Surgentes: «Ante la falta de consenso la élite dirigente responde con coerción»

Sectores de izquierda dentro del chavismo exigen justicia para trabajadores y campesinos encarcelados y judicializados por defender sus derechos.

El reciente informe del colectivo Surgentes, “Giro a la derecha y represión a la izquierda”, abre un debate público que divide las opiniones y los consensos a lo interno del chavismo: la violación de derechos humanos a trabajadores y campesinos y los cambios en el programa económico y político del gobierno como su telón de fondo.

El informe documenta 51 casos donde se encuentran criminalizados 138 trabajadores por participar en luchas sindicales, exigir salarios y condiciones laborales dignas o denunciar corrupción en empresas e instituciones públicas. También 98 casos de desalojos, detenciones arbitrarias, sicariato, lesiones personales y desapariciones forzadas de campesinos. Todos ellos durante los años 2015 y 2020.

Uno de los casos más visibles es el de los trabajadores petroleros Argenis Torrealba y Alfredo Chirinos, sentenciados públicamente y privados de libertad por denunciar corrupción en PDVSA. Otro es el del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, sentenciado hace una semana a 15 años de cárcel, luego de permanecer 10 años preso sin juicio por un crimen sin pruebas.

Entrevistamos al integrante de Surgentes, Antonio González Plessman para que nos explique que definen ellos como giro político de la élite dirigente, los detalles del tipo de casos denunciados y las recomendaciones urgentes que proponen al Estado venezolano.

Surgentes es un colectivo de derechos humanos que nació en 2015 al calor del trabajo territorial realizado en San Agustín del Sur, una comunidad popular urbana de Caracas. Está conformado por militantes de izquierda con décadas en el campo de los derechos humanos, desde la academia, el Estado y el activismo popular.

El mandato de este colectivo es el acompañamiento en la defensa de los DDHH de la población estructuralmente discriminada, empobrecida o excluida: campesinxs, trabajadorxs, jóvenes del barrio y mujeres de los sectores populares.

PH9. Acaban de publicar el informe “Giro a la derecha y represión a la izquierda”, sobre violaciones de derechos humanos en el campo laboral y campesino durante los últimos 5 años. Nos podrían señalar ¿cuáles son los puntos que ustedes consideran más importantes del informe?

AG. La investigación permite hacer visible que el giro a la derecha de la élite que controla el Estado coincide con el aumento de la represión a sectores del campo popular y la izquierda.

Desde 2015 comenzaron a ser cada vez más frecuentes las denuncias de violación a los DDHH cuyas víctimas eran sectores de izquierda o protagonistas de luchas populares que, en el pasado cercano, habían recibido apoyo del chavismo y del Estado o se asumían a sí mismos como parte de la Revolución Bolivariana. Esto se hace aún mucho más evidente a partir de 2018 y encuentra en el contexto de las luchas laborales y las luchas campesinas la mayor cantidad de casos.

Los derechos laborales han venido siendo radicalmente vulnerados desde 2016: tenemos uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, con ese salario las prestaciones sociales pierden su capacidad de protección frente a la cesantía, se está produciendo un despido masivo indirecto en el Estado (la gente huye de unos salarios que no cubren ni el 2% de la Canasta Básica), las inspectorías del trabajo no están funcionando, el Memorandum 2792 vulnera el derecho a la contratación colectiva, etc.

En ese contexto no es extraño que se produzcan conflictos y reclamos. Y, tampoco que, ante la falta de soluciones en el marco de las políticas estatales, la respuesta sea la represión: trabajadorxs judicializadxs, detenidxs, bajo régimen de presentación, acusados de “incitar al odio” por reclamar sus derecho o quejarse.

Algo similar ocurre con los campesinos. Estamos viviendo un proceso de contrarreforma agraria. La política pública prioriza al agronegocio, al capital, en desmedro de los pequeños y medianos productorxs.

En los 80 y 90 decíamos, desde la izquierda, que todo paquete económico viene con un paquete represivo. Lamentablemente hoy tenemos que volver a decirlo. Ante la falta de consenso, la elite dirigente responde con coerción.

PH9. ¿Cuáles son las formas en las que se vienen expresando la judicialización de trabajadores y criminalización de las luchas laborales?

AP. Las luchas de la clase trabajadora han sido las mismas durante años centradas en conquistar y hacer realidad los derechos a un salario y condiciones de trabajo dignas, a la contratación colectiva, a la huelga y a la libertad sindical. Estos derechos laborales han sido duramente golpeados en los últimos años en Venezuela por diversas razones.

Por un lado, el criminal bloqueo económico liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, al que está sometido nuestro país ha tenido incidencia en el nivel de los salarios y de la vida en general de lxs trabajadorxs; por otro lado, la respuesta del gobierno a esta situación que se ha centrado en un enorme pragmatismo haciendo giros, como hemos dicho, hacia políticas liberalizadoras de la economía, combinadas con un cierre de los canales de consulta y diálogo con lxs trabajadorxs.

La criminalización de trabajadores está asociada a este contexto. Por ejemplo, existen trabajadores que han sido detenidos y judicializados por exigir derechos y reivindicaciones laborales contenidas tanto en la Constitución como en sus convenciones colectivas.

O por haber denunciado corrupción al interior de las empresas y que son castigados a través de la construcción de expedientes en los que terminan siendo ellos y ellas los imputados por corrupción; por haber utilizado las redes sociales para expresar su descontento; o por haber impulsado y/o participado en las discusiones de contratos colectivos.

El que un importante número de dirigentes sindicales haya sido objeto de estas medidas que van desde el desconocimiento del fuero sindical con medidas como el despido, hasta la privación de libertad, es un claro indicador de cómo la libertad sindical está siendo coartada en los hechos.

La judicialización de los trabajadorxs detenidos se basa en múltiples tipos penales, la mayoría de ellos a los que se coloca una carga conspirativa como los delitos contemplados en la Ley contra el Terrorismo, haciendo muy laxa la interpretación y alcance de estos tipos penales.

También, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia (LCOCPT), promulgada en noviembre de 2017, es utilizada de manera altamente punitiva, configurando hechos en muchos casos aislados o sin fuerza probatoria como delitos de odio.

En la mayoría de los casos mapeados en el estudio, la medida tomada ha sido la prisión preventiva de las y los trabajadores, aun cumpliéndose en algunos casos los supuestos que hacen posible el juzgamiento en libertad, lo cual vulnera el precepto constitucional de que la norma debe ser el juzgamiento en libertad.

La falta de fuerza probatoria en las pruebas y testigos promovidos por la acusación, ha sido tan evidente que en muchos casos, han terminado siendo desestimados algunos delitos en las audiencias preliminares.

PH9. ¿Cuáles son las formas de represión a las luchas campesinas? ¿Cuál es su magnitud y quiénes participan de su ejecución?

AP. Las principales formas de represión a las luchas campesinas que identificamos a partir de los casos documentados en nuestra investigación, según su mayor nivel de ocurrencia, son: desalojos e intentos de desalojos; detenciones arbitrarias; amenazas, lesiones personales; sicariato y desapariciones forzadas.

Los patrones de actuación en los desalojos e intentos de desalojo evidencian, respecto a la autoría intelectual, la existencia de un terrateniente y/o de un funcionario público, que en connivencia con cuerpos de seguridad del Estado, ordenan ingresar a la tierra en disputa, y a través del ejercicio ilegítimo de la violencia tanto sobre las personas como sobre las cosas, sacan o intentan sacar a las familias que la habitan.

Ese ejercicio de la violencia incluye detenciones arbitrarias, amenazas, quema de viviendas y de escuelas, destrucción de cultivos, robo de herramientas de trabajo, envenenamiento de pozos de agua, etc.

Respecto a la tenencia jurídica de la tierra, los casos de desalojo e intento de desalojo se agrupan en una de las siguientes situaciones:

1. La mayoría de estos hechos ocurren en predios que cuentan con títulos de adjudicación vigentes, o títulos de adjudicación que fueron revocados días antes del desalojo, de manera injustificada, y sin observar el procedimiento previsto en la ley para este efecto;
2. En predios en los que se dio inicio al trámite ante el INTI para su adjudicación, pero sobre los que hay dilaciones inexplicables, que hacen caducar las inspecciones y retrotraen las etapas avanzadas en el proceso;
3. En predios que no cuentan con títulos de adjudicación, ni se ha iniciado el trámite para el mismo.

Las otras formas de represión identificadas, cuando no ocurren en el contexto de desalojos e intentos de desalojos, están orientadas a afectar de manera directa la vida, libertad y/o integridad personales de los liderazgos campesinos, y se ejercen: a) como una forma de represalia por un rescate de tierra realizado; b) como una forma de presión a las familias que se quiere desalojar y/o; c) como una manera de amedrentar para evitar nuevos rescates.

En estos casos también se identifica de manera evidente la convivencia de los cuerpos de seguridad del Estado con los terratenientes, no sólo en tanto ejercen la fuerza y el aparato de represión en favor de sus intereses, sino que además en algunos casos, incluso, actúan en su presencia y bajo sus órdenes, y posteriormente reciben una contraprestación económica por sus servicios.

PH9. El giro a la derecha del título del informe plantea un viraje programático del chavismo en el gobierno, ¿podrían explicarnos cuáles son los elementos de análisis que sustentan esta afirmación?

AP. Existe un programa chavista de transformación de la sociedad. Se fue construyendo desde antes de 1998. Dejó sus huellas en la Constitución, se expresa claramente en los dos Planes de la Patria que se construyeron en las presidencias de Chávez, en las orientaciones generales de sus políticas públicas y en decenas de sus discursos.

Aunque nunca planteó la eliminación total de la propiedad privada de los medios de producción, sí planteó el mayor peso de formas de propiedad pública, estatal y social, que permitieran una transición socialista, con un fuerte anclaje en un nacionalismo petrolero.

De un lado un poder popular (autogobierno + medios de producción en manos del pueblo) que fuera construyendo “nuevas formas de sociabilidad” que ocuparan el espacio de lo viejo. De otra parte, un Estado que administraba las riquezas nacionales en favor de las mayorías. Todo ello en el marco de procesos radicalmente democráticos tanto en términos institucionales (democracia representativa que se amplía a formas participativas, deliberativas y directas) como en términos de calle (poder popular expansivo, movilización, contraloría social).

Ahora bien, ningún programa se cumple 100%. Todo Programa tiene sus contradicciones, sus tensiones de implementación. Pero lo que sí es muy cierto es que hay unas coordenadas gruesas que conforman ese Programa y que se implementaron en buena medida hasta 2015: lo público por encima de lo privado (capital), la apuesta postcapitalista, el nacionalismo petrolero, el protagonismo de los sectores populares. A partir de ahí, pero muy claramente a partir de 2018, ese programa fue abandonado. Algunos hitos relevantes que muestran ese abandono son los siguientes:

1. Las privatizaciones, que se vienen dando desde 2015, de manera abierta (transferencia a privados de tierras agrícolas o empresas estatizadas) o encubierta (bajo la modalidad de asociaciones estratégicas o empresas mixtas). La aprobación de la Ley Antibloqueo por la ANC en 2020 permite al Estado continuar y profundizar estas privatizaciones bajo un ambiente de confidencialidad y secreto
2. La exención de impuestos a la inversión (2018) y a la importación (2020).
3. La eliminación del control cambiario (2019) y la dolarización transaccional de la economía, aceptada desde el Estado.
4. La vulneración estructural de derechos laborales.
5. En el contexto de las medidas coercitivas internacionales, para evadir el bloqueo ilegítimo que pesa sobre Venezuela, el Estado se articula con operadores económicos y empresarios que negocian en su nombre, lo que a su vez genera una red de intereses económicos poco transparentes que promueven el enriquecimiento ilícito en los círculos cercanos a la elite política.

Se trata de un giro hacia una política liberal, que la oposición tiene décadas pidiendo a gritos. No hay manera de sostener eso desde Chávez, no solo desde el Chávez presidente, sino desde el Chávez que, aliado a la izquierda, en los 90 enfrentó el Programa de Ajuste Estructural de Caldera y Teodoro.

La oposición nacional e internacional no logró conquistar el poder político en Venezuela pero, en buena medida, logró que la elite dirigente defienda las políticas que el chavismo adversó desde su constitución.

La élite dirigente justifica su giro a la derecha como la única opción que tiene para hacer frente al colapso inducido de la economía por las medidas coercitivas de los EEUU y sus aliados. Plantea que se trata de un giro táctico y no estratégico. Pero resulta, cuando menos, poco probable, que un giro como el que se está viviendo en Venezuela, que supone la creación de fuertes intereses económicos, pueda ser revertido a favor de las aspiraciones postcapitalistas propias del programa chavista.

PH9. El año pasado Surgentes diseñó una campaña contra la violencia de clase de los cuerpos de seguridad del Estado (“No en nombre de Chávez”), por la que fueron atacados por distintos sectores del chavismo, tanto oficial como de base. ¿Esta situación trajo alguna consecuencia sobre el trabajo de ustedes? ¿Cómo interpretaron estas reacciones? ¿Qué esperan de esta nueva publicación?

AP. El nombre de la campaña era #NoMasEjecucionesEnElBarrio y usaba, en efecto, como consigna adjunta #NoEnNombreDeChavez. Quería hacer visible, desde la izquierda, la magnitud del drama de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, que tienen un carácter abiertamente clasista. El 33% de las muertes violentas que ocurren en el país son ocasionadas directamente por el Estado, según los datos oficiales. Las víctimas, en una aplastante mayoría, son jóvenes del barrio.

Quienes hacemos vida en Surgentes, no solo venimos de la denuncia de la violencia policial desde finales de los 80, sino que en el Gobierno de Chávez ayudamos a construir políticas públicas para reducir esa violencia: la Conarepol (2005), el Consejo General de Policía (2010), la UNES (2012), y el diseño de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela (2012). Desde ese lugar podemos decir sustentadamente que la práctica sistemática de asesinato de jóvenes pobres no tiene nada que ver con Chávez, con su discurso sobre el tema o con sus intentos de transformar una violencia estructural propia del capitalismo. Por eso agregamos la consigna #NoEnNombreDeChavez.

Hubo muchas reacciones desde el chavismo y la izquierda, que era la población objetivo de la campaña. Queríamos generar un debate interno, una interpelación que remitiera a lo que había sido el chavismo en ese tema, antes de la normalización de las ejecuciones de jóvenes del barrio. Una confrontación con los principios igualitarios de la izquierda en general y del chavismo en particular. Las más escandalosas de las reacciones, que terminan siendo buenas para ampliar el debate, fueron las de un sector que intentó evadir el debate y nos acusó de ser pagados por los gringos. Ahí coexistieron sectores militantes con operadores comunicacionales del oficialismo cuya función es cayapear toda crítica interna, para asustar, neutralizar y debilitar.

Ese sector logró que una parte del chavismo de base más cercano al oficialismo, movimiento y organizaciones, con los que habíamos hablado antes y que estaban preocupados por la violencia policial no se pronunciaran. Tuvieron temor a ser estigmatizados, aunque en privado manifestaban su comprensión del problema. Pero la mayoría de las reacciones fue de respaldo, de reconocimiento del problema, de estímulo porque por fin se debatía esa violencia, desde la izquierda. Supimos incluso que en el alto gobierno había divisiones sobre ese tema.

La principal consecuencia de los ataques que entonces recibimos desde el oficialismo fue que facilitaron el establecimiento de alianzas con sectores del campo popular, la izquierda y el chavismo que se resisten a la domesticación, la pasividad y la aceptación del tutelaje, que la elite dirigente considera es el rol del pueblo en este momento histórico. La exigencia de derechos, la autotutela de derechos, la acumulación de poder popular conforman temas centrales de la agenda de una parte muy importante de la izquierda y del chavismo popular. Ahí, por las luchas concretas y por los temas parteaguas que generan las coyunturas, terminamos coincidiendo con muchxs otrxs.

El informe de SURGENTES hace algunas RECOMENDACIONES AL ESTADO:

Hay recomendaciones de diverso tipo y alcance, algunas de ellas son de activación inmediata que solo ameritan voluntad por parte del gobierno y de los diversos poderes del Estado para detener la judicialización de las luchas campesinas y de los trabajadores.

Mientras que hay otras que apuntan a la resolución estructural de las situaciones que afectan a trabajadorxs y campesinxs, y por lo tanto requieren de mayor tiempo. Estas deben ser abordadas de manera democrática a través del diálogo y el consenso con las y los protagonistas de estas luchas.

1. El sobreseimiento de todas las causas que mantienen privados de libertad de forma injusta y arbitraria a campesinos y trabajadores en sus luchas por el derecho a la tierra y por los derechos laborales. No debe quedar ningún trabajador o campesino privado de libertad o bajo medidas cautelares de manera injustificada. En los casos en que existan procesos judiciales abiertos es indispensable que se tomen las medidas para que cese el retardo procesal de manera inmediata.
2. Establecer espacios permanentes de diálogo para dirimir cualquier situación o tema que involucre los derechos de trabajadores y campesinos. La judicialización de las luchas de trabajadorxs y campesinxs no va a lograr detener las luchas, y por el contrario, coloca al Estado venezolano en una situación de incumplimiento de disposiciones de protección a los derechos humanos que voluntariamente se ha obligado a cumplir.
3. Investigar de manera rigurosa todas las situaciones de criminalización y judicialización de trabajadores y campesinxs que han vulnerado sus derechos, no solo los relativos a la tierra o a los derechos laborales, sino también los que han afectado su derecho a la vida, integridad, libertad, presunción de inocencia y debido proceso, entre otros. Los responsables de estos hechos deben ser sancionados y deben asegurarse las medidas que eviten su repetición.
4. Revertir medidas que están significando regresión de derechos conquistados y que constituyen las causas de las protestas y de las exigencias de campesinos y trabajadores y por tanto fuente permanente de conflictividad:
   En el caso de los trabajadores es fundamental derogar toda legislación que vulnere derechos conquistados y consagrados en la CRBV, en especial el memorándum 2792 que arrasó con los derechos a un salario digno y eliminó de facto las contrataciones colectivas. Asegurar espacios de consulta frente a decisiones que afectarán sus derechos, respetar la autonomía de lxs trabajadorxs para conformar sus organizaciones sindicales, respetar el derecho a la protesta pacífica para exigir reinvindicaciones, son medidas que deben aplicarse de manera inmediata.
5. En el caso de lxs campesinxs, es imprescindible que se detenga la adopción de medidas que fortalecen prácticas latifundistas, devolviendo de inmediato las tierras que les fueron otorgadas a sectores campesinos en los gobiernos del Presidente Chávez y que hoy les han sido arrebatadas.