El Estado de la cuestión
En la medida que buena parte de la complejidad del análisis económico en la Venezuela de hoy pasa por vérselas con la inexistencia de indicadores oficiales actualizados, no sorprende que -como pasa con otros temas sensibles, por ejemplo el Presupuesto Nacional- se desconozca el monto exacto de la deuda pública.
A este respecto, la cifra oficial más actualizada disponible data de octubre de 2019, cuando el BCV publicó en su página web el monto de la deuda externa total hasta el primer trimestre de dicho año, la que situaba en 110.159 MM US$, de los cuales 91.514 MM US$ correspondían a pasivos del sector público y el resto de privados.
Un par de años antes, en junio de 2017, fecha del último informe publicado por la Oficina Nacional de Crédito Público, el monto de la Deuda Pública Nacional del Gobierno Central –sin incluir PDVSA- ascendía a 143.471 MM US$, de los cuales 46.440 MM US$ correspondían a externa y 97.031 MM US$ a deuda interna.
En consecuencia, con lo único que contamos oficialmente hablando hoy día en materia de indicadores sobre deuda es con estas actualizaciones parciales: la del BCV referida a la externa de hace dos años, y con la de la ONCP sobre la del gobierno central de hace cuatro.
Como es de esperarse, en medio de este apagón estadístico oficial los indicadores paralelos han proliferado. Pero una primera cuestión que de inmediato destaca con las cifras que ofrecen analistas y medios de comunicación es que -como veremos más adelante- son poco precisas, al punto que difieren entre sí por varios miles de millones de dólares, lo que no es cualquier detalle.
A esta falta de precisión hay que sumarle las dudas adicionales que generan los intereses políticos que animan muchas de estas contabilidades, lo que tampoco es un detalle menor. Esto por no hablar de los intereses pecuniarios: varios de quienes se dedican a abordar públicamente el tema son empleados de los acreedores o acreedores ellos mismos, es decir, parte interesada en el debate.
Un asunto adicional, no menos importante a tener presente, es que la propia arquitectura institucional que ha acompañado el proceso de endeudamiento primero y de pago después supone un marco de complejidad y celo informativo que dificulta el seguimiento ciudadano del tema. Tras la aparición de las sanciones en 2015 esta condición se reforzó, al punto que hoy día bajo el amparo de la ley antibloqueo el secreto de Estado en cuestiones como éstas -otrora de dominio público- forma parte de nuestra nueva normalidad político-institucional.
Ya en un terreno más técnico, cuando se habla de la deuda venezolana se debe tener presente que las diferencias entre los montos también derivan de los conceptos que en ella se incluyan. Para ir de lo simple a lo complejo, en el caso por ejemplo de la externa, en algunas contabilidades se incluye no solo la pública (adquirida por el Estado) sino también la privada. Y el tema con esto es que si bien es correcto asumir ambas como deudas del país no por eso debe contarse la privada como pública, en el sentido que sea responsabilidad del Estado pagarla, como algunos por confundidos o que quieren confundir pretenden.
Adicionalmente, en el caso de la deuda adquirida por el Estado, a veces se cuenta solo la denominada Soberana, que en nuestro caso es la emitida por el BCV a través de bonos de la República. No obstante, a ésta hay que agregar la emitida por PDVSA y otras empresas públicas, además de la asumida directamente por el Ejecutivo a través de acuerdos bilaterales con gobiernos (Rusia y China, por ejemplo), organismos multilaterales (CAF, BID, etc.), o con bancos privados. También cuentan las deudas comerciales con proveedores públicos y privados, y de un tiempo a esta parte, las derivadas de litigios por casos de nacionalizaciones y expropiaciones.
Por último, hay que tomar en cuenta que no es la externa la única deuda del Estado venezolano: una cantidad no menos importante es interna, derivada de bonos y otros préstamos asumidos con particulares en el país.
En resumidas cuentas, la realidad del caso es que esta serie de factores se conjugan para que la deuda venezolana y todo lo que circula en torno a ella sea una suerte de misterio. Específicamente en lo referido a su monto, nadie fuera de quienes manejan directamente el tema puede decir con propiedad a cuánto asciende, pues la información oficial es incompleta y desactualizada mientras que la extraoficial es imprecisa y parcializada. Y cuando nos metemos en otros terrenos, como veremos a continuación, el cuadro no mejora.
Si no sabemos exactamente cuánto debemos y qué debemos, ¿sabemos al menos cuánto hemos pagado?
Pero si ya es problemático no saber en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas a cuánto asciende y qué exactamente debemos por concepto de deuda pública, debemos agregar que tampoco sabemos con certeza cuánto se ha pagado en los últimos años por dicho concepto, siendo que lo poco que sabemos genera más preguntas que respuestas.
En este último sentido, el día de la entrega de la Memoria y Cuenta de su gestión 2020 ante la Asamblea Nacional a principios de este año, el presidente Nicolás Maduro ofreció un valioso dato que sirve como punto de partida para reconstruir lo que ha pasado con este tema en los últimos tiempos. No podemos decir que el dato ofrecido por el Ciudadano Presidente sea en estricto rigor un indicador pues no está asentado en ninguna parte que pueda ser públicamente verificado, pero quién más autorizado que el primer mandatario nacional para hablarnos sobre el tema. Como quiera, 12 de enero de los corrientes, durante su discurso de presentación de la Memoria, justo cuando denunciaba los efectos de las sanciones y el bloqueo, el presidente Maduro señaló lo siguiente:
“En medio de toda esta circunstancia, Venezuela demostró históricamente su voluntad de pago y su reconocimiento de sus compromisos externos a nivel financiero. Los venezolanos somos un pueblo responsable que honra sus obligaciones, y prueba de ello es -¡oído!- que durante el período 2013, que me correspondió como Presidente hasta el 2017, aún con guerras económicas y sanciones el país canceló a los acreedores de nuestra deuda externa un total de 109 mil 619 millones de dólares”.
Si volvemos a la sección de estadísticas de la página web del BCV, veremos que para el cierre del año 2012, el monto de la deuda externa del sector público ascendía a 110.832 MM US$. Esto supondría, según lo dicho por el Presidente aquel día, que entre 2013 y 2017 se pagó prácticamente la totalidad de la deuda externa contraída hasta 2012.
A todas luces esto sería una extraordinaria noticia de cara al futuro del país, pese al enorme sacrificio que ha significado tamaña erogación en medio de una situación tan crítica como la que vivimos justamente a partir de aquellos mismos años. Sin embargo, cuando se revisa la serie completa resulta que el BCV al cierre de 2017 reportó una disminución por concepto de deuda externa de solo 18.870 MM US$, al pasar de los 110.832 MM US$ de finales de 2012, a 91.962 MM US$ al cierre de 2017, cifra que prácticamente se mantiene intacta hasta los 91.514 MM US$, que como dijimos, es la última que reporta el banco para el primer trimestre de 2019.
Lo que esto significa, dicho en cristiano, es que el dato ofrecido por el Presidente en ocasión de la entrega de su Memoria y Cuenta 2020 en torno a los pagos efectuados por concepto de deuda externa entre 2013 y 2017, no parece estar asentado en la información publicada por el BCV.
Esto no quiere decir que lo afirmado por el Presidente no sea cierto: lo único que significa es que el BCV para el período señalado no lo refleja, asumiendo que estamos hablando de una data que tiene dos años desactualizada. Por otro lado, existen varias explicaciones probables para el desfase, incluyendo que una parte de los compromisos haya sido pagada con emisión de nueva deuda. O los abusivos intereses generados por la manipulación política del riesgo país por parte de las calificadoras a lo que luego se sumó el cerco financiero en el marco del bloqueo, lo que disparó en su momento los intereses de las amortizaciones.
¿Una deuda que mientras más se paga más crece?
El asunto es que en la medida que este tipo de cosas no se aclare las especulaciones vuelan por los aires y la incertidumbre nacional ídem, lo que poco contribuye a la normalización del conflicto político y mucho menos a la recuperación económica. Veamos una muestra de a qué nos referimos:
- En 2017, en un trabajo especial del portal de noticias Prodavinci que citaba datos del economista Miguel Ángel Santos, asesor de Juan Guaidó miembro del equipo de Ricardo Hausmann -un conocido representante de los tenedores de deuda venezolana- se estimaba la deuda externa en 184.500 millones de dólares, de los cuales 112 mil correspondían a la República (Gobierno Central/BCV) y el resto a PDVSA.
- En junio de 2019, Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma Torino Capital, ex candidato a ministro de economía de Henry Falcón en las elecciones de 2018 y uno de los más encumbrados representantes de los tenedores de deuda venezolana, estimó la deuda externa en “150 mil millones de dólares”.
- El ya citado Miguel Ángel Santos, en abril de 2019, estimó de nuevo la deuda, esta vez en “157 mil millones de dólares”.
- En agosto del mismo año, la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional -en aquel momento de mayoría opositora al gobierno central y en la práctica en desacato según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia- estimó la deuda externa en “al menos 130 mil millones de dólares”.
- En un informe de 2020, el think-thank neoliberal CEDICE, reportó que “La deuda externa gubernamental (la deuda por bonos de la República y PDVSA, laudos arbitrales y expropiaciones) es aproximadamente 162 millardos de dólares”.
- Según el Banco Mundial, la deuda externa venezolana a finales de 2019 ascendía a 160 mil millones de dólares.
- La Agencia Bloomberg en el marco de la entrevista realizada al presidente Nicolás Maduro por el periodista Erik Schatzker, estimó la deuda externa venezolana en 160 mil millones de dólares.
Para un país bloqueado y acosado que en un período de siete años perdió probablemente el 80% del tamaño y fortaleza de su economía y cuya principal fuente de ingresos -la petrolera- se encuentra en sus peores niveles históricos, no puede resultar lo mismo plantearse una recuperación teniendo pendiente una deuda que puede que sea el doble del actual PIB a no tenerla.
Desde luego, siempre podemos hacer el ejercicio de descartar todas estas estimaciones asumiendo que están políticamente motivadas, que seguramente lo están. Pero el problema de fondo es que mientras persistan los vacíos informativos y desfases estadísticos, siempre habrá espacio para que estas se cuelen y posicionen, que lo grave no es por cierto que generen “ruido” o confundan” sino que marcan la agenda política, y más específicamente, influyen sobre la formulación de las políticas económicas. Por poner un ejemplo: buena parte del discurso privatizador de PDVSA se sostiene sobre la base del alto nivel de endeudamiento que se nos dice permanentemente enfrenta la empresa.
Por último, pero no menos importante, otro par de asuntos que también merecen ser aclarados de cara al país, son los referidos al origen de la deuda así como la acción de factores de la oposición en el agravamiento del problema.
Con respecto a lo primero, hay que tener claro que si bien la administración de la misma -lo que incluye su pago- compete al gobierno del presidente Maduro, su origen no. Al 31 de diciembre de 2012, tomando en cuenta lo reportado por la ONCP, el BCV y PDVSA, el monto total de la deuda pública se situaba en unos 177.801 MM US$, lo que incluye la interna. En estricto rigor, se trataba de una cifra manejable. El PIB venezolano al cierre de 2012 según el banco mundial era de 381 MM US$, por lo que el costo de la deuda representaba tan solo un 46% del mismo, lo que para los estándares internacionales se considera un endeudamiento moderado (para que nos hagamos una idea, la deuda de España para ese mismo año ascendía a 84% de su PIB).
El problema es que casi toda fue asumida justo en el período durante el cual los ingresos del petróleo crecieron más que significativamente. El caso más llamativo es el de PDVSA, empresa que además buena parte de su endeudamiento lo realizó mediante la emisión de bonos pagaderos en dólares si bien fueron emitidos en bs, lo que tuvo el agravante de favorecer las condiciones para que muchos de los tenedores que los adquirieron en mercado secundario fueran especulativamente contra el bolívar con el fin de maximizar sus ganancias. Otro asunto complejo es el de los plazos. Por caso: más de la mitad del endeudamiento con China se hizo a plazos de tres años concentrando en poco tiempo compromisos que pudieron ser mejor distribuidos.
De no haberse producido la caída abrupta de los precios y la producción petrolera y todo el acoso posterior a 2012 tal vez no habría sido problema, pero ya sabemos que no fue el caso. Pero, incluso con tales condiciones ideales, se trataba de una exposición en extremo riesgosa, al parecer basada en unas expectativas poco factibles de un mercado petrolero creciendo indefinidamente.
Cierto es que al gobierno del presidente Nicolás Maduro se le puede reprochar que la estrategia de buen pagador elegida para enfrentar el problema no tuviera los resultados esperados: no evitó que creciera el riesgo país, a la larga tampoco caer en default, no planteó de entrada una reestructuración que le hubiera permitido negociar en mejores condiciones financieras, con el agravante que ha implicado un sacrificio de recursos que bastante falta le han hecho y hacen al país y hubiera permitido sortear mejor el default socioeconómico al cual nos ha terminado conduciendo el conflicto político y el bloqueo. Sin embargo, también es verdad que se trata de un problema en buena medida heredado que ha tenido que sortear en condiciones de todo menos normales. Al menos las autoridades de PDVSA de la época nos deben una explicación convincente de por qué se asumió desde 2004 y al menos hasta 2011 una deuda semejante en condiciones tan rígidas, basada en unas expectativas tan “optimistas” de un mercado históricamente tan volátil como el petrolero.
En cuanto al papel de factores de la oposición en toda esta historia, es público notorio y comunicacional que en su empeño de hacerse con el poder por vías no legales los ha llevado tanto a aliarse con factores anti-nacionales como a valerse de cualquier arma para afectar la gobernabilidad, lo que no solo ha pasado por promover primero y apoyar después el bloqueo económico contra el país, sino incluso a servir de instrumentos para despojar a la República de muy valiosos activos como botín de pago de acreedores hostiles y cuyas exigencias están más que en entredicho.
En fin, se trata esta de una historia de la cual queda por aclarar mucho, que no puede reducirse al querer pagar o no, a poder pagar o no, pues ya no ha costado mucho y nos costará aún mucho más de seguir las cosas tal cual van. Si hay un tema de cuya resolución satisfactoria y justa dependa el futuro del país, es sin duda este.
