industria de alimentos) viene en caída libre desde 2009-2010 y eso se compensaba con las importaciones agroalimentarias, pero estas también se vinieron abajo, sobre todo desde 2014, cuando el flujo de divisas petroleras comenzó a caer continuamente. Estimamos, con base en cifras oficiales y proyecciones para 2019 y 2020 de organismos como el FMI, que el producto interno bruto per cápita de Venezuela (PIBPC) de 2020 será apenas un 30% de lo que era en 2012 y un 34 % de lo que fue en 1998.
Con una caída tan dramática del ingreso por habitante y también de los salarios reales, el poder de compra de los venezolanos se ha reducido. De allí la caída espectacular del consumo total y de la ingesta calórica y proteica, de la alta inseguridad alimentaria que reportan todos las investigaciones nacionales e internacionales. Pero como le decía, la caída ha sido también en el PIB agrícola per cápita PIBAPC) y en la producción de la industria de alimentos. Para 2020 el PIBAPC será apenas el 28% del de 2008 (el mejor año en producción agrícola del período chavista) y un 30% del que tuvimos en 1998.
Los gremios agrícolas han alertado sobre una nueva merma de la producción agrícola en 2020, impulsada por la falta de insumos, la falta de financiamiento, la escasez de combustible la desinversión y la obsolescencia de la maquinaria y equipos agrícolas, precios para los rubros básicos que no estimulan la producción porque no aseguran una rentabilidad atractiva. La merma del financiamiento agrícola es brutal. El sistema financiero venezolano es raquítico y, para abril de 2020, la cartera crediticia total de la banca venezolana era apenas de 128 millones de dólares y la del sector agrícola no debe superar los 30 millones de dólares. Esas son cifras que maneja un banco chiquito de un país pobre de América Latina.
Por su parte, la producción de la industria de alimentos también viene en picada desde 2010, usted puede observar las cifras de producción y ventas de alimentos que reporta la Cámara venezolana de la industria de alimentos (Cavidea), las cuales revelan una caída fuerte en las ventas de muchos alimentos procesados. Para 2019, según información del Banco central de Venezuela (BCV) el volumen de producción de la industria de alimentos, bebidas y tabaco era solo el 35,4% del de 2012.
Las importaciones agroalimentarias han mermado dramáticamente. En 2013, año de máximo valor de las importaciones agroalimentarias, estas se ubicaron en alrededor de 337 dólares/hab., para 2018 ese monto se había reducido a unos 78 dólares por habitante, y en 2020 debe continuar declinando, las pocas importaciones agroalimentarias las hace el gobierno para los CLAP y algunos empresarios privados que importan materia prima para procesar. El auge de las importaciones de los bodegones se ha venido abajo.
De manera tal que tenemos un sistema alimentario en crisis, una fuerte caída de la producción nacional de alimentos, una fuerte merma de las importaciones agroalimentarias que se traduce en una reducción sin precedentes de la disponibilidad de alimentos por persona y el resultado es un aumento, también sin precedentes en la historia moderna del país, de la inseguridad alimentaria y nutricional. El hambre acosa a los venezolanos y entre tanto no se vislumbra una salida política, un cambio político que pueda abrir las compuertas de cambios sustanciales en la política económica y social, que permita la ayuda financiera y la entrada de nuevas inversiones para recomponer la economía y aumentar la producción. Es una tragedia lo que vivimos, ahora agravada por la pandemia. Dios nos ampare y nos favorezca.
PH9. Tanto la ley de reforma agraria de 1960 como la Ley de Tierras del 2001 expresan la necesidad de la democratización de la tierra en Venezuela. Según el censo de 1998, en nuestro país más del 60% de los campesinos poseía menos del 3% de la tierra agrícola, mientras que menos del 2% de terratenientes poseían casi el 60% de las tierras de superficie agrícola ocupada.
Usted ha afirmado que la política de tierras del chavismo ha creado inestabilidad en la propiedad y ha afectado la producción, e incluso que se deben reponer las explotaciones agropecuarias expropiadas, invadidas u ocupadas en los últimos 20 años. ¿Cómo se pueden equilibrar las demandas históricas de desconcentración de la propiedad de la tierra y el sostenimiento de la producción agrícola? ¿Nos puede explicar más en detalle su posición?
AG. Debo comenzar por decir que Venezuela dejó de ser un país rural hace mucho tiempo. La renta petrolera y su privatización-distribución, a diferencia de otros países latinoamericanos, permitió sacar la gente del campo hacia las ciudades sin mayores traumas y en un tiempo relativamente rápido, se creó un mercado nacional, un país urbano. Con esto lo que quiero destacar es que Venezuela ya era un país urbano a finales del siglo XX y en consecuencia no existía la presión sobre la tierra para fines agrícolas que existía y sigue existiendo en muchos países latinoamericanos, más rurales y más dependientes de la producción agrícola que Venezuela.
Los pobres en su mayoría absoluta ya no estaban en el campo, estaban en las ciudades, aunque en términos relativos, la tasa de pobreza es mayor en las áreas rurales que en las ciudades. Pero la mayoría de los pobres, en valor absoluto, están en las ciudades y ellos deben ser objeto prioritario de las políticas económicas y sociales si aspiramos a desarrollarnos. De hecho el primero de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas tiene que ver con eliminación de la pobreza en todas sus formas y, el segundo, con el logro de hambre cero en el planeta.
Entonces, una Reforma Agraria para Venezuela no exigía, no exige, acciones violentas y propagandistas con tantas repercusiones negativas sobre la inversión privada y sobre la producción. Creo que el gobierno actuó influenciado más por razones ideológicas, por la idea de que una revolución socialista en América Latina necesariamente tenía que aplicar una reforma agraria muy radical, como es necesario en otros países más rurales de América Latina.
Todos los estudios, especialmente los del Doctor Olivier Delahaye (Facultad de Agronomía UCV), el principal especialista en política de tierras en Venezuela, muestran que el latifundio en su versión tradicional ya no tenía la relevancia que se le estaba asignando y que los censos agrícolas mostraban un crecimiento y un fortalecimiento de la mediana propiedad (fincas de tamaño medio), en medio de un desorden en la definición de derechos de propiedad que hace que se haya agravado el problema del mercado de la tierra, de la tenencia precaria de la tierra y de la seguridad jurídica sobre la tierra que usted compra para producir.
No olvidemos que el principal latifundista es el Estado venezolano y pudo haberse diseñado un programa de dotación de tierras para los campesinos y agrotécnicos sin tierra sin mayores traumas, más a tono con la realidad del país y sin generar la desconfianza y el miedo a invertir que terminó por imponerse como consecuencia de la tal revolución agraria del chavismo. Lo que hicieron los gobiernos chavistas en estos últimos años ha terminado en un rotundo fracaso, como lo muestran las cifras de producción y de superficie cosechada.
Las expropiaciones y ocupaciones violentas, los intentos de crear cooperativas y colectivizar la producción se resumen en el abandono de todas esas explotaciones y en la merma significativa de la producción agrícola donde antes la hubo. Un gran fracaso, mucho escándalo, Saraos, Saraitos, cooperativas, colectivismo y propaganda para crear la imagen de que en Venezuela existía una revolución socialista en el campo, una revolución socialista contra el latifundio que no era imperiosa por las características propias del país y por el grado de modernización y urbanización que ya existía.
Eso fue lo que hubo, un gran fracaso de la política agrarista del chavismo y los resultados están a la vista para confirmarlo. Hoy tenemos una producción agrícola disminuida y muy poca superficie agrícola sembrada y cosechada, según lo revelan los resultados que presentan las cifras oficiales y las de los gremios agrícolas desde 2015, porque las cifras oficiales no se conocen, las esconden desde 2015.
Un cambio de políticas debería tener en cuenta la privatización y titulación de la mayor parte tierras expropiadas y ocupadas con el objetivo de que se incorporen a la producción agrícola. Esas tierras expropiadas y ocupadas deben ofrecerse en principio a sus antiguos propietarios y ocupantes, a los agro-técnicos y productores sin tierra jóvenes.
Tiene que ser un programa bien organizado, que ofrezca la posibilidad de otorgar títulos de propiedad, de manera que queden bien definidos los derechos de propiedad sobre la tierra, se elabore un buen catastro rural, mejore el funcionamiento del mercado de tierras y se estimulen las tan necesarias inversiones en el campo mejorando la seguridad jurídica de la tenencia. Son Muchas las tareas pendientes en materia de política de tierras, de definición de derechos de propiedad e instauración de un mercado de tierras que funcione sin tanta incertidumbre sobre la propiedad de la tierra que se compra.
PH9. ¿Considera que sería necesaria la implementación del impuesto a la tierra, como plantea la Ley de Tierras y Desarrollo Rural? ¿Su posible aplicación qué nuevas condiciones aportaría a la compleja situación productiva del país?
AG. Estoy de acuerdo, es necesario. Debe instrumentarse tomando en cuenta las experiencias más exitosas de su aplicación, con una descentralización donde los Municipios deben jugar un rol protagónico en su recaudación. Es un impuesto necesario, planteado desde hace mucho tiempo y en anteriores leyes de reforma agraria. Es una necesidad para evitar mantener tierras ociosas, aumentar la productividad y la producción agrícola. Las explotaciones pequeñas deberán ser exceptuadas de pagar ese impuesto y los municipios-Alcaldías deben ser los entes encargados de cobrarlo.
PH9. Entre el 2004 y el 2012 hay en Venezuela, a grandes rasgos, un crecimiento del PIB, del ingreso petrolero, de la producción de alimentos (en este caso acotada hasta 2009), una reducción de la pobreza y de la desigualdad y una mejora en la mayoría de los índices sociales. Posteriormente hay una abrupta caída de todos estos índices, que no solo borra lo avanzado sino que caen, en muchos casos, significativamente por debajo de lo que se observaba en 1998. Un observador externo podría pensar que hay dos fases con políticas y desempeños distintos. Usted ha expresado que es el resultado de una misma política, siendo así ¿nos podría explicar a qué se debe tanto el ascenso como la caída?
AG. Las políticas fueron fundamentalmente las mismas desde 2003: controles de precios, del tipo de cambio, de las tasas de interés, del comercio exterior, nacionalizaciones, expropiaciones, ocupaciones de fincas y fábricas productivas, irrespeto por los derechos de propiedad, populismo macroeconómico que nos condujo a esta hiperinflación, disminuir al sector privado y sustituirlo con producción de empresas públicas y depender de las importaciones, regalar nuestro petróleo y regalar dinero a otros países para comprar apoyos políticos en los foros internacionales y explorar la exportación del socialismo del siglo XXI para construir una fuerza de contención al imperialismo norteamericano.
Se estableció un fuerte control de la sociedad, todos los poderes controlados por el Presidentes, todo el poder para Chávez y el chavismo. A eso lo llamaron socialismo del siglo XXI. El auge de precios que permitió aumentar la renta petrolera financiaba todo eso y se pensaba que sería eterno. El apoyo popular derivado de las políticas distribucionistas (Misiones) de la renta petrolera garantizaba la victoria electoral y la posibilidad de continuar con los cambios para aumentar el poder del Estado y el control de la sociedad.
El crecimiento de 2004-2012 era insostenible, no tenía vigor, era artificial, apuntalado por el gasto público y no se sustentaba en un aumento de la inversión privada en la economía no petrolera. La diferencia en los resultados, se explica fundamentalmente por la magnitud de la renta petrolera captada en los diferentes períodos que dio una ilusión pasajera de bienestar. Pero ya desde 2009 con la caída de los precios del petróleo debido a los efectos de la crisis financiera mundial se evidenció que era un crecimiento económico sin bases sólidas.
Tampoco debe olvidarse que para que Hugo Chávez Frías ganara las elecciones presidenciales de 2012 se apuntaló la política redistribucionista (Misiones) más allá de las posibilidades del país. Como lo dijo uno de los autores clave de la crisis que vivimos (Jorge Giordani), en su carta de renuncia a su cargo ministerial (18 de junio de 2014), para ganar esas elecciones (las de 2012) se hizo un sacrificio y un esfuerzo financiero que llevo el acceso y uso de los recursos a niveles extremos. El fin de mantenerse en el poder justificaba los medios. Es decir, se actuó irresponsablemente gastando más de lo que se podía, y consecuentemente una vez ganadas las elecciones se requería ajustar la economía y establecer correctivos que Nicolás Maduro no quiso realizar, a pesar de que diferentes sectores chavistas y no chavistas se lo recomendaron. El argumento de Maduro era que había que respetar el legado de Chávez. Irresponsabilidad tras irresponsabilidad, y vea donde estamos.
Durante el auge rentístico creció la economía, hubo auge de las políticas sociales, reducción de la inseguridad alimentaria y de la pobreza. El gobierno logró aumentar a niveles sin precedentes el gasto social gracias al alza de los precios de los hidrocarburos y de los cambios legales que permitieron mayor captación de renta petrolera para el Estado venezolano, que es el ente que al final la privatiza y la distribuye.
Los cambios institucionales que se realizaron en las Leyes de Hidrocarburos, del Banco Central de Venezuela (BCV) y la creación de Fondos permitieron que el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dispusiera a su libre albedrío de todo ese ingreso petrolero y además endeudara interna y externamente a la República y a PDVSA.
Luego vino la resaca, los precios del petróleo bajaron en 2014 y ya se observaba el desastre y la merma de la producción petrolera, vino la caída de la actividad económica, de la política social (misiones) y aumentó la inseguridad alimentaria, la pobreza y la desigualdad. Al disminuir la renta petrolera cayó la popularidad del gobierno chavista con Maduro a la cabeza; y en 2015 el chavismo sufrió una contundente derrota electoral y perdió el control de la Asamblea Nacional. La respuesta fue avanzar hacia un gobierno más autoritario, lo que los politólogos llaman autoritarismo hegemónico. Fin del autoritarismo competitivo electoral. Y aquí estamos con la democracia destruida y un país pobre y en miseria.
Pero interesa destacar que lo que está detrás de todo este proceso es la crisis de fondo de la sociedad venezolana, la crisis del capitalismo rentístico, la crisis del modelo de acumulación dependiente de la renta petrolera, tantas veces advertida, desde finales de los 1970s por pensadores como Asdrúbal Baptista (recientemente fallecido) y a lo cual no le hicieron caso los partidos políticos y las elites económicas de la denominada cuarta República.
El proyecto chavista prometió superar el rentismo y lo que logró fue acabar con la industria petrolera, reducir la producción no petrolera, acabar con las instituciones y la democracia. Esa crisis estructural se evidencia por la falta de dinamismo de la economía y la crisis social que surge cuando caen los precios del petróleo. Y esa crisis se manifestó con fuerza desde finales de los 1970s, se pensó que el auge rentístico del 2004-2012 sería eterno, pero la crisis estaba allí latente, enmascarada por el auge rentístico que vivimos y cuando viene la caída de los precios del petróleo en 2014 se manifiesta con toda su fuerza porque los desequilibrios que se venían acumulando durante los gobiernos de Hugo Chávez Frías y Maduro eran descomunales.
La crisis estaba disimulada o encubierta temporalmente por el auge rentístico. Eso lo alertaron los expertos y los académicos. No se les hizo caso. La economía venezolana tiene una clara tendencia a decrecer desde finales desde 1978. Es una economía inestable, sin fuerza, donde no se han creado las bases para un nuevo modelo que le dé el rol protagónico a la inversión privada y a los ciudadanos con mayor democracia, para que se pueda impulsar el crecimiento económico sostenible, con mayor equidad, con más democracia y poder para los ciudadanos para controlar al Estado perceptor y distribuidor de la renta y a las elites políticas y económicas que se benefician del provento rentístico. Superar el rentismo requiere de más democracia, de más descentralización, de transferencias de poderes reales a los ciudadanos para que sean estos los que controlen al Estado y no al revés, un Estado todo poderoso que controla a los ciudadanos. Más que un problema económico superar el rentismo es un problema político.
Lo cierto es que la renta petrolera, desde finales de los 1970s, ya es insuficiente para dinamizar el crecimiento económico. Al caer la renta petrolera disminuyó el gasto público real y se hizo insuficiente para mantener el dinamismo de la economía y financiar los programas sociales. También, además de gastar y mal invertir la renta el país se endeudó y cuando comenzaron a presentarse dificultades para endeudarse más porque no se pagaba la deuda se incurrió en el financiamiento monetario del déficit fiscal por el BCV, hasta conducirnos a una pavorosa hiperinflación, al estado de miseria y postración en que se encuentra la sociedad venezolana, a la crisis de la democracia, a la crisis humanitaria, a la tragedia que vivimos.
PH9. Usted afirma que durante el gobierno de Chávez la bonanza petrolera y el gasto social del gobierno provocaron un aumento significativo de la demanda interna, superior al aumento de la producción, lo cual causó una brecha que se cerró con las importaciones. En entrevista con nosotros, voceros de Fedeagro le atribuían gran importancia al exceso en las importaciones de alimentos como un factor en el desestímulo de la producción interna. En oposición a esto, Elías Jaua nos expresaba que, en su mayoría, las importaciones de alimentos se habían realizado guardando un equilibrio entre la demanda de la población y el estímulo a la producción. ¿Qué nos podría decir al respecto?
Bueno, la economía estuvo creciendo con fuerza entre 2004 y 2008, sobre todo en las actividades terciarias y en menor medida en la producción de bienes materiales, o bienes transables no petroleros (agrícolas, manufactura y minería no petrolera). El auge rentístico y las políticas distribucionistas de la renta (Misiones) hizo crecer la demanda de todo tipo de bienes y servicios a una tasa mayor que lo que crecía la producción doméstica, hubo que importar para cubrir la brecha, sobre todo alimentos. En 1998 las importaciones agroalimentarias eran de 1.766 millones de dólares, para 2013 alcanzaron los 10.045 millones de dólares.
Esas importaciones se hicieron a un tipo de cambio preferencial, sobrevaluado, es decir se incurría en un subsidio implícito a las importaciones por la vía del tipo de cambio sobrevaluado, lo cual le restaba competitividad a la producción agroalimentaria nacional. Por eso los bajos precios para la producción nacional, para el gobierno siempre era posible importar con un dólar barato, era su alternativa para tener comida barata y para enriquecer a los corruptos que decidían sobre las importaciones de alimentos.
Recuérdese que la mayor parte de los alimentos que se vendían en Mercal y PDVAL eran importados, ni siquiera se utilizaron las compras gubernamentales para impulsar la producción nacional. Eran baratas las importaciones de alimentos, el gobierno asumió el monopolio de las importaciones de algunos alimentos, materias primas agrícolas e insumos, y paralelamente se le controlaban los precios a la producción doméstica agroalimentaria en todos los eslabones de la cadena de valor.
Los precios poco rentables para los productores se compensaban inicialmente con subsidios a insumos (fertilizantes, semillas, alimentos balanceados para animales, crédito abundante a tasas de interés bajas-reales negativas) y así se pudo mantener un crecimiento de la producción agrícola entre 2004 y 2008.
A partir de 2009 comienza a perder dinamismo el gasto público agrícola, los subsidios y el crédito ya no son abundantes como en el pasado y los insumos comienzan a escasear por la nacionalización de Agroisleña y la creación de ese foco de corrupción e ineficiencia que es Agropatria. En los Andes los productores la llaman Agronada. Los precios de los bienes agrícolas básicos (cereales, caña de azúcar) no aumentaban como deberían hacerlo teniendo en cuanta la tasa de inflación general y al aumento de los costos de producción. Y esto era posible porque el gobierno podía importar a precios bajos, gracias principalmente al tipo de cambio sobrevaluado. Se prefirió importar antes que estimular la producción nacional. Así mismo, en la medida que se fueron agotando las divisas, cada vez fue más difícil para la agroindustria obtener dólares preferenciales para importar materias primas agrícolas y otros insumos y persistían los controles de precios como política para combatir la inflación, las nacionalizaciones, expropiaciones de industrias y fincas, el acoso contra los productores y agroindustriales, etcétera.
El resultado fue la caída de la producción agroalimentaria (agrícola y agroindustrial). Y cuando se redujo la entrada de divisas, desde 2014 se redujeron también las importaciones totales y agroalimentarias, hasta llegar a los niveles ínfimos actuales. Cae la producción doméstica de alimentos y las importaciones, cae la disponibilidad de alimentos y se agravó el problema de la escasez, que ya existía debido al control de precios. Así, la escasez se impulsó por un problema de reducción de la oferta (menos producción doméstica e importaciones) y los controles de precios que impedían el funcionamiento de los mercados (equilibrar la oferta con la demanda) y la coordinación de los eslabones de las cadenas de valor agroalimentarias; y entonces hubo auge de los mercados negros-ilegales, de los bachaqueros y como ya no había recursos en abundancia, desde 2016 se redujeron los subsidios universales a través de Mercal y Pdval y se crearon los CLAP, un instrumento para racionar la comida, otro foco de corrupción y de discriminación de la gente para afianzar el control político de la población.
En 2020 volverá a disminuir la producción agroalimentaria según lo anuncian los gremios agrícolas y de la industria de alimentos. Esto la ratifican los resultados del trabajo de seguimiento a la situación agroalimentaria nacional que realiza la ONG (Organización No Gubernamental) Red Agroalimentaria. También es muy probable que en 2020 disminuirán las importaciones de alimentos. Es decir, de nuevo se reducirá la disponibilidad de alimentos. Al final, las políticas agroalimentarias del chavismo redujeron la producción agroalimentaria, destruyeron la industria petrolera y se quedaron sin divisas para importar.
Creyeron que la bonanza petrolera duraría eternamente y prefirieron las importaciones a la producción nacional, pero ahora no se tiene divisas para importar alimentos y el aparato productivo agroalimentario y manufacturero está destruido. No es bueno lo que viene si no hay un cambio político y de políticas. El país amerita de profundas reformas políticas y económicas.
PH9. ¿A qué factores atribuye usted la pérdida de eficiencia de cada bolívar que el gobierno gasta en el sector agrícola, tal como lo afirma en sus artículos? ¿Por qué no existió un aumento sustancial que correlacione gasto y financiamiento agrícola con producción agrícola per cápita, sobre todo en el período en que éstos fueron abundantes 2003-2008?
AG. Claramente, hubo una importante desviación de los créditos otorgados hacia otras actividades, eso no es nuevo. Si usted recibe dinero y puede invertirlo en otra actividad más rentable, de menor riesgo, donde no hay control de precios o comprar dólares baratos a la tasa de cambio preferencial, entonces los recursos no se invertirán en la producción agrícola y agroindustrial.
Más aún, muchos de esos créditos ni se pagaron. Puede ver la tasa de morosidad de la cartera agrícola y del Banco Agrícola de Venezuela, pero no hay presos. Por cierto, no es la primera vez que esto sucede, también pasó en gobiernos anteriores. Hay que crear los incentivos económicos, seguros agrícolas y las reformas institucionales para que esto no se repita. Hay que trabajar o financiar a los auténticos productores, a las organizaciones de productores y empresarios serios y no a los clientes políticos y enchufados.
Pero la corrupción y la desviación de los créditos no es culpa solo de los productores, muchos funcionarios otorgaron créditos aun sabiendo que el prestatario no se pagaría, pero cobraban una vacuna o soborno (por esto no hay ningún preso, que yo sepa). Ahora el problema es que no hay dinero para financiar a los productores y a los agroindustriales, todo el sistema financiero venezolano maneja un monto de recursos (cartera crediticia total) similar al que maneja un solo banco chiquito en un país pobre. Lo poco que se produce ahora se hace con financiamiento de los productores y de los agroindustriales.
Por supuesto, que con la merma de la producción y de la productividad agrícola y agroindustrial, se redujo el producto obtenido por cada bolívar de crédito agrícola otorgado en los años de abundante financiamiento, no podía ser de otra forma en el marco institucional existente.
PH9. El censo agrícola del 2008 nos habla de una superficie sembrada cercana a los 2,4 millones de hectáreas y de un total de superficie agrícola superior a los 29 millones de ha. ¿A qué se debe que, incluso en los mejores momentos, solo se siembre menos del 10% de la superficie agrícola? ¿Cuál es el potencial real de producción agrícola en Venezuela?
Usted siembra e invierte en la agricultura y en la ganadería si tiene la expectativa de que su actividad va a ser rentable y si tiene mercados para colocar su producción. Entonces para que usted siembre más y utilice más tierras en la producción de alimentos requiere de políticas que le den seguridad jurídica y de precios fijados por las fuerzas del mercado y no por un burócrata. Debe tener seguridad sobre lo que es suyo, debe existir respeto por los derechos de propiedad. Con los precios que determina el mercado usted hará sus cálculos y decidirá en qué rubros invertir, cuánto producir y, cómo producir (con qué tecnología) y en qué mercado venderá su producción.
Necesitamos de una nueva estrategia agroalimentaria donde el Estado no sustituya a los mercados, pero que exista coordinación entre el Estado y el sector privado, que el Estado pueda intervenir para hacer respetar los derechos de propiedad, garantizar el cumplimiento de la ley, preservar el ambiente y la biodiversidad, crear las externalidades positivas (represas, vialidad, electricidad, telecomunicaciones, servicios básicos, formación de recursos humanos, transferencia de tecnología, otras) que apalanquen la producción agroalimentaria, la cual debe ser realizada por los privados, quienes son los que tendrán el rol protagónico en la inversión y producción de bienes y servicios, en un marco de seguridad jurídica y personal, con libre funcionamiento de los mercados y de respeto por los derechos de propiedad.
El Estado deberá intervenir, solo para cubrir fallas de mercado (estructuras de competencia imperfecta, ausencia de mercados, mercados incompletos, programas especiales de financiamiento para rubros con recuperación de la inversión en el largo plazo (cultivos permanentes)). El estado tiene su rol y podrá proponer, en concertación con el sector privado, políticas de desarrollo productivo para desarrollar ciertas cadenas de valor agroalimentarias, para estimular exportaciones e inversiones en ciertas regiones del país, pero debe permitir que los mercados funcionen y que el inversionista privado juegue un rol protagónico en el proceso de inversiones y de ampliación de la frontera agrícola.
PH9. En entrevistas realizadas algunas personas nos refieren que el hecho de que las frutas y hortalizas nunca hayan desaparecido de los mercados, incluso en los peores momentos del desabastecimiento, se debe a que son producidos en las pequeñas propiedades y que no están cartelizados. Otras personas refieren que ese hecho se debe, más bien, a que nunca se ha establecido precio regulado para esos rubros. ¿Cuál es su opinión?
AG. Mi opinión es que en esos rubros no hubo escasez porque no hubo control de precios, no hubo regulación. Cuando no hay control de precios los mercados equilibran la oferta con la demanda a través del precio que se determina por la interacción de muchos actores, de muchos oferentes y muchos demandantes. El mercado actúa como un sistema descentralizado que recoge la información de todos los actores para expresarla en la variable precio del bien. Con ese precio del bien los consumidores toman su decisiones de comprar o no comprar y los productores y comercializadores toman sus decisiones de producción y oferta (qué, cuánto, cómo producir u ofrecer, dónde vender).
El gobierno no puede sustituir a los mercados porque no puede procesar toda la información que los mercados sintetizan en la variable precio, que finalmente equilibra la oferta con la demanda del bien en los diferentes lugares y regiones del país. Usted en los años de escasez y de controles de precios nunca vio colas de gente para comprar frutas, tomates, papas, pimentón, ajo o de bienes sin control de precios. Eso está en los libros texto de economía para principiantes, pero algunos gobiernos insisten en los controles por ignorancia o por razones ideológicas y políticas, aunque un control de precios pudiera justificarse por períodos cortos y en circunstancias muy especiales (guerras, catástrofes naturales).
Repito, controles deben aplicarse siempre por períodos muy cortos, es lo que se observa hoy en la mayoría de los países que aprendieron de la experiencia histórica y negativa de dichos controles. Si se prolonga el control y se desvincula el precio de las condiciones del mercado aparecerán los bachaqueros o mercados negros e ilegales donde el bien se venderá a un precio superior al que hubiera existido si los mercados hubieran funcionado con libertad.
La realidad nos mostró en 2019, que cuando el régimen que nos gobierna flexibilizó los controles de precios o se hizo de la vista gorda con la Ley de precios acordados se acabó la escasez de los alimentos básicos. Ahora aunque retornó a un sistema de control o de “precios acordados”, hasta ahora creo que ha sido prudente en su aplicación y por eso no tenemos episodios graves de escasez de alimentos. El gobierno ahora modifica los precios con mayor frecuencia que en el pasado, acorde con los movimientos del tipo de cambio en el mercado paralelo y no observo hasta ahora brotes importantes de escasez de productos.
Lo mismo se refleja en el trabajo de seguimiento de la Red Agroalimentaria. Con esto quiero decir que la forma como se está administrando el control de “precios acordados” no se ha traducido en escasez porque los precios se modifican con frecuencia y no se han alejado de los precios que habrían existido sin el control y tampoco se están acosando a los comerciantes. La pregunta es por qué entonces el gobierno volvió al control de precios, a los “precios acordados”?.
Bueno, no hay escasez, pero el problema de fondo es que los salarios reales, el poder de compra alimentario de los consumidores está muy deprimido y muchas personas están aguantando hambre y en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. A menos que haya un cambio político no veo posibilidades de que esta dramática situación se modifique, el régimen no tiene ni dispondrá de recursos para aliviar la tragedia que vivimos porque no tiene acceso a los mercados financieros y porque muy pocos invertirán en un país con un gobierno como el actual, sin reconocimiento de las principales democracias del mundo, con un cúmulo de sanciones, que no respeta los derechos de propiedad y sin acceso a los mercados financieros.
PH9. En su artículo de 2014 “El Sistema Alimentario Venezolano (SAV): Evolución reciente, balance y perspectivas” usted afirma que, “en el largo plazo, los factores estructurales y coyunturales incidirán en la tendencia a precios altos y volátiles de las materias primas agrícolas y de los alimentos en los mercados mundiales”. Sin embargo, desde el 2011 hasta ahora la tendencia ha sido a la baja. ¿Cree usted aún que se sostendrá una tendencia alcista en el largo plazo? ¿Qué razones explican esta disminución de los precios? ¿Cuál será el impacto de la pandemia sobre los precios internacionales en los próximos años?
AG. Ciertamente, en los últimos años, desde 2011 los precios reales (descontando el efecto de la inflación mundial) tienen tendencia a la baja, entre otras razones porque hubo aumentos de productividad, de rendimientos en producción por superficie que hicieron crecer la oferta por encima de la demanda y crecieron los inventarios. Las proyecciones de la FAO-OECD (2019-2028) dicen que la tendencia de los precios reales agrícolas será la de mantenerse en los niveles de 2019 cuando hubo un ligero incremento de precios en los mercados mundiales.
Pero ahora, los efectos económicos de la pandemia al reducir los ingresos y consecuentemente la demanda de alimentos ejercerán presión para una baja. Sin embargo, según reporta la FAO (junio, 2020) debe precisarse que la tendencia en corto plazo de algunas commodities de las cuales somos importadores y son esenciales para la seguridad alimentaria nacional pueden tener precio al alza una vez que se recupere la economía después de la pandemia. Ese es el caso del trigo, el arroz, el aceite vegetal crudo y la leche en polvo.
También debe tenerse en cuenta que el factor de alta volatilidad estará gravitando permanentemente porque los efectos del cambio climático sobre la producción agrícola (plagas, enfermedades, cambios de temperatura y de clima, y los desastres naturales) no se pueden prever con certeza.
Un factor que también deberá tenerse en cuenta es lo que suceda con los precios del petróleo. Estos están positivamente correlacionados con los precios de los alimentos en los mercados mundiales. Si los precios del petróleo crecen nuevamente por efecto de una rápida recuperación de la economía en los países desarrollados, China e India, como algunos han previsto, se hará más factible económicamente la sustitución de los hidrocarburos por los biocombustibles. Y esto elevaría la demanda y los precios de rubros agrícolas o commodities utilizadas para producir esos biocombustibles (caña de azúcar, maíz, soya, aceite de palma, girasol y otras oleaginosas, entre otros rubros agrícolas).
Así que, aunque ahora, la realidad nos diga que los precios reales agrícolas estarán estables o a la baja por algunos años, hay algunos eventos que pueden revertir esa tendencia. No obstante, para un país como Venezuela, altamente dependiente de las importaciones de alimentos para su seguridad alimentaria, debe tenerse en cuenta que en los años que vienen no tendrá abundancia de divisas para importar y que lo que procede es que un gobierno nuevo, con una política económica diferente y con acceso a los mercados financieros, deberá tener políticas para incrementar la producción agroalimentaria doméstica, la cual está en niveles muy bajos.
Hay que aprovechar los recursos y las ventajas comparativas del país, hay que aumentar la producción nacional de alimentos y materias primas agrícola. Tenemos tierras, condiciones agroclimáticas, productores con experiencia, ingenieros y agrotécnicos, y amplia capacidad ociosa en la agroindustria. Creo que esa volatilidad que se asoma en los precios agrícolas de los mercados mundiales y la posibilidad de producir con niveles de eficiencia económica razonable muchos rubros agrícolas que estuvimos importando y otros para los cuales tenemos probadas ventajas comparativas y competitivas, con un tipo de cambio que no esté sobrevaluado, nos debería estimular a focalizarnos en cómo aumentar la producción agroalimentaria nacional. Es imperativo atender una demanda de alimentos que crecerá si hay cambio político y nuevas políticas económicas y sociales que incrementen el ingreso y el consumo de los venezolanos.
PH9. Debido a la crisis del Covid-19 se habla de relocalización de la producción y en general de una reversión de algunas de las características del proceso de globalización. ¿Qué tendencias podemos esperar en los próximos años en el mercado mundial de alimentos y que implicarán para Venezuela?
AG. En la actualidad, como efecto de la pandemia, las cadenas de valor global o mundial están en crisis porque se han interrumpido muchos suministros necesarios para elaborar el bien final. La economía y el comercio mundial también están en crisis y se espera una reducción del PIB mundial en 2020 en el orden del 5,2 % (Banco Mundial), una merma importante en los precios de los minerales y las materias primas y del comercio de más del 13 %, para 2020.
Por supuesto que este evento imprevisto (la pandemia) ha forzado que algunos países tomen medidas para garantizar su abastecimiento doméstico, aunque eso implique incumplir con contratos de suministro. Esta situación obligará a muchos grupos económicos transnacionales que controlan las cadenas globales de valor a redefinir sus cadenas de suministros. Y en ese contexto, algunos países emergerán como más confiables que otros como proveedores de insumos y materias primas requeridas para producir bienes finales. Muchas cosas cambiarán durante y después de que pase la pandemia.
Por ahora tendremos precios bajos en los mercados mundiales porque la demanda está contraída debido la reducción del crecimiento económico, el mayor desempleo y la caída de los salarios reales. Y se mantendrán a la baja en la medida que esa situación no se modifique. Es muy posible que luego de que pase la pandemia se reactive la demanda y mejoren los precios, pero algunos expertos auguran una recuperación lenta de las economías. Es decir, en 2020 y 2021 no podemos esperar alzas muy fuertes del precio de los alimentos, salvo que en lugar de una recuperación económica en forma de U o de L, se tenga una recuperación en forma de V, con un crecimiento económico muy rápido.
También se puede prever un aumento del proteccionismo y mayor énfasis en políticas que incrementen la producción interna. Pero Venezuela es un caso aparte. En este momento no tiene políticas ni recursos para impulsar el crecimiento de la producción interna ni tampoco tiene divisas para importar y aprovechar los precios bajos del momento. Esperamos que en el futuro las tenga.
PH9. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las primeras medidas para atender la emergencia del sistema alimentario venezolano?
Lo primero que hay que hacer es ocuparse de los pobres, de la población desnutrida o en riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Hay que evitar que la hambruna y la desnutrición tengan más consecuencias adversas de las que ya tienen. Eso deberá atenderse en el corto plazo con ayuda humanitaria proveniente de varias organizaciones multilaterales, de países aliados. Con los primeros financiamientos, hay que ejecutar un programa de transferencias monetarias directas condicionadas y un plan de emergencia que genere empleos y realizar importaciones de alimentos mientras se recupera la producción agroalimentaria nacional.
El hambre y la desnutrición masiva solo es posible en una dictadura o donde hay gobiernos autoritarios que no respetan la libertad de prensa y los derechos humanos. Donde hay democracia no hay hambre y hambrunas como bien lo ha explicado y demostrado Amartya Sen (Premio Nobel de Economía, 1998), la democracia crea las condiciones para que los gobiernos corrijan sus errores y actúen ante las crisis, por eso la vuelta a la democracia es vital para recuperar la libertad, el respeto por la vida, reactivar la economía y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de los venezolanos.
En el corto plazo se requiere atender la crisis de los servicios básicos. Es necesario un mejoramiento de los servicios de salud y de los servicios básicos esenciales como el del agua potable y la energía eléctrica (habrá que importar energía eléctrica, reparar y mantener equipos), garantizar que funcione el mercado de la gasolina y evitar que el desabastecimiento de la gasolina siga siendo una de las más importantes restricciones que se tiene para producir y distribuir alimentos. Es una realidad que no podemos mantener los precios de la gasolina excesivamente subsidiados como lo hicimos en el pasado, pero habrá que idear mecanismos para compensar a los trabajadores y eliminar progresivamente el subsidio a la gasolina, que como todos saben es un subsidio regresivo.
Hay que conseguir financiamiento para ejecutar un plan de estabilización, que nos permita recuperar equilibrios macroeconómicos, pero con rostro humano. No puede ser una estabilización que reduzca más aún el consumo de los hogares porque los niveles de inseguridad alimentaria y nutricional ya son una tragedia. Ese plan de estabilización va a requerir de un financiamiento extraordinario de la única institución que puede aportarlo, al menos en la magnitud que se requiere, el Fondo Monetario Internacional.
Desde el principio hay que garantizar los derechos de propiedad y permitir que funcionen los mercados con libertad de precios. En esto un nuevo gobierno debe dar señales claras desde el comienzo. Hay que derogar inmediatamente la Ley de Precios acordados, en la práctica ya hay una derogación. Hay que prohibir las invasiones y ocupaciones de explotaciones agropecuarias, los decomisos arbitrarios e ilegales de la producción por Alcaldes y Gobernadores, la matraca-vacunas que se cobran, sobre todo en las alcabalas por donde pasa la producción, hay que dar garantías de que no habrá expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y que se va a privatizar por diferentes modalidades las empresas públicas agroalimentarias, las cuales no están operativas pero generan gasto público que se requiere para salud, educación y recuperar los servicios básicos.
En fin, hay que dar señales claras de que habrá seguridad jurídica y personal para los productores y los actores privados del sistema alimentario venezolano, seguridad para que inviertan y produzcan y para que los diferentes mercados que conectan los eslabones de las cadenas agroalimentarias puedan coordinarse en un contexto de libertad de precios. Es el sistema de precios, con mercados funcionando libremente, el mecanismo que permite coordinar a los eslabones de las cadenas de valor agroalimentaria. El estado solo deberá intervenir en circunstancias muy específicas para evitar el ejercicio del poder de mercado, de las estructuras de competencia imperfecta de los oligopolios y oligopsonios. Observa que cuando el régimen de Maduro, en el año 2019, flexibilizó la aplicación de los controles se acabó la escasez de los alimentos básicos, cuyo precio estaba controlado.
El consumo alimentario de los venezolanos se fortalecerá con las transferencias monetarias directas y la generación de empleos decentes y mejores salarios reales en la medida que la economía comience a funcionar y las inversiones privadas (nacionales y extranjeras) aparezcan. También se deberán reactivar las Juntas Nacionales de Cadenas de valor Agroalimentarias para que el Estado y los actores privados puedan concertar políticas en el marco de la emergencia nacional y ejecutar un plan nacional de abastecimiento alimentario, donde, obviamente, en el corto plazo, en tanto se recupera la producción agroalimentaria nacional, las importaciones de alimentos serán esenciales para garantizar una oferta suficiente.
Obviamente que la falta de recursos financieros será una restricción, pero en un marco de más confianza, de construcción de un gobierno de unidad nacional, consensos políticos y libertad económica los empresarios pueden retornar capitales y la inversión extranjera podrá mostrar interés. En este momento no hay financiamiento para la producción agroalimentaria suficiente y oportuno. Son los productores y empresarios con sus propios recursos los que financian la menguada producción agroalimentaria. Parte de los primeros financiamientos internacionales deberán usarse para inyectarle liquidez a la banca, de manera que se puedan otorgar financiamientos para reactivar la producción agroalimentaria, de la manufactura y de algunos sectores clave. Nuestro sistema financiero es raquítico en este momento. La cartera crediticia total de la banca es de 128 millones de dólares y con ese monto ningún país puede apalancar la producción.
Estas medidas deberán estar acompañadas por una política fiscal, monetaria y cambiaria que reduzca o elimine el financiamiento monetario del Banco Central de Venezuela (BCV) del déficit fiscal y permitir que el tipo de cambio fluctúe, aun con intervenciones del BCV, pero evitando una apreciación-sobrevaluación que le reste competitividad a la producción nacional. Con un tipo de cambio real que no esté apreciado y ajustándonos en la producción a nuestras ventajas comparativas, a nuestra dotación de recursos y características agroecológicas no habrá necesidad de políticas proteccionistas exageradas, aunque en algunos casos especiales pudieran ser necesarias pero no indefinidamente. Igualmente, deberá liberarse inmediatamente la importación de maquinarias, equipos e insumos y eliminar las restricciones y monopolios que ha impuesto el ejecutivo para importar algunos alimentos e insumos. Hay que permitir que el sector privado retome el liderazgo en la comercialización de insumos, maquinarias y equipos agrícolas. La privatización de Agroisleña y su sustitución por Agropatria o Agronada, como le dicen los productores andinos, es uno de los errores más garrafales del chavismo y su gobierno.
Entre las primeras medidas deberán eliminarse las restricciones administrativas y liberarse las exportaciones agroalimentarias para los cuales el país tiene ventajas comparativas y competitivas, algunas de esas exportaciones se viene haciendo de manera ilegal. El país necesita aumentar su productividad, incorporar progreso tecnológico y generar divisas, seto lo puede lograr aumentando sus exportaciones agroalimentarias.
Tenemos algunos productos agroalimentarios que han demostrado ser competitivos en mercados foráneos (cacao, frutas tropicales, algunos productos agroindustriales, bebidas alcohólicas como el ron, semillas de ajonjolí, productos de la pesca y el mar). Hay que dejar que el sistema de precios y el tipo de cambia real no sobrevaluado permita que se expresen las ventajas comparativas y competitivas del país en materia agroalimentaria. Aumentar las exportaciones agroalimentarias debe ser un objetivo básico de la nueva estrategia agroalimentaria.
