Reportaje 1
Tenencia y redistribución en la última reforma agraria de Venezuela
En 2010, el fenómeno meteorológico “La Niña” afectó con prolongadas y fuertes lluvias a todo el territorio nacional. El Sur del Lago sufrió grandes inundaciones, como en décadas anteriores también había vivido. Miles de hectáreas se inundaron, toneladas de rubros agrícolas se perdieron, y alrededor de 10.000 reses murieron.
El gobierno de Hugo Chávez implementó un plan integral de reconstrucción con una inversión equivalente a 104,5 millones de dólares, para desarrollar 8 programas de acción en 21.000 hectáreas con énfasis en ganadería doble propósito, producción de plátano, infraestructura para recolección de leche, y pesca artesanal.
“Son 450 millones con 181 mil bolívares; una cifra bastante alta; diez veces el presupuesto de este municipio“, dijo en un Aló Presidente, Hugo Chávez, desde la hacienda Bolívar.
Además, se anunciaron convenios con los gobiernos bielorruso, ruso y chino para hacer grandes inversiones en esta zona del país.
En el marco de este plan, se expropiaron y rescataron 47 fundos: 42 fundos en Zulia y 5 en Mérida, reconocidos por la producción de palma aceitera, leche, carne, y plátano. Un total de 24.000 hectáreas, entre las que se encontraba la Hacienda Bolívar.
De Bolívar a La Bolivariana
La hacienda Bolívar fue fundada en 1893 por Albino Medina. Finca de 3.900 hectáreas ubicada en Sur del Lago, en la carretera que va de Santa Bárbara del Zulia a El Vigía en el actual estado Mérida. Una finca que inició su producción con la siembra de caña, plátano y maíz.
Luego fue adquirida por la familia Brillengurg hasta el momento de su expropiación. Para ese tiempo la propiedad estaba a nombre de Darío Brillemburg, vinculado al negocio financiero, dueño del grupo Confinanzas y amigo de la familia Rockefeller.
Desde la reforma agraria iniciada en 1960, el Sur del Lago, por la condición extraordinaria de sus suelos, se convirtió en un epicentro de problemas e inestabilidad en la tenencia de la tierra. Es la principal zona productora de musáceas del país y una de las más importantes de leche y carne.
El 17 de diciembre de 2010 el gobierno expropió la Hacienda Bolívar, famosa por desarrollar la raza de bovino Santa Gertrudis, traído de Texas (Estados Unidos) durante el gobierno de Juan Vicente Gómez, y el churrasco Santa Bárbara.
La Hacienda Bolívar pasó a llamarse La Bolivariana y quedó bajo administración de la Empresa de Producción Socialista La Marisela, creada en 2008 como empresa adscrita el Ministerio de Agricultura y Tierras y cuyo núcleo central de trabajo se encuentra en fundos del estado Apure.
En este momento, el gobierno nacional acusó a los propietarios de esta Hacienda de mantener a 137 empleados en condiciones precarias y de explotación, en casas deterioradas, con falta de atención médica, sueldos bajos, carencia de seguro y protección social.
Para este año, la hacienda producía 5.500 litros de leche y poseía 9.500 cabezas de reses, con siembra de maíz y plátanos, principalmente.
A seis meses de aplicada la medida de expropiación, el Gobierno no había realizado el pago de las bienhechurías, según denunciaron representantes de la finca. Y ocho meses después, los trabajadores protestaban por la salida de buena parte del rebaño sin explicación de su destino, la disminución de la producción de leche y el retraso en el pago de salarios, hasta por 3 meses.
“Esto va en retroceso, se ha deteriorado mucho la finca, aquí el personal está parado, muchos vienen a cumplir horario. Esto no lo manejan los obreros sino unos militares que vinieron de Apure, hay como 20 jefes, esto es un desastre”, reclamaba Romualdo Canquiz en el 2011.
Al siguiente año de su rescate, un grupo de 1.500 campesinos ocuparon espacios del predio de La Bolivariana, por fuera de lo planificado por la empresa La Marisela. Autoconstruyeron casas y comenzaron a sembrar, de igual manera demandando atención por parte del Estado.
En el año 2012, los administradores de la finca entran en juicio contra un grupo de campesinos acusándolos de “(…) ordeñar el ganado de las materas donde están apostados, queman el pasto, impiden con amenazas de muerte el paso de los trabajadores a ordeñar el ganado, cargan con los frutos, cortan el alambre de púas ocasionando la salida intempestiva del ganado a la carretera, hecho que ha generado varios accidentes de tránsito, causando cuantiosas pérdidas económicas a esta empresa estatal”, según reza en las actas del Juzgado Superior Agrario del Zulia.
La producción de la finca continuó en declive; solo la producción de leche había mermado a 75 litros diarios. Los conflictos de gestión entre administradores, trabajadores y ocupantes llevaron a una crisis que derivó en una nueva intervención institucional, a través de una Junta Agraria Municipal conformada por funcionarios de organismos del Mppat.
Según censo realizado en 2014, habitaban estas tierras 958 personas pertenecientes a 19 cooperativas, con un importante incremento de ocupantes que, según declaraciones del INTI, se debía a la venta ilegal de parcelas.
Esta intervención derivó en un desalojo forzoso de 1.500 campesinos. Para organismos del Estado se trató de una reubicación. La nueva junta administradora de la finca, igual conformada por miembros de la Empresa La Marisela, reportaba para 2016 un incremento de la producción a 1.200 litros de leche diarios, con un rebaño que no superaba las 2.000 reses.
En 2015 el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice visitó la hacienda y constató instalaciones deterioradas, caída de la producción y desaparición del ganado Santa Gertrudis. “La infraestructura que tenía esa propiedad estaba en el piso”, expresó en aquel momento Ana Carrasquero.
Posteriormente, un 50% de tierras de Bolívar La Bolivariana fue entregada a la Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional (Agrofanb) que tampoco recuperó sus condiciones productivas.
En el 2019 el INTI adjudicó 1.500 hectáreas a cooperativas campesinas. De éstas, 400 hectáreas fueron adjudicadas a la Cooperativa Campesina El Capital, en las tierras que anteriormente estaban bajo control de Agrofanb. Denunciaron que estaban en completo estado ocioso y que la hacienda había sido desvalijada.
Los conflictos y las dificultades para la convivencia y la producción atraviesa la historia de los últimos dos años. En 2020 se produjeron nuevas confrontaciones. Los integrantes de la Cooperativa La Victoria señalaron que el alcalde Vladimir Labrador del municipio Colón, junto a un concejal y al representante de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), provocaron una invasión de las tierras: ”Es lo que buscan los dirigentes de este municipio enfrentar a campesinos con campesinos”.
Las familias campesinas, actualmente, están sembrando maíz, auyama, yuca, más de 80 animales, pero expresan que además de las profundas dificultades económicas del país están enfrentando la situación de la pandemia. Continúan pidiendo apoyo a las autoridades de la política agrícola nacional.
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