¿Qué ha pasado con este asunto? ¿Qué hará el Gobierno? ¿Qué dicen las organizaciones internacionales?
Cuando alguien necesitado de asistencia médica de emergencia llega a un centro de salud y la respuesta que recibe es que no será atendido si no paga primero, queda patente una de las grandes injusticias de nuestra sociedad. La pandemia dejó en evidencia para todos que la sociedad que debemos construir necesitará una atención médica gratuita y universal.
Esta injusta denegación de asistencia médica llega a los extremos en el caso de las vacunas para Venezuela. El mecanismo COVAX no le había suministrado a nuestro país las vacunas por falta de pago, pero una vez realizado estos, por motivos políticos y de sanciones del gobierno norteamericano, estos pagos quedan retenidos, y por ende las vacunas no se envían.
El siete de junio Santiago Cornejo Director de la oficina del mecanismo Covax comunica al Gobierno venezolano que no es posible enviar las vacunas requeridas porque cuatro pagos, realizados entre el 21 de abril y el 18 de mayo por un monto total de 10 millones de dólares están retenidos por el banco UBS. Esto impide terminar de cerrar el pago de 102 millones de dólares realizado por el Gobierno venezolano y poner en funcionamiento el suministro.
Esta realidad se ve aún más fuertemente contrastada cuando los Estados Unidos de América, anuncia hace unos días, en boca de su presidente Joe Biden, que repartirán 500 millones de vacunas a más de 100 países durante el transcurso de este año y del próximo. Y ayer Angela Merkel sube la apuesta y expresa que el G7 repartirá 840 millones de dosis en los próximos doce meses y 2300 millones para finales del 2022.
Está fuera de cualquier marco ético que un conjunto de sanciones políticas y económicas impida la atención en salud a la población. Pero en este caso, en pandemia mundial y con una única solución que es vacunar a toda la población del globo, presionar a un país negándole las vacunas es abiertamente execrable.
Carta de Santiago Cornejo al embajador venezolano ante la ONU, Héctor Constant Rosales