El feminismo latinoamericano es uno móvil, elástico y cambiante. Es una multiplicidad de realidades femeninas, transversalizadas por circunstancias de raza, etnia, clase, sexualidad, procedencia, educación, discapacidad y género. No es el feminismo académico, sifrino, blanco, burgués, europeo o gringo que no tiene nadita que ver con nosotras y menos que menos nos representa.
Hablando con YY, me dice que “la historia de los movimientos de mujeres organizadas en Venezuela es muy interesante por el impacto que ha tenido en las políticas públicas del país. Temas como la participación política, el empoderamiento económico, la garantía en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, así como la salud integral y la eliminación de la violencia basada en género, han logrado grandes avances legales en su reconocimiento, más han sido difíciles de masificar en las prácticas de acceso y disfrute de estos derechos”.
Yo la cito porque ella vino y sintetizó todo así clarito en 5 líneas. Genia. La lucha latinoamericana es contra el sistema patriarcal que ejerce mecanismos de opresión capitalistas, neoliberales, coloniales, racistas y extractivistas. Y la lucha venezolana también sigue la misma línea intentando apuntar a nuestras propias realidades, a nuestras formas, a nuestras maneras únicas.
Pero toca hablar de estas realidades sin datos oficiales. Conseguir datos oficiales con perspectiva de género en Venezuela no es posible porque, bueno, es que no hay. Los pocos que se producen no se publican y aunque se ha venido pulsando incluso desde dentro de las instituciones públicas, no se ha priorizado su producción. Exagerar la realidad es una cosa (gracias CNN, Banco Mundial), pero negarla también lo es. Lo que no se publica no se ve, y lo que no se ve no existe.
Los movimientos feministas que luchan por la publicación de datos sobre la violencia de género con una perspectiva interseccional insisten en que los datos deben ser parte de la agenda pública de nuestros respectivos gobiernos, porque lo que afecta a las niñas y mujeres que viven en sociedades patriarcales sigue sin ser priorizado.
¿Qué hemos logrado?
Los movimientos y organizaciones feministas han logrado producir cambios concretos en cuanto a la visibilización no sólo de diversos tipos de violencia sino de la falta de protocolos de prevención y de justicia, y así mismo, de creación de protocolos, propuestas de reformas de leyes y programas de atención y empoderamiento.
En este momento, la agenda feminista venezolana la construyen los colectivos defensores de los derechos de las niñas y mujeres (Tinta Violeta, Las Comadres Púrpura, Tetas en Revolución, Mamíferas, Red de Colectivos la Araña Feminista, entre otros), las organizaciones que investigan y producen conocimiento respecto a nuestros derechos (Faldas-R, CEDESEX, Utopix, MUDERES, Avesa, CEPAZ), algunas instituciones públicas como el MinMujer y el INAMUJER cuando los objetivos son los mismos, y muy a veces, cuando la agenda es internacional, las ONG internacionales como la UNFPA.
Hay polarizaciones, hay dobles marchas, hay gente de izquierda y de derecha, y sobre todo hay gente que apoya y no apoya al actual gobierno venezolano. Pero producto de las manifestaciones y agendas en común (que es lograr que en venezuela los derechos de las niñas y mujeres se discutan, y sean tema de Estado y se garanticen), en Venezuela se han desarrollado las leyes y políticas públicas más avanzadas de la región y diseñadas por mujeres bajo una perspectiva de género.
Algunos de los programas, leyes y políticas públicas más relevantes en los últimos doce años son la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia y su reforma parcial (2021), las “Normas de Actuación de Funcionarios Policiales” (2021) en casos de violencia contra la mujer para evitar su revictimización.
En materia de formación, se crearon las “Líneas Estratégicas Curriculares para la Educación de la Sexualidad en el Sub Sistema de Educación Básica” (2010), la “Guía para Docentes en Educación de la Sexualidad y Salud Sexual Reproductiva” (2010), y se incluyó la educación sexual integral en las “Áreas de formación en Educación Media” (2017). Por otra parte, se estableció el “Protocolo para el manejo clínico de la violencia sexual” (UNFPA-Min Salud, 2020) y el Plan Nacional PRETA (Prevención y Reducción del Embarazo a temprana edad y en la adolescencia (UNFPA Venezuela)
En 2021 se logró la mayor movilización de organizaciones feministas a favor de la despenalización legal y social del aborto en Venezuela: La Ruta Verde. Es la primera campaña que logra cohesionar distintas posturas políticas en una agenda de acciones en común. El 28 de septiembre, día internacional por la acción para un aborto libre, gratuito y seguro, se realizaron marchas simultáneas en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Mérida, Táchira, Barinas y La Guaira.
A partir de esa movilización se introdujo en la Asamblea Nacional un documento que argumenta las razones políticas, económicas y sociales para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, Aunque la discusión por el aborto sigue sin ser prioritaria, la estrategia es la de “insistir y nunca desistir”.
Además, se ha incluido en la discusión pública y se han realizado campañas respecto a la trata y tráfico de niñas y mujeres (a partir de la migración y la movilidad insegura), la erradicación de la violencia doméstica y la progresiva disminución del femicidio en su visibilización como crimen de odio y no como resultado de un conflicto de pareja (el “crimen pasional”).
En esta reforma la reforma parcial de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se incluyeron cuatro nuevas tipificaciones de violencia: violencia multicausal, violencia ginecológica, violencia informática y la violencia política. A su vez, a algunas ya existentes se les modificó el nombre: acceso carnal violento pasó a ser violencia sexual dentro de la pareja; violencia doméstica pasa a violencia familiar, a la que se le añadió la violencia vicaria o violencia por asociación que es la que afecta a familiares y conocides de las mujeres al ser identificades como eslabones débiles para violentarlas.
La reforma de la ley permitió incluir avances importantes en los enfoques que entes y órganos del Estado deben aplicar para casos de violencia de género (enfoque de género, feminista, de derechos humanos, intercultural, integralidad, generacional y de interseccionalidad). Los retos son, precisamente, cómo se reforma una ley con la pretensión de sus avances o mejoras en su aplicación si la versión anterior fallaba justamente en ese alcance.
Agenda pendiente (las deudas)
Lo que aún no está en el debate público (las deudas, pues) afectan ejes que, básicamente, si no mejoran pronto, continuarían la progresiva precarización de la vida y feminización de la pobreza:
- La garantía en el acceso a la salud integral para evitar a toda costa la violencia obstétrica (ahora ilegal), las muertes maternas y la despenalización del aborto. Colombia acaba de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, un fallo histórico para Latinoamérica. Entonces nos pensamos cómo los ejes machistas del gobierno venezolano digirieron la noticia: ¿La ignoraron por completo, se hicieron los locos? ¿Se reunieron en una reunión ultra secreta pautada por WhatsApp sobre cómo Colombia nos acaba de meter alto derechazo en términos de derechos humanos para las mujeres que en Venezuela se ignoran por completo? ¿Hubo ministras y viceministras enviando argumentos políticos, sociales y económicos irrefutables para que ahora sí volteen la cara?
- La visibilización de los femicidios como crímenes de odio. Insistimos, no fue que la mató porque la quería. Quien ama no maltrata. Según el Monitor de femicidios de Utopix, el 2021 cierra con 239 femicidios a escala nacional. Aunque la cifra representa un 6% menos que el total del año 2020, en Utopix notan cómo los femicidios en grado de frustración aumentan mes a mes sin que el Estado tenga una respuesta certera y coherente ante lo que sucede y sus implicaciones sociales, porque lo que las cifras nos indican es que las mujeres no están seguras en el lugar que debería brindarles más seguridad: su casa.
- Programas y sistemas que procuren una migración segura para erradicar la trata y el tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, porque la situación en frontera está fea. Según ACNUR y la OIM, desde 2015 han migrado más de 6 millones de personas, y las mujeres representan el 49.9 % de esa población. CEDESEX y UNFPA explican cómo la violencia basada en género aumenta radicalmente a partir de contextos de movilidad humana, donde las niñas y mujeres ya en una situación vulnerable, atraviesan situaciones de trata que además las enfrentan al tráfico, matrimonio y prostitución forzadas, sexo por supervivencia y femicidio.
- Promover los principios de participación política equitativa (50/50) y la paridad de género en espacios de tomas de decisiones. Venezuela tiene el 39.9% de representación femenina en el gabinete ministerial: de 33 ministerios, 13 son llevados por mujeres. La única Vicepresidenta Ejecutiva que ha sostenido ese cargo en el Gobierno Bolivariano ha sido Delcy Rodríguez.
- Procurar políticas de cuidado y empoderamiento económico que aseguren salarios equitativos y jornadas laborales justas. Acá vamos patrás como los cangrejos, al menos en programas y protección porque en primer lugar el cuido doméstico no es reconocido como trabajo mientras la maternidad es exigida e impuesta sobre las mujeres (porque aunque la ley establece 26 semanas de permiso de maternidad con 100% del salario, no establece un permiso de paternidad equitativo en el que la figura masculina pueda trabajar y atender el espacio doméstico). En segundo lugar, el empoderamiento económico es atravesado por la clase y visto como algo corporativista. ¿Qué tal si programas de atención, educación y acceso a la información (además de las Canaimitas) sensibilizados en el género pudieran procurar la disminución progresiva de la feminización de la pobreza?
Las tradiciones culturales y religiosas impiden que el poder político y la sociedad reconozcan sin hipocresías los derechos de las mujeres. Sí, en Venezuela el Gobierno Bolivariano ha sido uno que ha reconocido hasta cierta parte los derechos de las mujeres y sus necesidades para el avance en el desarrollo social. Pero, esos avances no se han basado en el reconocimiento de nuestras necesidades como género por lo que no han estado contextualizadas.
Lo que los movimientos feministas y organizaciones defensoras de nuestros amplios derechos humanos queremos lograr es que nuestras necesidades estén, todas, toiticas, en la agenda y en la discusión pública, y que se diseñen y promulguen leyes y programas que garanticen nuestros derechos. Queremos espacios reales de discusión y trabajo sin la mirada de un estado paternalista, y queremos a las mujeres y a las identidades no masculinas en representación de nuestras necesidades, alcanzando y conquistando los espacios que históricamente no han sido diseñados para nosotres pero en los que sí hacemos vida.
