¿Qué tienen en común la Cota 905, las minas en el estado Bolívar, la frontera con Colombia y el Tren de Aragua? Es la pregunta que orienta y resume el trabajo presentado por Andrés Antillano el pasado 25 de febrero en el seminario «Entradas y salidas a la violencia. Investigación, políticas de representación e intervención», organizado por la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela y la Red de Activismo e Investigación por la convivencia (REACIN). Esta tercera sesión del seminario reunió a Verónica Zubillaga y Andrés Antillano para presentar avances e hipótesis sobre sus investigaciones sobre órdenes territoriales armados y gobernanzas locales en Caracas.
A propósito de la noticia de hace más de un mes sobre la muerte de El Koki, el mediático integrante de la banda de La Cota 905, nos interesa reseñar el análisis de Antillano en este seminario sobre los factores asociados a los mercados ilegales y la violencia criminal, a partir del estudio de un conjunto de casos específicos en Venezuela reciente.
La caída de El Koki en un intenso operativo de seguridad en Tejerías generó una avalancha inmediata de noticias sobre detalles del hecho, de la vida de El Koki, de su banda. También llegó a ser tema de voceros políticos. Por un lado, declaraciones oficiales del gobierno sobre sus relaciones con planes conspirativos internacionales. Y del otro lado, la oposición con opiniones y declaraciones sobre la ineficacia del gobierno para controlar la problemática e incluso sobre complicidad y pactos con la banda.
Pero, ¿qué hay detrás de la mítica imagen de El Koki en los medios y las teorías conspiradoras de los actores políticos? Antillano reconoce factores comunes en La Cota 905, en las minas de Bolívar, la frontera Venezuela-Colombia y el Tren de Aragua.
Rasgos de contextualización
La Cota 905 se trata de un reciente cordón de pobreza urbana que, a diferencia de otros barrios de Caracas que datan de principios o mitad del siglo XX, fue el albergue de la migración interna durante estas dos últimas décadas, por lo tanto más precaria y con menos acumulación de capital económico y social que el resto de las barriadas de la ciudad. Esta población experimentó el boom de la inversión social y el consumo al inicio de la primera década del siglo XXI y su caída en los últimos años.
En este territorio, la intervención estatal a través operativos policiales caracterizados por muertos en enfrentamientos y encarcelamiento masivo, redujo la competencia entre los grupos delictivos y abonó la centralización y ordenamiento de dichos grupos. Aquí la economía gira alrededor de las drogas, el secuestro.
El caso de las minas en el sur del país, Antillano lo vincula al auge y quiebre de las empresas básicas y la inversión en construcción que ha dejado a contingente de trabajadores sin empleo. En los últimos años estos se han desplazado de los centros urbanos como Ciudad Bolívar y San Félix, para trabajar en la pequeña minera artesanal en búsqueda de ingresos para sobrevivir.
Pese a las difíciles y explotadoras condiciones de las minas, éstas son casi la única posibilidad de ingresos en la zona. La intervención estatal en este territorio ha transformado las relaciones de producción al industrializar el procesamiento secundario de la extracción de oro, generando mayores recursos económicos a los grupos que controlan esa etapa, y manteniendo la minería artesanal en condiciones precarias. Este tipo de economía requiere del control de las poblaciones que ejercen la minería artesanal, de los medios de procesamiento de las colas de oro y las relaciones con la industria estatal del oro en el territorio.
La frontera con Colombia también vivió el auge y caída de la economía de frontera entre la primera y segunda década del siglo XXI. Aquí el Estado ha intervenido con el constante cierre y apertura de la fronteras alterando la vida social y económica de la zona. Esto a causa de la inclusión de Colombia en los conflictos políticos internos y generando impasses diplomáticos, y más reciente y drásticamente la pandemia. Ahora, la economía de frontera gira alrededor del control de trochas y tráfico de productos.
El caso del Tren de Aragua, una banda surgida dentro de la cárcel de Tocorón, también lo asocia Antillano a la recesión económica de estas últimas dos décadas en los cordones industriales y la inversión en construcción en ese estado. En paralelo al aumento de la población carcelaria que tiene en esa zona la cárcel de Tocorón que ha abonado a la constitución y crecimiento de esa organización criminal. La actividad económica o la generación de renta se organiza, principalmente, alrededor de la extorsión de la actividad comercial que queda en la zona.
Factores comunes
Para Antillano estos casos tienen dinámicas comunes entre ellos. En primer lugar, aceleradas e intensas dinámicas de exclusión económica y social que ha generado el drástico cambio entre el auge económico la primera década del siglo XXI y la caída económica de la segunda década. Segundo, pero de forma articulada, dinámicas de exclusión institucional vinculado a ciertas formas de intervención estatal que erosionan la capacidad regulatoria estatal.
Estas dinámicas por un lado producen contingentes de desempleados, de excluidos. Y por otro, erosiona los mecanismos regulatorios informales familia, escuela, trabajo, consumo. Para el autor, esta combinación produce un «ejército de reserva», en el sentido de una fuerza productiva que no se inserta al mercado laboral formal, y queda a disposición de mercados ilegales no regulados formalmente.
Es en este contexto que emerge lo que el autor llama «gobernanzas de las economías ilícitas». Estructuras de control social informales e ilegales que necesitan ejercer orden y control en esas economías ilícitas, que son estructuras costosas y requieren optimizar sus ganancias. Es decir, gente organizada, bandas como suelen llamarles los medios de comunicación, que controla a la población por mecanismos ilegales y violentos.
La presentación del autor resalta aspectos comunes de los casos que ocupan poco por no decir casi nulo espacio en las noticias: las condiciones de exclusión social, institucional y las economías ilícitas en que la violencia y los mercados ilegales emergen posibilidad de vida, o mejor dicho de sobrevivencia.
Lejos de la mediática imagen de El Koki, de las teorías de conspiración del gobierno y la oposición, lo que el autor presenta con la investigación empírica es que la violencia funciona como un eje organizador de grupos bajo una lógica de funcionamiento económico, que se asemeja al funcionamiento de las empresas. Se trata de un cambio en las formas del ejercicio de la violencia. Si a principios del siglo en los sectores populares la violencia se presentaba de forma poco organizada y de carácter expresivo, ahora articula grupos altamente organizados y con fines económicos claros y priorizados.
En este sentido, el seminario revolotea sobre lo que la muerte de El Koki no resolvió, las condiciones socio-económicas estructurales en las que emerge la violencia criminal organizada. Un ejercicio analítico para entender la violencia criminal y los mercados ilegales en un contexto amplio histórica y analíticamente. Tal como lo planteó Antillano, lejos de conclusiones, se trata de hipótesis y puntos de partida para abordar la violencia criminal y los mercados ilegales, desde perspectivas diferentes a la noticia, breve y efímera.
