Reportaje 2 – «¿Avanza el agronegocio con transgénicos en Venezuela?»
La Ley de Semillas aprobada en 2015 colocó a Venezuela en la delantera de los países con regulaciones a favor de la preservación de la vida en el planeta, de la biodiversidad y del cuidado de la salud humana. Nos incorporó a la discusión de la soberanía y la justicia alimentaria con visión ecológica y garante de los derechos humanos de campesinos y campesinas.
A 7 años de aprobada esta Ley, una realidad más compleja desafía su implementación. En el seriado de reportajes Nuestras raíces alimentarias queremos dar a conocer algunas transformaciones que vienen ocurriendo con el modelo del agronegocio en Venezuela y algunas miradas y experiencias sobre la producción de semillas locales y campesinas.
Para este primer reportaje nos preguntamos: ¿se reconfigura el agronegocio hacia el uso de transgénicos en Venezuela?, ¿cuáles son las denuncias que mantiene en alerta al sector campesino?,¿qué otros cambios se producen de la mano con este modelo agrícola?
Semillas mutantes: negocios de muerte
Cuando vamos a un supermercado en Venezuela y vemos la etiqueta de cualquier producto procesado industrialmente hay un ingrediente que aparece en un 80% de estos: la lecitina de soya, un aglutinante que se elabora a base de soya transgénica que proviene de otros países de América. Detrás de este producto es necesario advertir cómo el modelo agrícola del agronegocio con transgénicos viene modificando las dinámicas productivas, ecológicas y alimentarias, de manera muy perjudicial.
Durante las últimas tres décadas se produjo en nuestro continente una transición hacia el uso intensivo de paquetes biotecnológicos: la comercialización y siembra de transgénicos, acompañado del aumento de agroquímicos, la extranjerización y la reconcentración de las tierras y la producción. «Debemos estar atentos a que algunos de estos factores pueden estar comenzando a avanzar en Venezuela«, explica el ingeniero agrónomo y agricultor Gabriel Gil en entrevista para PH9.
En América Latina este proceso comenzó en la década de los noventa cuando la «Revolución verde«, basada en monocultivos, mecanización, semillas híbridas y pesticidas y fertilizantes, avanzó hacia la «revolución tecnológica» que introdujo el uso de semillas transgénicas o genéticamente modificadas (OGM), diseñadas en laboratorio como un nuevo material genético que combina genes provenientes de distintas especies.
Para producir un transgénico hay que violar literalmente a la célula, por medio de una apertura de las paredes celulares por un shock eléctrico, físico o químico, y así lograr que un ADN artificial se combine. La mayoría de los OGM cultivados en el mundo está compuesto por plantas modificadas genéticamente para tolerar un herbicida o para fabricar un insecticida o, en algunos casos, ambos a la vez.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 1.500 millones de hectáreas para cultivo que existen en el mundo, 190 millones utilizan semillas transgénicas, es decir, el 13% del área total. De los 193 países, solo 29 adoptan semillas transgénicas. Muchos países europeos ya comenzaron a prohibir, por ejemplo, el maíz, el trigo y el arroz transgénicos.
El 90% de esta superficie de siembra de transgénico se concentra en sólo 5 países: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, e India, siendo los rubros predominantes maíz, soya, algodón, variedades de caña de azúcar y frijoles, de acuerdo a datos sistematizados por el Observatorio de la Cuestión Agraria en Uruguay.
En América Latina el ingreso de transgénicos comenzó en Argentina, en 1996, con la soya y luego el maíz, para en poco tiempo avanzar en Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Como lo muestra el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, el paisaje agrícola de estos países pasó rápidamente a convertirse en extensos territorios de monocultivos como nunca antes ocurrió en la historia de la agricultura.
Estas semillas transgénicas fueron lanzadas al mercado por grandes corporaciones como Monsanto/Bayer, Syngenta, Pioneer, Dow, Dupont, Basf, entre otras, bajo la promesa de aumentar la producción de rubros seleccionados (cereales y hortalizas) y disminuir el uso de pesticidas. Ninguna de estas promesas fue cumplida. Se ha multiplicado el uso de pesticidas tóxicos sin aumentar los niveles de producción; por ejemplo en Argentina se incrementó en 1.279% en 20 años. En términos económicos, desde que apareció la soya transgénica las ventas del herbicida se incrementaron en 72%, solo en los EEUU.
En el caso de las modificaciones genéticas que han sufrido el maíz y la soya, no representan ninguna ventaja para los consumidores desde el punto de vista nutricional, sólo han facilitado un modelo de agricultura industrializada y sin agricultores.
En palabras de la investigadora venezolana Ana Felicien, los cambios de este modelo se relacionan con un proceso de mejoramiento y certificación que buscan la alta especialización de la producción de semillas y su separación de la producción de alimentos: «las semillas ya no se reproducen en las parcelas y los agricultores pasaron a ser entonces usuarios o consumidores de semillas«.
Además de estas transformaciones, el impacto sobre la salud humana viene haciéndose cada vez más visible. Uno de los casos más emblemáticos es el de Dewayne Johnson, jardinero de 46 años que aplicó herbicidas durante dos años en una escuela, usando la protección adecuada y según las indicaciones del producto, las supuestas «buenas prácticas agrícolas«, pero no fueron suficientes para evitar su enfermedad: Cáncer del sistema linfático (linfoma de Hodgkin).
Johnson fue la primera persona en llevar a juicio a Monsanto-Bayer acusándolo de provocar su cáncer. Y la primera en conseguir que la justicia le diera la razón, contradiciendo lo que asegura la trasnacional sobre la seguridad de sus productos a base de glifosato. El jurado condenó a la compañía a pagar 289 millones de dólares. 250 millones, de ese total, por ocultar la peligrosidad de sus productos.
A pesar de que las corporaciones aún niegan el daño que ocasionan los transgénicos y sus agroquímicos, los casos de denuncias en su contra son cada vez más. Para 2019, solo contra Bayer-Monsanto existían 13.400 demandas.
Por su parte, el equipo de investigación liderado por Eric Seralini posee una importante cantidad de publicaciones científicas que demuestran que el glifosato, molécula activa del herbicida Roundup ready (RR), el herbicida más usado en el mundo, bloquea la actividad de la aromatasa (enzima indispensable para la síntesis de estrógeno), y en sinergia con otros elementos coadyudantes del RR provocan muerte celular.
En estos estudios, realizados con ratas de laboratorio alimentadas con maíz transgénico y agua contaminada con glifosato, se verifica cómo a los cuatro (4) meses aparecen los primeros síntomas de malformaciones intestinales y tumores renales que llegan a tener el tamaño de un durazno. Al extender el experimento por dos años, se verifica que al décimo tercer mes de iniciado el consumo se multiplican los tumores, siendo más afectadas las ratas hembras que las macho (problemas hepatorrenales, tumores mamarios hormonodependientes, útero, alteraciones hormonales y otras anomalías glandulares).
Pero además de estos nocivos efectos sobre la salud, el uso de transgénicos y plaguicidas produce «una devastación de la biodiversidad agrícola, es decir, de las semillas que campesinos y campesinas del mundo crearon desde el comienzo de la agricultura hace diez mil años. La misma FAO reconoce que entre 1900 y 2000 se perdió el 75% de la diversidad agrícola«, afirma el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur.
En simultáneo se produce la destrucción de millones de hectáreas de bosques con los monocultivos. Entre los inicios de la década de 1990 y el año 2017 se arrasaron, en promedio, más de 2 millones de hectáreas por año, desde la Amazonía de Brasil y Bolivia hasta el Gran Chaco Americano de Paraguay y Argentina.
Y esto viene de manual con el control corporativo de las semillas, a través de la presión sobre los gobiernos para que aprueben legislaciones que permitan los derechos de propiedad intelectual (derechos de obtentor y patentes) sobre las semillas.
La implementación de este modelo agrícola en la región ocurrió más allá de la orientación ideológica de los gobiernos. Tanto gobiernos progresistas como de derecha abrieron las puertas al avance incontrolado de los OGM y, en cada uno de estos países, viene siendo denunciado por organizaciones y movimientos populares como parte de la expansión del modelo económico extractivista, expresó Gabriel Gil.
¿Y a Venezuela no entraron los transgénicos?
El caso venezolano es particular, a pesar de que la agricultura industrial dominó el mercado de insumos agrícolas, lo hizo sobre todo en los rubros de hortalizas: tomate, cebolla, zanahoria; y de los cereales: maíz y arroz principalmente. Las leguminosas (caraotas, frijoles, quinchoncho, etc.) y los tubérculos (yuca, ñame, ocumo, batata, etc.) que son de alto consumo tienen un nivel bajo de dependencia con el agronegocio, según explica Ana Felicien.
El 87% de las semillas en Venezuela provienen de la agricultura campesina, según Hernán Laurentín en su libro Producción de semillas en Venezuela. Esto se traduce en que de los 84 de rubros cultivados en Venezuela, 74 son sembrados con semillas locales y campesinas. Solo 10 rubros de los cultivados utilizan semillas certificadas: papa, maíz, sorgo, arroz, caraota, algodón, pasto, frijol, girasol y ajonjolí.
En términos legales, esta realidad es reconocida en la Ley de Semillas aprobada en 2015 que contempla dos sistemas de semillas: el formal, donde circulan las semillas certificadas nacionales y las que se comercializan internacionalmente, y el sistema que la Ley identifica como local, campesino, indígena y afrodescendiente.
Con el fin de resguardar y proteger la producción de semillas campesinas, esta ley en su artículo 66 prohíbe los derechos de obtentor y las patentes, y la producción, el uso y la distribución de semillas transgénicas (art.9 y 44). Es un marco regulatorio que impide, por una parte, criminalizar a las familias campesinas por hacer lo que han hecho históricamente: resguardar y multiplicar las semillas. Y, por otra, impide que el conocimiento y el trabajo de mejoramiento genético de semillas que han hecho las y los campesinos, indígenas y afrodescendientes durante décadas sea apropiado por científicos y empresarios.
Desde que fue aprobada la Ley hasta ahora ocurrieron procesos en distintas direcciones respecto a los dos sistemas de semillas. Sin embargo, la crisis multifactorial que atraviesa el país agravada por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la pandemia COVID-19, produjo un fuerte impacto en el sector agrícola.
La reducción presupuestaria y las dificultades para la importación de semillas por parte del Estado generó una informalización del circuito de comercialización de semillas que comenzó a transformar el modelo agrícola. Uno de los aspectos más visibles de este cambio comenzó entre los años 2017 y 2018 con el financiamiento agrícola.
Según Ana Felicien, «esta coyuntura ha generado la apertura de mecanismos de financiación de la actividad agrícola no convencionales que profundizan el modelo agrícola del agronegocio en desmedro de los procesos de soberanía alimentaria que se construyeron durante los últimos 20 años«.
El crédito agrícola que había llegado a ubicarse en 5.155 millones de dólares en 2011, se redujo drásticamente hasta prácticamente desaparecer para el año 2019. Ahora surgen mecanismos denominados por algunos gremios agrícolas como «poco ortodoxos«.
«En 2022 surgen nuevos actores con nuevas fórmulas, que en líneas generales proponen un combo conformado por semillas, fertilizantes ligados a procesos tecnológicos no tradicionales a cambio de una porción de la cosecha«, afirma la Confederación de Asociaciones de Productores de Venezuela (Fedeagro) en su boletín de abril de 2022.
De acuerdo con Felicien, estas relaciones de medianería y endeudamiento a los que son sometidos los agricultores a través de transacciones para la compra de semillas e insumos químicos tienen severas consecuencias sobre los agricultores, porque «las adquieren vía crédito con estos agentes, bajo acuerdo de pagar su costo con la producción esperada; en el caso de que no se alcance el rendimiento esperado, el pago de la deuda se cubre de diversas formas, incluso con la tierra«.
De la mano con este cambio en los mecanismos de financiamiento, aparece el factor semillas. Distintas declaraciones y denuncias de productores y agricultores campesinos dan cuenta del ingreso, la siembra y la comercialización de semillas transgénicas en el país, sobre todo desde inicios de la pandemia.
Denuncia de estafa con transgénicos en Portuguesa
En noviembre de 2021, en el estado Portuguesa, un grupo de pequeños y medianos productores denunciaron públicamente a la empresa La Calambrera por estafarlos a través de un mecanismo de financiamiento con el que se les entregó semillas de «maíz transgénicas«. De acuerdo a lo que les ofrecieron, estas semillas tenían un rendimiento muy alto, por lo que les exigieron 3.000 kg de maíz cosechado por hectárea, solo para cancelar las semillas e insumos, y otros 2.000 más para el flete y descosechado.
José Manuel Mejías, productor y dirigente político del UPP89 de Portuguesa, en entrevista para PH9, confirmó la denuncia que había realizado por el medio Portuguesa al día y subrayó que se refirió a la situación como una estafa «porque le vendieron una semilla supuestamente transgénica con la que iban a tener una rendimiento por encima del promedio que se establece aquí en Venezuela. Y entonces resulta que no obtuvieron tal resultado, sino que los rendimientos esperados por ese grupo de productores sinceramente fueron un fiasco (…) Y eso me extrañó mucho porque la venta de semilla transgénica no está permitida aquí en Venezuela y la pregunta que me hacía era, bueno, ¿y quién dio permiso y de qué forma la trajeron? ¿Quién dio la certificación para ingresar una semilla transgénica aquí en Venezuela? Eso contraviene la Ley de Semillas que está aprobada aquí. Hice esa denuncia para que intervinieran las instituciones del Estado e hicieran la respectiva averiguación sobre lo que estaba sucediendo con el financiamiento de este tipo de empresas«.
El rendimiento de estas semillas fue entre 500 y 1.500 kilos por hectárea, muy por debajo de lo esperado, lo que les impidió cancelar los créditos otorgados, según expusieron los productores a distintos medios de comunicación.
En represalia por no haber podido cancelar las deudas, a la empresa La Calambrera le confiscaron como forma de pago maquinarias agrícolas como tractores, sembradoras, rastras, cosechadoras, además del poco maíz cosechado, con apoyo de la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
Sobre esta empresa no aparecen referencias en internet. Por lo que reportan los agricultores, se encuentra ubicada en el sector La Flecha del municipio Araure, donde hay unos grandes silos agroindustriales. Asimismo, indican que el verdadero nombre de esta empresa es Pro Insumos Máxima, los dueños de la marca de arroz y azúcar refinada Doña Cristina y de harina de maíz y leguminosas Doña Yolanda.
Soya transgénica
En septiembre de 2021 aparece publicado en el diario El Clarín de Argentina una entrevista a Hernán Torres, productor agrícola de la provincia de Córdoba que actualmente vive en Venezuela y fundó la compañía «Polo sojero«. La entrevista es una especie de promocional sobre las bondades para la inversión extranjera que posee nuestro país: buenos precios, bajos costos y mucha tierra por sembrar.
Torres abiertamente plantea que para la siembra de soya «usamos materiales transgénicos traídos del norte de Brasil, con moléculas fijadoras de nitrógeno y con 200-300 kilos de NPK«. Al respecto destaca que la soya se paga 100 dólares por encima de lo que se compra en Argentina.
En otra entrevista para el medio Hispanopost Torres hace énfasis en la necesidad de una modificación legal: «La Ley de Semillas de 2015 debe ser modificada o derogada para que le permita a los productores venezolanos utilizar semillas transgénicas, las cuales serían de gran ayuda para levantar los rendimientos en el campo«.
Nuevamente, sus declaraciones apuntaron a señalar los cambios que vienen ocurriendo en el campo agrícola venezolano: «Necesitamos mejorar en materia de siembra directa, tecnología, materiales genéticamente modificados y hay muchas cosas que están jugando en contra en este momento, pero con este despertar que ha existido en el campo venezolano estamos seguros que pronto este panorama cambiará«.
Por otra parte, agricultores del estado Anzoátegui afirmaron para PH9 que al Complejo Agroindustrial José Inácio De Abreu e Lima, destinado a la producción e industrialización de la soya bajo administración del Ministerio de Agricultura, viene ingresando semilla de soya transgénica RR (Roundup Ready).
Desde Mérida, el semillerista de Proinpa, Rafael Romero aseguró no tener conocimiento sobre el cultivo de semillas transgénicas en esa zona, sin embargo, afirma haber escuchado de otros agricultores que «a nivel nacional, durante la escasez de semilla que hubo en los años recientes, se produjo la introducción de materiales transgénicos sobre todo en maíz, algodón y soya, por vía de contrabando«.
Asimismo, Romero explicó haber visto con alarma «como algunas organizaciones a nivel nacional han creado espacios de debate con el apoyo de legisladores de la Asamblea Nacional bajo una figura que se llama Asociación Venezolana de Productores de Semilla, comercializadores de semillas que bajo el slogan ‘No a la semilla pirata’ han estado tratando de convencer en torno a una modificación de la Ley de Semillas que permita introducir legalmente semillas transgénicas«.
Además de estos hechos, algunas agropecuarias del país venden semillas transgénicas que no son promocionadas como tal, solo afirman que son resistentes al glifosato, característica exclusiva de los transgénicos. Una de éstas es la agropecuaria Randum.
Para verificar si existen denuncias formales ante el organismo competente de recibirlas según la Ley de Semillas, la Comisión Nacional de Semillas (CONASEM), desde PH9 entrevistamos a su presidente Gustavo Rojas, quien respondió que: «Hasta los momentos una sola denuncia ha llegado a la Comisión. Se activaron los mecanismos necesarios, en conjunto con el INSAI que para este caso es el organismo que la Ley le confiere la potestad para accionar legalmente«.
Alertas ante posible modificación de la Ley
En este escenario, el debate sobre si la Ley de Semillas será modificada o no mantiene en alerta a organizaciones y grupos que participaron en la creación de este marco legal construido a partir de un amplio proceso de participación popular. En este sentido, la plataforma Venezuela Libre de Transgénicos solicitó y ejerció un derecho de palabra ante la Subcomisión de Ciencia e Investigación para el Desarrollo Soberano Integral de la Nación de la Asamblea Nacional en junio de 2022.
En su exposición denunciaron la entrada ilegal de semillas transgénicas al país, y explicaron las consecuencias del modelo agrícola del agronegocio mundial sobre la vida de campesinos, indígenas y afrodescendientes, y lo que implica la financiarización de estos procesos en desmedro de la soberanía sobre el proceso productivo y las tierras.
La comisión se comprometió a convocar a mesas de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, otros entes gubernamentales y especialistas en la materia, para lograr que la Ley de Semillas se ejecute. Por otra parte, aseguraron que en esa comisión, a la fecha, no existía ningún proyecto de reforma ni derogación de la Ley.
Extranjerización de la tierra y la producción
Otra expresión del cambio en el modelo agrícola viene siendo la oferta de entrega de tierras a inversores extranjeros por parte del Estado venezolano. «Este proceso de internacionalización puede ser leído como un proceso de extranjerización parecido a lo ya ocurrido en otros países«, afirma el agricultor Gabriel Gil.
Lo que ha ocurrido en otros países en cuanto a las transformaciones del agronegocio vincula los cambios en el conocimiento científico (a favor del uso de transgénicos) con las transformaciones en el sistema productivo que, según explica la investigadora argentina Carla Gras, en su artículo «Agronegocios en el cono sur», se tradujo en la participación creciente del capital financiero, cambios en la estructura de tenencia de la tierra, en la reorganización y en el perfil de los actores participantes para concentrar riqueza productiva en pocas manos.
Al respecto, en Venezuela el ministro de agricultura, Wilmar Castro Soteldo, ha hecho público el plan de inversión especial 2022-2024 donde específicamente explica las políticas de internacionalización de la agricultura que define como la ampliación de «la gama de productos no tradicionales de exportación para incorporarlos a los esquemas de ingresos de divisas al país«.
Lo que se ofrece es la protección de la inversión extranjera, con un entramado jurídico que permita que el proceso se dé «de manera menos traumática«. En el caso de las tierras, el Estado permite al capital extranjero usufructuar, disponer y tener control de las tierras que otorgará para la inversión: «La tierra es del Estado, lo que se vende en Venezuela es la opción que el inversor extranjero pueda usufructuar esa tierra y disponer con toda seguridad de la infraestructura que en esa tierra colocó«, afirmó el ministro en la Expo-Feria Científico Tecnológica Irán- Venezuela realizada hace un mes.
Las ventajas competitivas que el Ministro resalta son, además de la calidad del suelo, el acceso al agua y más horas de luz solar, son los costos de producción: «comparados con el resto del continente está entre 30 y 40 % menos del costo, empezando por el valor de la tierra y los impuestos que los países del sur cobran a los productores, lo que eleva los costos de producción de una manera descomunal«.
La región que se tiene prevista para estos fines abarca los estados: Guárico, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Delta Amacuro y Apure. Un territorio donde hay un promedio de cuatro millones doscientas mil (4.200) hectáreas aptas para el desarrollo agrícola, algunas bajo protección ambiental o propensas a inundación. Ese eje se destinaría principalmente para la producción de soya, arroz y otros cereales como maíz y sorgo
«En esta zona desde la costa del Mar Caribe hasta el Delta, debajo de esos estados se encuentra el segundo acuífero más grande del continente, solo superado por el acuífero que se encuentra entre Paraguay, Uruguay y Brasil«, expresó Castro Soteldo.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro también se pronunció públicamente sobre este plan en la transmisión en vivo del «Miércoles productivo» del 17 de agosto de 2022: «Han llegado inversionistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Turquía (…) Han venido a ver tierras en Venezuela, y tenemos el modelo de negocios para hacer una alianza y que ellos vengan a producir 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas y buena parte de esa producción vaya a sus países y eso ingrese platica al país y otra parte de la producción para el mercado nacional, eso es ganar-ganar, estamos listos para eso«.
Ingreso a la UPOV y a la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Como venimos exponiendo, el agronegocio posee una estructura global y un cuerpo de instituciones que lo fortalecen y lo blindan. En este sentido, a pesar de que la Ley de Semillas en Venezuela prohíbe las patentes y derechos de obtentor sobre semillas, las empresas transnacionales continúan presionando por imponer la propiedad intelectual en la agricultura a través de la adopción y puesta en operación del Acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, conocida como UPOV 91.
La UPOV, entre otras cosas, prohíbe el intercambio de variedades protegidas entre campesinos (venta, trueque o regalo) y restringe las prácticas de conservación de semillas, obligando a los campesinos a comprarlas cada temporada de siembra.
Desde el año 2021 Venezuela aparece en la página web de la UPOV como un Estado en proceso de adhesión, esto quiere decir que alguna institución del Estado realizó una solicitud de ingreso, aún cuando se trata de un procedimiento ilegal en nuestro país. En consulta realizada por PH9 a representantes de la Cancillería venezolana sobre esta información se negó tal procedimiento, sin embargo no existe comunicación formal al respecto.
Ingresar a la UPOV, además de contravenir la Ley de Semillas, implica la violación a los artículos 124, 127 y 305 de la Constitución Nacional, en los cuales se prohibe patentar el genoma de los seres vivos, de los recursos y conocimientos ancestrales, y se promueve la agricultura sustentable. Además de violar otros marcos legales vigentes: la Ley de Diversidad Biológica, la Ley de Salud Agrícola Integral, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
En esta misma línea iría el reingreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pues en este organismo existe un Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Se trata de las normas 344 y 345. En este sentido, volver a esta Comunidad le demandaría al Estado venezolano adecuar su legislación sobre semillas para permitir el derecho de obtentor y el uso de transgénicos.
Como hemos relatado en este reportaje, los transgénicos no son la única amenaza sobre los territorios, forman parte del paquete de los agronegocios que también contiene otros factores que priorizan la rentabilidad sobre la vida. La contracara de este modelo es la agricultura campesina y conuquera que sigue existiendo en este país, y de la que vamos a dar cuenta en el segundo reportaje de este seriado, De la Ley a la siembra: Experiencias semilleristas.
Esquisa Omaña-Guevara. Campaña Venezuela Libre de transgénicos, Grupo de investigación Conflictividad Territorial y Crítica al Desarrollo CIECS-CONICET-UNC de Argentina.
