Entre los golpes estadounidenses y la corrupción gubernamental (especialmente a lo interno de la industria petrolera) el país ha perdido –por lo bajito- 150.000 millones de dólares.
El 9 de marzo del 2015, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró una emergencia nacional contra Venezuela, tras afirmar que la situación política del país constituía «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Washington.
La declaración, establecida en el Decreto 13692, sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. En un primer momento, estas sanciones se dirigieron únicamente contra funcionarios de alto rango, aunque podían ser extendidas a «toda persona» que el Secretario del Tesoro, junto al de Estado, determinara como «responsable o cómplice» de acciones que EE.UU. considerase «ilícitas».
Con la Administración de Obama solo 7 funcionarios fueron sancionados. Pero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el Departamento amplió sus medidas unilaterales y finalmente, en agosto del 2017, se iniciaron los golpes directo contra la economía y, desde entonces, el impacto de las sanciones –junto a fallas en la gestión gubernamental– ha afectado profundamente la calidad de vida de los venezolanos.
«El debate está muy distorsionado por intereses políticos. Por un lado, la narrativa oficialista atribuye a las sanciones la causa única de la crisis económica y por el otro lado, el sector de la oposición afirma que las sanciones son solo contra funcionarios corruptos, negando que hay sanciones económicas que afectan a todo el país», señala el economista Víctor Álvarez.
Pagamos todos
En agosto de 2017, Trump promulgó el Decreto número 13808, a través del cual prohibió la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela. La medida impidió que el país tuviese acceso a los mercados financieros de EE.UU. y significó el inicio de una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación que pasó de 36.017 miles de millones de dólares en 2015 a solo 13.754 en 2018, la última cifra oficial reportada.
Por su parte, el informe publicado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) afirma que el valor del promedio de las importaciones públicas mensuales han disminuido un 46% (a 500 millones de dólares) en 2019 y un 50% adicional (a 250 millones de dólares) en 2020.
En marzo de 2018, Washington dictó el Decreto número 13827, que prohíbe toda transacción relativa a la expedición y el uso de cualquier tipo de dinero electrónico, moneda digital o token digital por parte del Gobierno de Venezuela. Semanas antes, el presidente Nicolás Maduro había fijado todas sus «esperanzas financieras» en el lanzamiento de criptomoneda venezolana «El Petro», que hoy no funciona como tal, pero se usa para fijar el precio de trámites costosos que no se animan a dolarizar, ejemplo, el pasaporte.
Después, el 21 de mayo de 2018, tras la reelección de Maduro, Trump lanzó el Decreto 13835, que recrudeció las prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana, aplicadas no solo al Gobierno, sino a todos los entes estatales, entre ellos el Banco Central de Venezuela (BCV) y nuevamente PDVSA.
«Estas sanciones afectaron el comercio de bienes desde y hacia Venezuela, la capacidad de emitir deuda soberana nueva y la capacidad de refinanciar la deuda ya asumida, así como el comercio petrolero y la cadena de suministros asociada», detalla el Profesor y experto en Relaciones Internacionales, Luis Quintana, quien califica este periodo como «la debacle».
Directo al hígado
El 1 de noviembre de 2018, con el Decreto 13850, Trump estableció un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de personas que operaran en el sector oro. Meses después, con la misma orden, se clasificó como «empresa designada» a PDVSA. Por ende, todos los bienes y las participaciones de la petrolera que se encuentran dentro de la jurisdicción de EE.UU. (incluyendo la filial CITGO) fueron bloqueados, y se prohibió que los ciudadanos y las compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.
Nueve meses después, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de «embargo». Fue así como EE.UU. procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas.
«Esto quiere decir que los proveedores y contratistas privados de PDVSA, y demás empresas públicas, serán sancionados, lo que también afecta a la empresa privada. Lamentablemente, la polarización política lleva a estos sectores empresariales perjudicados a no pronunciarse en contra de las sanciones para no ser considerados una caja de resonancia del gobierno de Maduro», sostiene Víctor Álvarez.
En cifras
Entre golpe y golpe estadounidense, a lo interno de la industria petrolera la corrupción también afloraba. Según la Fiscalía, hasta el 2020 se habían detectado desfalcos contra PDVSA y/o la República por más de 40.000 millones de dólares.
Ambos factores ocasionaron que la nación pasara de producir 2.654.000 barriles de petróleo por día (bpd) en el año 2015 a 339.000 en el 2020, es decir, los mismos niveles de la década de 1930, pero en una Venezuela aun más dependiente del petróleo, pues la exportación de este producto genera 96 de cada 100 dólares que ingresan al país.
Todo esto se evidencia en la abrupta caída, por séptimo año consecutivo, del Producto Interior Bruto (PIB) del país, que de acuerdo con el BCV pasó de contraerse 6.2% en 2015 a 30% en 2020.
Asimismo, al verse reducidos los ingresos del Estado, surgió una escasez (y mayor demanda) de divisas, que ha disparado la inflación que, según la misma entidad, se encontraba en 180,9% en 2015, pasó por 130.060% en 2018 y finalmente se situó en 2.959,8% para 2020, algo que ha depreciado la moneda oficial, el bolívar, y los sueldos devengados en ella, a mínimos históricos.
Al respecto, la Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, puntualizó que «a pesar de los aumentos periódicos del salario», el pago promedio del sector público siempre es de 2 a 3 dólares, un monto que «alcanza para menos del 1% de la canasta alimentaria, lo que incrementa el índice de migración, facilita la economía gris y afecta a los más preparados profesionales».
De acuerdo con Douhan, las sanciones y la crisis política tienen «un efecto devastador» sobre toda la población, pero especialmente «los sectores de extrema pobreza, mujeres, niños, trabajadores de la salud, discapacitados, pacientes con enfermedades crónicas y población indígena». De igual forma, observó el crecimiento de la mortalidad materna y neonatal, los embarazos adolescentes y un aumento considerable en los casos de VIH–SIDA.
En total, conforme con el gobierno nacional, las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. en contra de Venezuela han ocasionado la pérdida de ingresos brutos por el orden de los 102.000 millones de dólares. Y, según los expertos, el real efecto de medidas está apenas manifestándose. Actualmente, pocos desean adquirir bonos de Venezuela y de PDVSA, mientras que los tenedores actuales se niegan a negociar una reestructuración.
A esto habría que sumarle el efecto causado por las decisiones europeas. Por ejemplo, Novo Banco, un banco con sede en Lisboa, propiedad de Lone Star Funds, un fondo financiero con capital de EE.UU. (75%) y Portugal (25%), que retiene 1.547 millones de dólares del Estado venezolano. Al igual que las 31 toneladas de oro, con un valor aproximado de 1.300 millones de dólares, que el Banco de Inglaterra no le ha querido devolver.
«La continuidad indefinida de las sanciones hará imposible la superación de la crisis», precisa Quintana, para quien la única perspectiva de atenuación de las sanciones es «la posibilidad, aunque precaria, de que las partes del conflicto venezolano lleguen a un acuerdo político integral, con la facilitación y acompañamiento de actores internacionales relevantes que sirvan de contrapeso al Gobierno de EE.UU.».
