Los abortos ocurren a diario en Venezuela y el resto del mundo. Pese a la condena social y a la prohibición legal que existe, las mujeres recurren al aborto en condiciones de inseguridad, estigmatización y profunda soledad, con riesgos elevados para sus vidas.
La mayoría de las mujeres en el mundo tienen al menos un aborto, espontáneo o provocado, alguna vez en el transcurso de sus vidas. De los 56 millones de abortos provocados entre 2010 y 2014, 25 millones fueron realizados de manera insegura. Hablamos de un 45% de todos los abortos reportados al año según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher.
Según este Instituto, 121 millones de embarazos no planeados ocurrieron cada año entre 2015 y 2019. De estos embarazos no planeados, el 61% terminó en aborto. Esto se traduce en 73 millones de abortos por año.
En PH9 queremos dar a conocer cuál es la dimensión de este problema en Venezuela: ¿Quiénes están a favor de la despenalización del aborto en nuestro país, qué proponen y qué acciones han realizado para promoverlo?
Las pobres se llevan la peor parte
América Latina y el Caribe registra el porcentaje estimado más alto de abortos inseguros en el mundo, según el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI).
La mayoría de abortos inseguros o peligrosos se produjo en países africanos, asiáticos y latinoamericanos: 3 de cada 4 abortos practicados en África y América Latina discurrieron sin condiciones de seguridad, según reportes de la OMS.
Estos datos evidencian que, más allá de posiciones individuales morales y religiosas respecto al aborto, se trata de un problema de salud pública. El contexto de ilegalidad y penalización del aborto expone a las mujeres a riesgos sociales, médicos, psicológicos y jurídicos.
Son precisamente las mujeres más empobrecidas quienes se ven mayormente afectadas por la ilegalidad del aborto, esta práctica ocurre todos los días, solo que quienes no cuentan con recursos económicos para hacerlo de manera segura ponen en riesgo su salud e incluso sus vidas. Nelmary Díaz de la asociación civil PLAFAM señala que «las mujeres más pobres que no tiene acceso no solo a abortos que no sean en condiciones de riesgo, sino tampoco a anticonceptivos, son las que generalmente pueden llegar a un aborto inseguro».
Aunque el aborto forma parte de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en 2013 por el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo impulsado por la ONU, está tipificado como delito en la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Argentina, Uruguay, Cuba y Puerto Rico.
En cinco países del mundo el aborto está totalmente prohibido en todos los casos, tres se encuentran en nuestra región: Nicaragua, República Dominicana y El Salvador.
Las cifras en Venezuela
Una de las mayores dificultades para tener una dimensión de la problemática social respecto al aborto en Venezuela es la ausencia de información al respecto. Al ser una práctica ilegal, no existen estadísticas oficiales sobre abortos inducidos realizados.
Sin embargo, hay dos investigaciones realizadas por organizaciones sociales que pueden brindarnos una referencia para comprender la magnitud del problema.
Primero, las organizaciones agrupadas en la «Coalición Equivalencias en Acción» reportaron que entre los meses de agosto y diciembre de 2018 se registró un total de 2.246 abortos en cuatro instituciones hospitalarias del país. Es decir, 15 abortos diarios, un promedio aproximado de 1 aborto por cada 4 partos.
Los abortos fueron finalizados en estas instituciones e informados por las pacientes durante su atención. Del total el 31% correspondió a menores de 18 años, y 4 abortos se produjeron en niñas menores de 12 años, casos de los que se podría inferir violencia sexual.
Segundo, existen datos sobre las mujeres que solicitan información al servicio de atención telefónica de la «Línea aborto información segura», que orienta a las mujeres sobre cómo realizarse un aborto con pastillas.
La organización reporta un promedio de tres (3) personas diarias para un total de 1.142 llamadas durante 2019, según el informe «El aborto desde la escucha» realizado por la organización Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva (Faldas-R).
La edad de las mujeres que llamaron a la Línea osciló entre los 25 y 26 años, un 42% trabajadoras y un 27% estudiantes, un 11% trabajan y estudian y otro 9% se identificaron como «amas de casa». La mayor parte de estas mujeres culminaron sus estudios secundarios: 55% son bachilleres, 25% culminó estudios universitarios y 12% llegó a estudios técnicos.
Del total de mujeres que llamaron durante el año 2019, el 44% tiene entre une y cuatro hijes: la mayoría de ellas uno solo (28%), seguido de un 10% que tienen dos, un 2% tiene tres , otro 2% tiene cuatro y un 1% más de cuatro, desmintiendo uno de los estigmas más comunes que separa a las mujeres madres de las mujeres que abortan: las madres no abortan, las que abortan no son madres.
En cuanto a la mortalidad materna como consecuencia de abortos en condiciones inseguras, el doctor Enrique Abache, ex Director de la Maternidad Concepción Palacios y actual Director Médico de PLAFAM, ubicó esta cifra en un 13% de la tasa de mortalidad materna, durante su participación en el foro «Perspectivas desde la salud acerca del aborto», organizado por el grupo feminista Las Comadres Púrpuras.
Planteó además que en este momento, ante la dificultad de acceso al misoprostol, se están volviendo a presentar complicaciones médicas por la practica de abortos a través de métodos inseguros, como puede ser el uso inadecuado de los medicamentos o la utilización de insumos caseros como la introducción de hierbas e incluso objetos como ganchos de ropa para provocar la expulsión del saco gestacional.
Nuestra legislación y sus problemas
En nuestro país, los derechos sexuales y reproductivos están reconocidos en la Constitución Nacional, que obliga al Estado a garantizarlos. En 2003 se elaboró la Norma Oficial para la Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva, emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud la cual fue actualizada en 2013.
Esta norma establece que se debe brindar atención médica inmediata y con trato humanizado a quienes se realicen abortos voluntarios con técnicas inadecuadas y deficientes condiciones sanitarias, reconociendo que este tipo de práctica «puede llevar a la madre a graves complicaciones como la hemorragia y sepsis, las cuales constituyen una de las principales causas de muerte materna«.
De igual manera plantea aplicar tratamiento médico post-aborto, brindar anticoncepción post-aborto con consentimiento informado de la usuaria y referir psicoterapia de apoyo. Es decir, la atención médica aún en casos de abortos voluntarios está garantizada, ya que las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de inseguridad ponen en riesgo la salud e incluso la vida de las mujeres.
Sin embargo, según los artículos 430, 431, 432 y 433 del Código Penal Venezolano la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal y punible, está penalizada con sanciones de privación de libertad que van desde los seis meses hasta los cinco años.
Las penas se agravaban cuando el aborto es realizado sin el consentimiento de la mujer. Nuestro país presenta una de las legislaciones más restrictivas en materia de aborto, siendo permitido únicamente cuando corre riesgo la vida de la madre.
Pese a haber firmado y ratificado diversos convenios internacionales que garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el Estado venezolano sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de adecuar su legislación respecto a la prohibición del aborto, para hacerla compatible con los otros derechos fundamentales como el de la salud, la vida y la dignidad de la mujer.
En el cuarto informe periódico como Estado Miembro de Naciones Unidas el Comité de Derechos Humanos de Venezuela, en 2015, afirmó que las disposiciones penales relativas al aborto no se aplicaban en la práctica. Pero esta situación cambió radicalmente en 2020 con la detención de la activista Vannesa Rosales.
Presa por acompañar
Cuando la ley se cumple las mujeres van presas, así sea por actuar en contra de otro delito. Este es el caso de la docente y activista de derechos humanos Vannesa Rosales quien fue detenida el 12 de octubre de 2020, en su hogar de Pueblo Nuevo, estado Mérida. ¿La razón? Facilitar apoyo a una adolescente de 13 años de edad, para interrumpir un embarazo producto de una agresión sexual.
Sin embargo, el Tribunal de Control del Estado agravó los cargos y le imputó los delitos de agavillamiento y asociación para delinquir, cargos que podrían aumentar la sentencia a la que se enfrenta Rosales, quedando de la siguiente manera en este momento:
Luego de varios meses detenida, el 12 de enero de 2021 recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad, por lo que se encuentra actualmente detenida en su casa. El Ministerio Público (MP) le imputó el cargo de inducción al aborto durante la audiencia de presentación.
1) «ABORTO PROVOCADO CON EL AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO EN UNA ADOLESCENTE» previsto y sancionado en el Artículo 432 del «Código Penal Venezolano» con agravante en el Artículo 217 de la «Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente».
2) «AGAVILLAMIENTO» previsto y sancionado en el Artículo 282 en concordancia con los artículo 83 y 86 del «Código Penal Venezolano».
3) «ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR» previsto y sancionado en el Artículo 86 en concordancia con el Artículo 37 de la «Ley Orgánica Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Delincuencia Organizada».
De estos hechos punibles, tanto agavillamiento como asociación para delinquir son el mismo delito definidos en dos instrumentos legales diferentes; en este sentido, se acusa a una misma persona con dos leyes diferentes, lo cual constituye un error jurídico y una violación de derechos humanos.
Sigue pendiente la audiencia preliminar que debió realizarse en diciembre y hasta la fecha las autoridades no han convocado. Mientras tanto, el violador de la adolescente sigue en libertad.
Exigencia amplia por la despenalización
En Venezuela existen diversas organizaciones feministas: Tinta violeta, La Araña Feminista, Las Comadres Púrpuras, Avesa, Faldas-r son sólo algunas de ellas. Se ubican en un amplio espectro político y divergen en muchos temas, acciones y enfoques. Pero, el clamor por la despenalización del aborto y su urgencia en el país las une.
Sus argumentos reivindican, por una parte, el derecho a la autonomía corporal y la autodeterminación de las mujeres y, por otra, la necesidad de atender un problema de salud pública que viene produciendo un aumento de la mortalidad materna y de violencia obstétrica hacia las mujeres que se practican abortos inseguros.
Las integrantes de Faldas-R interpusieron en 2018 una medida de nulidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de cuatro artículos del Código Penal que tipifican el aborto como delito. Sin embargo, sostienen la nulidad del delito de aborto cuando es provocado sin el consentimiento de la mujer embarazada.
Tamara Adrián, abogada y defensora por los derechos LGBTQ, lo interpretó como una de las acciones efectivas de las experiencias feministas, un litigio estratégico que puede permitir declarar inconstitucionales los artículos señalados del Código Penal que mantienen la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema jurídico venezolano.
En este momento de profunda polarización política en el país, algunas de estas organizaciones y militantes feministas vienen promoviendo una plataforma que permita unir esfuerzos en la lucha por la despenalización del aborto. Una de sus principales acciones es la campaña #Madresiyodecido, para abrir espacios de debate público sobre aborto en Venezuela y colocar el tema en agenda política.
Indhira Libertad Rodríguez, de la Red La Araña Feminista, describe su objetivo: «construir una plataforma unitaria por el aborto legal, seguro y gratuito, en la cual el movimiento feminista venezolano, superando la polarización sostenida por al menos 10 años, pueda trabajar en función de un bien común».
Desde su perspectiva, esta plataforma permitiría avanzar en dos frentes de manera paralela, por un lado la despenalización jurídica, y por el otro la despenalización social.
Sin embargo, para Vanesa Rosales hay que tomar medidas en el corto plazo, que permitan disminuir la violencia jurídica contra las mujeres que abortan.
Rosales explica que, frente a una Asamblea Nacional tan conservadora, el debate que deberíamos dar para ir avanzando es al menos por las tres causales humanitarias: cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la gestante, en casos de violación y/o incesto, e inviabilidad del feto. «Por lo pronto lo más importante es que las mujeres no sigan siendo criminalizadas por tener un aborto en diferentes situaciones. Para nosotras sería ideal que no hubiesen causales, pero en el corto plazo es lo que podemos alcanzar».
