Recuperación salarial en Venezuela: Tensiones y propuestas

A casi dos años del último aumento de salario mínimo, este 2024 arrancó con un “primer empujoncito” de incremento, pero de bonos salariales. En un año electoral y con mejoría de los ingresos nacionales son muy altas las probabilidades de otro aumento que las mayorías trabajadoras esperan sea salarial y no de bonificaciones.  La recuperación salarial es un proceso que no ocurrirá de la noche a la mañana, así lo vienen explicando economistas, representantes del gobierno, empleadores y trabajadores. En este reportaje recogemos cinco miradas y propuestas de sindicatos y organizaciones sociales que esperan tener repercusión en las decisiones gubernamentales de este año.

Yulimar Rivero es maestra de educación inicial de un preescolar público en Cambural, un pueblo del estado Yaracuy al centrooccidente del país. En enero de 2023 se unió a las protestas del gremio docente por un aumento salarial. Durante 6 meses participó en concentraciones, caminatas, pancartazos, reuniones, entrega de documentos, diversos tipos de manifestaciones que se realizaban dos o tres días a la semana, días en lo que no se impartían clases.

De todo lo que hizo, nos dice que sólo le quedó el cansancio: “siento que perdí mi tiempo, al final el sindicato dio su brazo a torcer. Debió seguir en la lucha y permanecer de pie, porque el gremio se desanimó y perdió la esperanza”. 

El salario de Yulimar, que es salario mínimo, continúa siendo de 130 bolívares, el equivalente a 3,60 dólares, desde hace 1 año y 11 meses cuando el presidente Nicolás Maduro decretó el último aumento de salario mínimo vital. Sin embargo, eso no es todo su ingreso como trabajadora del sector público, también recibe 1.450 Bs (40$) del Bono de Cestaticket Socialista y 1.090 Bs (30$) del Bono de Guerra Económica, según el decreto presidencial del 1 de mayo de 2023. 

Con el aumento de bonos del Día del Trabajador del año pasado, Maduro había anunciado que serían montos indexados y, también, que se pagarían a jubilados y pensionados. Pero cuando salió publicado en gaceta oficial su monto quedó establecido en bolívares, aunque todos los meses se han venido cancelando los montos equivalentes en dólares a bolívares de tasa oficial.

El 15 de enero de este 2024, el Presidente anunció un aumento del Bono de Guerra a 60 dólares que se cancelará a partir de la primera quincena de febrero.

Hasta ese fecha, el total de los ingresos actuales de Yulimar y de cualquier trabajador que perciba sueldo mínimo es de 73,60$, lo que representa el 15 % del costo de la cesta alimentaria estimada en 480$ aproximadamente, según el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDA-FVM).

La bonificación del salario en forma de “ingreso mínimo vital” es parte de las razones de las protestas que, sobre todo, han protagonizado el gremio docente y el sector salud que piden se ajuste el salario mínimo vital al costo de la canasta básica, según establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. 

Con esta política de bonificación se suprimen los aportes para el cálculo de las prestaciones sociales, el bono vacacional, las utilidades (aguinaldos) y los aportes a la seguridad social. Además se ven afectados otros derechos conquistados en el marco de convenciones colectivas, como primas y bonos, que son calculados a partir del salario.  Al mantenerse un salario tan bajo se marca una tendencia de bajos salarios en todos los sectores y escalas de pagos laborales.

En una economía que se redujo en un 80% entre los años 2014-2021 y que se encuentra sancionada, según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, con más de 900 órdenes ejecutivas principalmente por parte de los Estados Unidos, el escenario de un aumento salarial se torna complejo, aún cuando los precios del petróleo vienen aumentando y el Ejecutivo reportó un crecimiento en 2022 por encima del 15% del PIB. 

Pero las posibilidades de un proceso de recuperación pasa tanto por mecanismos de negociación entre los actores del actual conflicto político venezolano, como por las decisiones económicas del Ejecutivo Nacional. En este reportaje nos preguntamos, ¿qué pasará este 2024 en Venezuela con el salario?, ¿aún con sanciones económicas será posible un aumento?, ¿cuáles son las propuestas de sindicatos y organizaciones sociales para mejorar la realidad salarial?.

Realidad salarial y distribución de la riqueza

La realidad salarial en el país comenzó un proceso de descenso acelerado a partir del 2013, en ese momento su valor era de 251 dólares y llegó a su punto más crítico en 2021 con 1,60 dólares. De acuerdo a las cifras oficiales el salario mínimo perdió el 99% de su valor en los últimos diez años y el 87% en los últimos tres años, en una economía que para 2018 llegó a tener un 130.000% de inflación, según datos del Banco Central de Venezuela.

En PH9 abordamos unas primeras dimensiones sobre este tema en el reportaje ¿Mano de obra barata? La realidad del salario en Venezuela 

El último aumento salarial, a principios de 2022, representó un 1.705% respecto del valor anterior, pasando de 1,6 a 28 dólares mensuales. Pero para enero de 2024 con una inflación acumulada en 2023 de 181,6%, el salario quedó reducido a 3,60 $ al mes, es decir, 12 centavos de dólar al día. No toda la población percibe salario mínimo, pero su referencia empuja a la baja el resto de las escalas salariales.

El estancamiento del aumento salarial anual se sostiene en los argumentos del Ejecutivo Nacional sobre la insuficiencia de ingresos para aumentar el salario ajustado al costo de la canasta básica alimentaria por motivos del bloqueo financiero de los Estados Unidos, por la guerra económica a la que el país está sometido. Por su parte, el sector privado argumenta que recién está saliendo de una prolongada recesión y no podría soportar un aumento semejante.

Ciertamente, las sanciones económicas han profundizado la crisis económica y salarial que inicia en Venezuela en el año 2012, que se agudiza en 2015 con la fuerte caída de los precios del petróleo y que experimenta su total descalabro a partir de  2017 con las primeras sanciones dirigidas a PDVSA y muchas otras entidades económicas y financieras de la economía venezolana. 

Sin embargo, también habría que analizar las orientaciones de las decisiones económicas que el gobierno de Nicolás Maduro tomó como plan de ajuste ante la magnitud de la crisis que vivimos: Apertura del mercado interno a toda clase de importaciones sin arancel, levantamiento y abandono de controles de cambio y de precio, dolarización transaccional, privatización de la gestión de empresas públicas, apertura a la inversión extranjera,  restricción de derechos laborales, incluida la bonificación del salario, entre otras.

Este conjunto de factores ha dejado como resultado una repartición de la torta de la riqueza mucho más desigual.  Según datos del Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes),  de 2013 a 2017, el excedente de la explotación (la parte de la economía que va a parar a manos de los patronos) pasó de 31% a 50%, mientras los salarios pasaron de 36% a 18%. 

En este escenario, también se ha producido un aumento de la brecha salarial entre el sector público y el sector privado. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), debido a la política de congelación salarial, entre 2022 y 2023 la brecha se amplió y mientras en el sector público los salarios más bonificaciones se situaron en aproximadamente 40 dólares mensuales, en el sector privado alcanzó los 220 dólares por mes.

La cuenta que no está clara

¿Cómo iniciar la recuperación salarial?, ¿a cuánto puede aumentar el valor del salario mínimo?, ¿de dónde se obtendrán los recursos? Por ley, el valor del salario debe cubrir el costo de la canasta alimentaria, pero los cálculos deben ser factibles y realizarse según las finanzas disponibles en el Estado. Como no existen datos oficiales publicados sobre los ingresos que entran por vía ordinaria ni extraordinaria, las mayorías trabajadoras intentan sacar unas cuentas que no están claras.

Si nos orientamos por la propia rendición de memoria y cuenta realizada por el presidente Maduro a principios de 2023 y 2024, la economía venezolana viene en una pujante recuperación, con un aumento del 15% y el 5% del PIB, respectivamente. Los ingresos por venta de crudo, desde su fecha de menores ingresos, aumentó casi un 740%, pasando de 743 millones de dólares en 2020 a 4.750 millones en 2022 y a 6.230 millones de dólares en 2023.

De igual forma, la recaudación fiscal ha venido en continuo crecimiento, al alcanzar un 86% de aumento en 2022 respecto al 2021, con un monto de 4.780 millones de dólares y un 23% de aumento con respecto a 2022, con un monto de 5.870 millones de dólares, según datos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), solo publicados vía red social X.

En esta ola de repuntes de indicadores económicos, se anunció para este 2024 un presupuesto nacional de 20.500 millones de dólares que representa un incremento del 50% respecto al presupuesto del año pasado que fue de casi $10.000 millones. Se anunció, más no se publicó, como no se hace desde 2016, por tanto no se conoce cuánto recibirá cada ministerio ni cuánto estará dirigido al pago de trabajadores. Un diputado de la Asamblea Nacional declaró que se estaría estimando un aumento no mayor al 10% en salarios y mayor al 70% en bonificaciones, información que no fue ratificada por ningún otro vocero oficial. 

Para el cálculo del aumento de salarios se estima la necesidad de recursos para una población trabajadora aproximada de 8 millones de personas, entre los 2.700.000 trabajadores activos del sector público y 5.200.000 pensionados, según datos de la Federación Nacional de Empleados Públicos y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. 

Sacar cuentas, proyecciones y propuestas resulta complicado para las organizaciones sociales y sindicales, que exigen la publicación de datos y una mayor transparencia en la información sobre las fuentes y el destino de los recursos del Estado. Una de las principales expectativas de información es la repercusión del levantamiento temporal de sanciones económicas en los sectores del petróleo, el gas y el oro que realizó el gobierno de los Estados Unidos en el mes de octubre del año pasado. 

Con algunos datos imprecisos o con indicios ante lo evidente, las organizaciones y gremios vienen realizando propuestas para el avance de la recuperación salarial, algunas de éstas derivadas de espacios amplios de articulación  y diálogo entre distintos sectores sociales. 

Indexación y aumento

Para el Frente Popular en Defensa del Salario (Frenpodes), plataforma de articulación de organizaciones sociales, sindicales y activistas sociales, el salario debe ser primero indexado y, dado su pírrico valor actual, también aumentado. La indexación serviría como medida de protección al salario y se ajustaría al proceso indexatorio que ya viene ocurriendo parcialmente en la economía, como en el sistema crediticio. 

“Nosotros proponemos crear una unidad de cuenta cuya variación dependa de la variación porcentual de la inflación”, explica Juan Carlos Valdez, integrante de Frenpodes. De esta manera, “el salario va a subir al mismo ritmo de la inflación y así se protege el valor real del salario”.  Para este fin, se puede crear una Unidad de Cuenta Indexada que sería una medida de valor estable que funcione como reserva de valor, pero no como medio de pago, no debe circular en la economía. Los valores de la economía se establecerán en esa UC, pero los pagos se harán en bolívares, por ser ésta la moneda de curso legal.

Además de indexar, urge un incremento salarial que según los cálculos realizados por integrantes de esta plataforma “podría subir sin afectar otras variables de la economía entre 100 y 150 dólares, el equivalente a ese valor en bolívares e indexar ese salario, de modo que ese poder adquisitivo no se perdiera en el tiempo”, afirma Valdez.

Desde su perspectiva, el núcleo del problema no está en la disponibilidad de dinero para cubrir estos salarios, pues el dinero lo produce el Estado venezolano que es soberano sobre su moneda nacional. “Si los salarios se pagan en bolívares, cómo me vas a decir tú que haces los bolívares que no tienes bolívares. El tema es cuánto dinero puedo emitir sin afectar otras variables (…) vas a producir el dinero necesario”. 

Para comprender esta propuesta, enfatiza Valdez, hay que entender que no es el dinero el que genera inflación, “el dinero es un ente inanimado que no puede subir los precios, son los comerciantes o productores con ventajas en el mercado para hacerlo los que lo hacen (…) En el mercado, el precio se comporta de manera distinta a la producción. El dinero no tiene relación directa con los bienes y servicios, sino con los precios. Si se mantiene la producción los precios pueden subir, que es lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está determinando la variación de los precios en el país es el tipo de cambio, entonces si entendemos eso, el gobierno va a emitir la cantidad de dinero necesaria”.

Lo que propone Frenpodes apunta a la necesaria corrección que debe hacer el Estado a la indexación desincronizada y desigual que se instala en sociedades inflacionarias como las nuestras. “Se necesita expandir la masa monetaria y el crédito en función de la recuperación de la producción y la demanda de bienes reales. Porque la restricción tan severa que se está ejecutando ahora se está haciendo al costo del hambre y el sacrificio de la gente. Pero eso es inhumano, la economía no es un fin en sí mismo, la economía si no sirve al ser humano, no sirve”, asevera el activista de Frenpodes.

En septiembre de 2023, la organización introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir un aumento de salario mínimo y una salarización de los bonos otorgados por el Gobierno a los trabajadores de los sectores público y privado, en cumplimiento al artículo 91 de la Constitución Nacional. Hasta la fecha no han obtenido ningún tipo de respuesta del ente judicial.

Diálogo sociolaboral convocado por la OIT

Algunas organizaciones gremiales vienen discutiendo propuestas en el Foro de Diálogo sociolaboral convocado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir del informe que emitió la Comisión de Encuesta para Venezuela en 2019.

Ese informe señaló que el gobierno venía incumpliendo tres convenios internacionales que el Estado suscribió con este organismo: el número 26, sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos; el 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación y el 144 sobre la consulta tripartita y el diálogo social. Por los conflictos asociados a cada convenio se crearon distintas mesas de trabajo.

Hasta la fecha se han realizado 3 diálogos de la mesa sobre salarios, donde han hecho parte siete centrales sindicales, Fedecámaras, Fedeindustria y el Ministerio del trabajo. Una de las centrales que participa es la Alianza Sindical Independiente (ASI) y, según su presidenta, Leida Marcela León, se comenzaron a dar pasos para recuperar la institucionalidad y la gobernanza en materia laboral. 

Uno de los principales logros es la construcción por consenso tripartito de un método para la fijación del salario mínimo anual, “lo acordamos por consenso el año pasado y se instaló este 15 de enero el grupo consultivo. Vienen reuniones plenarias y en la próxima, el gobierno, después de tanto años, nos va a presentar los indicadores económicos, con el Ministerio de Planificación y Finanzas, y a través de ese presupuesto de los indicadores económicos tendremos reuniones sectoriales, gobierno con empleadores, gobierno con trabajadores, posteriormente tendremos una tripartita y, al final, tendremos que construir una propuesta de salario mínimo que se le presentará al Ejecutivo Nacional”. 

Para que este proceso ocurra se estableció un lapso aproximado de mes y medio, de los cuales ya corrieron 15 días. El método construido contempla la consideración de indicadores como: nómina laboral activa de jubilados y pensionados, Producto Interno Bruto (PIB), crecimiento económico, inflación, la canasta alimentaria y los ingresos derivados de misiones sociales como las bolsas de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y bonos a través de la plataforma Patria, entre otros.

Tal como lo plantea León, la propuesta de su sindicato apunta al aumento progresivo del salario mínimo vital que permita, en un primer momento, superar el umbral de pobreza que actualmente se ubica en 67$. Esta sería la base para el inicio de la discusión sobre las contrataciones colectivas que también serán tema de las reuniones de este grupo consultivo.

El segundo paso, según la dirigente sindical, debería ser llegar a cubrir la canasta de consumo básico de los trabajadores que, según los cálculos propios que ASI viene realizando cada mes, se ubica en 330$. Y, luego, la estabilización salarial para cubrir la canasta normativa y superarla. Todo ello dependería de la realidad económica, muy determinada por el proceso de flexibilización de sanciones por parte de los Estados Unidos.

“Los trabajadores venezolanos hemos subsidiado al Estado en medio de esta severa crisis, esto es insostenible (…) Este diálogo tripartito no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, pero hemos ido generando confianza. Los trabajadores de este país exigimos una justa distribución de la riqueza y defendemos el salario mínimo vital, pero intentamos poner los pies sobre la tierra para hacer una propuesta factible”, afirma León.

En esta mesa de diálogo tripartito también participa la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) que es la principal organización gremial de apoyo al gobierno. Según su Coordinador de Asuntos Internacionales, Jacobo Torres, en este espacio han venido planteando la necesidad del pronunciamiento de los sectores empresariales frente al bloqueo económico, “porque no pueden hablar de aumento salarial o fórmulas para el salario mínimo cuando estamos bloqueados en términos monetarios, se han perdido alrededor de 670 millones de dólares producto del bloqueo y solamente en el sector petrolero estamos hablando de 230 millones de pérdidas que ha sufrido la nación en los años que llevamos de bloqueo inclemente por parte de los Estados Unidos y sus aliados. No basta solamente con la flexibilización anunciada en los últimos meses, sino que tiene que ver una postura firme de erradicación del bloqueo”.

En este sentido, Torres plantea que se ha logrado sinceridad entre las partes y, sobre todo, la comprensión por parte de la OIT “sobre la necesidad de deponer actitudes agresivas de defender intereses bastardos que no tienen que ver con la república”. 

Pero, más allá de esta mesa, esta central sindical sostiene directamente con el Ejecutivo una comisión de trabajo donde se discuten y acuerdan decisiones vinculadas con los anuncios realizados por el presidente Maduro el 1 de mayo de 2023, de los que poco o nada se ha sabido posteriormente: el Banco Digital de los Trabajadores, el Fondo de Vivienda para los trabajadores y las Macollas petroleras.

“Del Banco Digital solamente estamos esperando la decisión de creación por parte del Presidente, y en el tema de los pozos petroleros estamos ahorita en la evaluación a través de esta mesa técnica con el Ejecutivo de que le sean entregados a la clase obrera, sobre todo los que están en la faja que son los que se recibirían. La macolla que tiene una proyección de producción de 29.000 barriles diarios, eso servirá como parte del fondo del Banco Digital, del fortalecimiento de las cajas de ahorro y del Fondo de protección de las Prestaciones Sociales”, aseguró Torres en entrevista para PH9.

“Estamos pidiendo al ejecutivo que nos entregue materialmente los pozos, que no dependan de la burocracia estatal que no tiene dimensiones de las cosas en las que estamos montados (…) creemos que los trabajadores a través de los Consejos Productivos de Trabajadores y de nuestras direcciones sindicales tenemos la capacidad absoluta para administrar estos pozos y que sirvan para los propósitos para los que fueron creados”. 

Respecto al Plan de vivienda expresó que también se encuentran a la espera de que se termine de aprobar en la Asamblea Nacional la reforma parcial a la Ley de Vivienda “en la cual nosotros estaríamos integrando el Estado Mayor de la vivienda y junto a eso se produciría la designación de un director de los trabajadores en Banavih, el banco que financia las viviendas, y otros en el escenario nacional estado mayor pero ya no solamente como una concesión que le hace el ejecutivo a la clase obrera sino ya como parte de una ley respectiva”, afirmó. 

Fondo CITGO para pensiones

Aunque CITGO se encuentre en este momento en una especie de limbo administrativo y esté más cerca de ser subastada a los acreedores de Venezuela que a ser recuperada por el Estado venezolano, el Foro Cívico y el proyecto Pedagogía Economía propusieron el año pasado solicitar y gestionar ante la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) una licencia que permita destinar un porcentaje de las ganancias anuales de CITGO para financiar los programas de protección social.

Las ganancias de CITGO alcanzaron en 2022 los 2.800 millones de dólares, según su presidente ejecutivo Carlos Jordá. Pero, como afirma el economista Víctor Álvarez, ni un solo dólar se destinó a pagar la deuda social en Venezuela. “Si se destina 10% de este monto a la creación de un fondo venezolano de pensiones, el aporte fundacional sería de 280 millones de dólares, semejante al aporte que en su momento hizo Noruega para constituir su fondo de pensiones”, expone Alvarez.

No existen precedentes que aporten factibilidad a esta propuesta, pero de igual manera sectores de la sociedad civil intentan visibilizar iniciativas que les otorguen protagonismo y beligerancia en el conflicto sociolaboral, sobre todo señalando la inacción tanto del gobierno como de la oposición para aportar soluciones a la grave situación de la clase trabajadora. 

“Este sería un Fondo no para gastarlo sino para invertirlo en instrumentos financieros que permitan que crezca. Debe ser administrado bajo una fórmula de coparticipación de actores institucionales y sociales, con absoluta contraloría”, afirma Álvarez.

Posibilidades regionales

En otros países de la región latinoamericana organizaciones sindicales han impulsado la creación de fondos regionales constituidos por recursos de ciertos sectores de la economía local, vía retenciones o  impuestos, destinados a la cobertura de salarios o beneficios laborales en sectores esenciales de la economía como, por ejemplo, salud y educación.

Desde PH9 conversamos con el Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (SEPEEL) para conocer si existía alguna iniciativa en esta localidad.  Robert Sánchez, secretario general, afirmó que realizaron hace dos años una propuesta a la Gobernación del estado “para que una cuota de los recursos que obtiene por timbres fiscales, que es bastante cuantiosa, esté dirigida a apoyar la seguridad social de los trabajadores”. 

Pero no obtuvieron ningún tipo de respuesta. En realidad existe un gran desconocimiento sobre la cantidad de recursos que ingresan por esta vía y a qué se destinan. “El gobierno local tiene recursos suficientes por concepto de tributos como para crear un fondo económico especial que permita cubrir contingencias especiales de los trabajadores, algunas bonificaciones, pero existe un secretismo, un oscurantismo sobre el destino de estos recursos”.

El año pasado SEPPEL promovió el desarrollo y la discusión de una Ley de Protección al salario, “porque la Constitución y la Ley del trabajo deja solamente al presidente de la república la potestad de aumentar el salario. Hay países donde son comisiones tripartitas las que tienen esa facultad por supuesto con estudios previos y metodología (…) también es importante incorporar mecanismos de responsabilidades de los funcionarios en materia de salario y presupuesto público, no hay pena para quienes cometen errores y omisiones”, expresó Sánchez.

El dirigente sindical se pregunta qué fue lo que permitió la Ley Antibloqueo (2020) que el gobierno presentó al país “como la que iba a resolver la precaria situación salarial de los trabajadores (…) Pero a fin de cuentas, esa Ley Antibloqueo fue la que sirvió  de soporte jurídico para que, al contrario, se robaran del país más de 30.000 millones de dólares en PDVSA, con los convenios y las operaciones comerciales secretas que permitió”.

En un año que será de mucha agitación política y mejores condiciones económicas, con sostenidas tensiones con sectores opositores y el gobierno de los Estados Unidos, las mayorías trabajadoras aspiran y reclaman que la recuperación salarial esté en el centro de las acciones del Ejecutivo Nacional. La oferta de una mano de obra barata debe dejar de estar en la boca de los promotores de inversiones en el país.