Una marcha multitudinaria llenó las calles del centro de Caracas el día de ayer. Esta vez no era roja, tampoco tricolor. Era verde, una ola verde de cientos de mujeres que marcharon hasta la Asamblea Nacional con una sola demanda: ¡despenalización y legalización del aborto en Venezuela!
“Es un momento histórico, por primera vez en décadas mujeres de todas las tendencias, opositoras, chavistas críticas, ex chavistas y otras se unieron en la Ruta Verde con un objetivo: lograr más derechos para las mujeres”, explicaba la profesora, militante y directora del Centro de Estudios de la Mujer Gioconda Espina sobre el proceso de organización de la Ruta Verde.
Con la finalidad de entender por qué esta lucha es una de las demandas más urgentes de la agenda feminista venezolana rescatamos el texto de otra Gioconda, Gioconda Mota: “El aborto un tema tabú que exige atención”.
“Es un hecho: las mujeres interrumpen embarazos no deseados. Pobres y ricas, aunque las pobres viven las peores historias y corren los peores riesgos. Cultas e ignorantes; profesionales y no profesionales; adultas y jóvenes; católicas, de otras religiones y ateas; con culpa y sin culpa. (…) Independientemente del discurso ‘en contra’, la práctica del aborto inseguro existe y especialmente se lleva la vida de las más pobres o genera importantes consecuencias como perforaciones, laceraciones uterinas, desangres e infecciones. Es, por ende, un problema de salud pública existente en la realidad”.
Publicamos el texto completo “El aborto: un tema tabú que exige atención” que salió originalmente en la página web Desafíos en el 2018, pero que hoy conserva toda su vigencia.
Publicado originalmente: 28/05/2018. Reeditado: 28/09/2021
María vive en una comunidad popular del suroeste de la ciudad de Caracas, tiene 13 años y una discapacidad intelectual que hace que su edad cronológica sea de cinco. Su vecino del barrio, un hombre de casi 70 años, en más de una oportunidad abusó sexualmente de ella. De ello, se da cuenta la familia cuando un embarazo de 14 semanas comienza a manifestar síntomas. Empezó la tragedia: ¿cómo interrumpir un embarazo producto de una violación si nuestro país no lo permite legalmente? Sólo fue posible por los riesgosos y costosos caminos verdes. ¿El abusador? Libre, sigue viviendo en frente, la “justicia” no hizo nada.
Carolina tiene 24 años y trabaja como recepcionista en un pequeño despacho privado y gana sueldo mínimo. Comenzó a vivir un romance e inició un vínculo sexual responsable con un joven de su edad, en uno de estos encuentros se les rompe el condón. Durante mucho tiempo no había la “píldora del día siguiente”, sin embargo, ha vuelto a los anaqueles de la farmacia. ¿Qué pasó cuándo fue a comprarla? La píldora cuesta lo mismo que lo que ella gana en dos meses. ¿Qué hacer? Aún enfrenta ese dilema.
Josefina es buhonera, tiene 36 años y tres hijas, una de 18, una de 12 y otra de 6. Vive con su esposo que es mecánico en un taller en el barrio. Alguna vez le asomó a su esposo que se hiciera la vasectomía. Él se negó rotundamente: “Decía que luego no se le iba a parar más…”. Y aunque ella pensaba ligarse y estaba esperando la oportunidad para hacerlo, queda embarazada por cuarta vez. Josefina sabe y siente que no puede con otro bebé: pañales y todo lo que implica económicamente y en términos de esfuerzos y tiempo, cuando de broma, medio pueden alimentarse los cinco. Josefina siguió la ruta de muchísimas mujeres pobres que practican abortos inseguros. Sobrevivió, pero sabemos que su historia pudo ser otra.
Asunto de mujeres
¿Cuál es el denominador común de estas historias? Le ocurre a mujeres, ellas son quienes padecen directamente la angustia y las consecuencias, tanto si interrumpen como si continúan un embarazo no deseado. Ellas son las que viven la complejidad emocional y el riesgo físico de interrumpir un embarazo en las peores condiciones.
Es un hecho: las mujeres interrumpen embarazos no deseados. Pobres y ricas, aunque las pobres viven las peores historias y corren los peores riesgos. Cultas e ignorantes; profesionales y no profesionales; adultas y jóvenes; católicas, de otras religiones y ateas; con culpa y sin culpa.
La inmensa mayoría en silencio, de forma clandestina y en condiciones inseguras; es decir, abortos realizados por personas sin el conocimiento calificado y sin seguir procedimientos recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Para el período 2010-2014 se estima que ocurrieron 6,5 millones de abortos inducidos, mostrando un aumento con relación al período 1990-1994 cuyo estimado fueron 4,4 millones. La tasa regional de aborto es de 48 x 1.000 para mujeres casadas, y 29 x 1.000 para mujeres solteras.
¿Por qué lo hacen? Simplemente porque necesitan hacerlo, porque no quieren reproducirse o seguir reproduciéndose en la etapa o momento de la vida en que ocurrió ese embarazo, porque saben claramente que el fruto de ese embarazo no deseado (hijas e hijos) estará fundamentalmente en sus manos para toda la vida (crianza, manutención, atención, tiempo, entre otros). Es, en concreto, una necesidad basada en la responsabilidad y una seria mirada al futuro. Un embarazo no deseado le puede ocurrir a cualquiera por múltiples circunstancias o razones, comúnmente muy lejanas a lo que el “lugar común” ha instaurado negativamente. Es importante destacar que muchas de estas razones pueden prevenirse si existe una actuación pública adecuada.
Independientemente del discurso “en contra”, la práctica del aborto inseguro existe y especialmente se lleva la vida de las más pobres o genera importantes consecuencias como perforaciones, laceraciones uterinas, desangres e infecciones. Es, por ende, un problema de salud pública existente en la realidad. No es una hipótesis. En 2014 el 10% de las causas de muerte materna en América Latina y El Caribe fue por la práctica de abortos inseguros. Entre 2010 y 2014 sólo 1 de cada 4 abortos se practicó en condiciones seguras y la proporción total de embarazos que terminan en aborto aumentó de 23% (1990-1994) a 32% (2010-2014).
Del lugar común al análisis político
Para que el tema del aborto sea abordado racional y científicamente en quienes tienen competencia pública para legislar y para impulsar la política pública, es imperante sacar el debate de los lugares comunes y del profundo sesgo religioso que le rodea, así como del constante conteo de votos que puede “perderse”.
Comprenderle como asunto público y no privado, alusivo a la garantía de los derechos humanos de mujeres: a su autonomía, a la libertad de decisión sobre su cuerpo y su función reproductiva y, finalmente, al goce pleno de la sexualidad y la salud, al derecho a la vida.
Los lugares comunes más frecuentes y erróneos, comprobado ampliamente que no son ciertos en todos los países donde ya existe la legalización, son: que promueve la irresponsabilidad y la promiscuidad, que no es una estrategia de prevención, que termina usándose el aborto como método anticonceptivo, que sólo lo practican las chicas más jóvenes.
Lo que subyace de fondo es una cultura machista que, desde un ejercicio androcéntrico de control de la institucionalidad estatal y la función legislativa, establece controles sobre el ejercicio de la sexualidad y la autonomía de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Con un doble discurso muy profundo, pues finalmente lo que se predica no es lo que ocurre, incluso en el seno de sus propios hogares. Porque está comprobado que a la hora de necesitar abortar, abortan todas, incluso las hijas, hermanas, sobrinas de quienes se enquistan en estas posiciones.
Políticas vinculadas e imprescindibles
Junto a la imperiosa necesidad de despenalización y legalización del aborto se solicita de forma imprescindible, a la par, dos componentes que coadyuvan directamente en la prevención: educación sexual a lo largo de todas las etapas de la vida, pero muy especialmente en todos los niveles de la educación: inicial, básica, media y universitaria.
Una educación que debe superar la enseñanza de la función reproductora y trascender hacia una narrativa que procure la comprensión y práctica de una sexualidad sana, liberadora, autónoma y especialmente responsable. América Latina y El Caribe tienen la tasa de embarazos no deseados más alta del mundo, 96 x 1000 mujeres en edades entre 15 y 44 años.
Asimismo, el acceso a métodos anticonceptivos hormonales, de barrera y de emergencia, de forma pública y gratuita en todo el territorio nacional. Aunque frente a esto, siempre se mira la cartera presupuestaria y se dice “es demasiado”.
Cuando se comprenda la sexualidad y la reproducción como un aspecto profundamente vinculado con la construcción de ciudadanía estas inversiones sociales dejarán de verse como “gasto” y ocuparán un lugar más importante que lo que se destina a “propaganda política clásica”, recursos que poco se cuestionan y a nadie le parece un exabrupto.
Recorrido legislativo del aborto en América Latina y El Caribe
El aborto es un tema avanzado en buena parte del mundo, les compartimos algunos datos del mapa mundial que lo confirman:
- 145 países a nivel mundial han legislado para la despenalización del aborto al menos en alguna causal.
- En 103 países del mundo, el aborto ha sido despenalizado en causal de violación, incluyendo: países africanos como Sudán, Zimbabwe y Camerún; países de la región como Cuba, Bolivia, Argentina y Mexico; países asiáticos como China, Vietnam y Corea del Norte; países euroasiáticos como Rusia, Bielorusia y Turquía.
- El Aborto es legal sin restricciones en América Latina en: Uruguay, Cuba, en la República Cooperativa de Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y más recientemente en Argentina.
- En Venezuela el aborto está penalizado siempre, a menos que la vida de la mujer corra peligro. Por lo que es urgente legislar en nuestro país sobre el aborto a favor de la vida y la salud de las mujeres.
Fuente: La 5ta Ola
La regulación sobre el aborto vigente en el mundo en 2021 dispone que está prohibido/solo permitido para salvar la vida de la mujer (rojo);
permitido por motivos de salud (naranja); permitido por motivos socioeconómicos (amarillo); permitido sin restricción de causa (verde)*.
*En muchos países se establecen límites de tiempo para la interrupción del embarazo (promedio: 3 meses).
Fuente: Statista.
El tema del aborto, su penalización y la ausencia de legislaciones no restrictivas impacta seriamente en la vida de las mujeres, tanto en su salud, como en muchas otras dimensiones que se ven restringidas o suprimidas cuando tienen que seguir adelante con embarazos no deseados.
La revolución bolivariana ha puesto énfasis en ser una revolución con rostro mujer. Entonces, ¿por qué este tema permanece en el clóset? ¿por qué año tras año el movimiento feminista solicita abrir este debate y realizar los respectivos cambios legislativos y luego que pasa la efeméride del 28 de septiembre nada ocurre?
Sería una lección histórica que la Asamblea Nacional Constituyente lleve este tema al escenario legislativo, que permita que el movimiento feminista debata los argumentos técnicos, políticos y humanos asociados y que se avance desde una perspectiva de derechos humanos en la actuación pública del Estado venezolano en un tema tan trascendente.
Referencias
1 Todas los datos estadísticos de este artículo provienen de Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access, New York: Guttmacher Institute, 2018
