Tenencia y redistribución en la última reforma agraria de Venezuela

En medio de una pandemia que estremece a todo el planeta tierra y deja al descubierto las consecuencias de la deforestación y la precariedad de los sistemas de salud, resurgen los temores por las consecuencias de una crisis económica global que viene aumentando la pobreza y el desempleo y que, según la Cepal, amenaza con ser la peor recesión de la historia en América Latina.

En este duro contexto, Venezuela enfrenta su sexto año seguido de recesión, y su economía ha caído más de la mitad del PIB que tenía en el 2013. Para el 2020 los diversos organismos internacionales pronostican otro año de más de 20% de caída de la producción, en un país bloqueado por las sanciones norteamericanas y con una profunda crisis institucional.

Las desigualdades, que en este escenario se recrudecen, comienzan por el acceso a la alimentación. Una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) está en inseguridad alimentaria de acuerdo a las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos en 2019.

Pero, más que relatar situaciones sobre las dificultades de consumo, nos propusimos entender las condiciones que se han venido reconfigurando en los campos venezolanos. Hoy más que nunca la tierra y los agricultores son nuestra única reserva alimentaria.

En esta primera entrega de La Tierra que nos da de comer interpretamos la reforma agraria del siglo XXI a la luz de números, indicadores y perspectivas diversas, para abonar al debate actual sobre la compleja situación agroalimentaria del país.

Casi 20 años después de la creación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001 nos preguntamos: ¿A quiénes se entregó la tierra? ¿Se modificó estructuralmente su tenencia? ¿Qué diferenció este proceso con la reforma agraria de 1960? ¿Cuáles son los nuevos riesgos y los temas más urgentes?

Reformas agrarias en el mundo

Las reformas agrarias están motivadas por la desigualdad en la distribución de la tierra y los problemas, conflictos y tensiones que de ella se derivan.

En el sur de África, en el sur de Asia y en la mayoría de América Latina, lo que predomina son grandes extensiones de tierra en manos de pocos propietarios y masas de trabajadores agrícolas sin tierra, cuya única posibilidad de sobrevivencia es la mano de obra.

Existe en la historia de la humanidad una fuerte correlación entre la desigualdad de la propiedad de la tierra y el grado de pobreza de las poblaciones. Esta desigual realidad no suele ser modificada por las fuerzas del mercado, por lo que exige de políticas de Estado que contribuyan a transformarla.

Siendo la tierra una forma originaria de riqueza y principal factor de la producción agrícola, además del trabajo humano, la democratización de su estructura de tenencia es un imperativo ético y de justicia. Pero, también, una mejor distribución de la tierra está asociada a su uso más eficiente y, a mediano o largo plazo, a una mayor estabilidad política.

En términos generales estos argumentos generan consenso. No solo en gobiernos, movimientos y organizaciones que asumen postulados de izquierda, para quienes la lucha por la tierra ha sido central, sino también, actualmente, para organismos como el Banco Mundial. Deininger y Binswanger del BM así lo expresan: “Además de reducir la productividad, la propiedad desigual de la tierra también está vinculada a la violencia y la inestabilidad social”.

La mayoría de los países centrales tuvieron procesos estructurales de transformación de la tenencia de la tierra y, en muchos casos, el posterior desarrollo de sus economías se asocia a estos eventos. Japón, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Rusia, son algunos ejemplos de esta realidad.

Sin embargo, las reformas agrarias implican una enorme carga económica burocrática. Una reforma estructural de la tenencia exige un enorme esfuerzo para el Estado en funcionarios, movilización, costos judiciales, catastro, indemnizaciones, etc. En países con pocos recursos, este peso puede hacerla insostenible en el tiempo.

Los procesos de reforma agraria con transferencia importante de la tierra han transcurrido casi siempre durante eventos de alta conflictividad política y de fractura del status quo. Revoluciones, alzamientos, independencias, guerras. Esto hace que se den en circunstancias de desbaratamiento de la institucionalidad existente y frecuentemente ayudan a degradarla. Retomarla es después complejo y de largo aliento.

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Distribución de tierras en Venezuela

En Venezuela el acceso a la tierra tiene su raíz conflictiva en la propia invasión colonial. Los pueblos indígenas, originarios de estos territorios, no establecieron relaciones basadas en la propiedad ni de la tierra ni de los bienes naturales.

Es con las Bulas Papales de 1493, creadas poco tiempo después del primer viaje de Cristóbal Colón, que se impuso la transferencia de todas las tierras “descubiertas o por descubrir” a las coronas de España y Portugal bajo la justificación del “origen divino” de la propiedad, según explica el investigador Oliver Delahaye.

A partir de entonces, la apropiación de la tierra se produjo como se reparte un botín de guerra, con una legalidad que fue asaltada por la violencia, las trampas, las cercas corridas y los papeles comidos por el fuego y los jejenes. Un país de haciendas y hatos, relaciones feudales y una economía agroexportadora, configuró un mapa de concentración de tierras a lo largo de cinco siglos.

“El siglo XIX es tormentoso. Antonio Arráiz en el libro Los días de ira contabilizó cada uno de los momentos donde hubo guerra, enfrentamiento y es terrible. Desde la muerte de El Libertador hasta finales del siglo XIX lo que hicimos literalmente fue matarnos, y el tema de fondo estuvo muy atravesado por la Tierra”, narra el ex ministro de Agricultura y Tierras Juan Carlos Loyo.

Con la llegada de la democracia, las políticas agrarias del siglo XX comenzaron a modificar algunas condiciones, mientras el petróleo iba aceleradamente cambiando el mapa sociodemográfico, económico y cultural del país.

En este siglo ocurrieron varios intentos de Reforma Agraria (1945 y 1948), pero la única que se logró implementar fue la impulsada por la Ley de Reforma Agraria de 1960, creada en el marco de una ola de reformas agrarias llevadas a cabo en América Latina e impulsadas por Estados Unidos en la “Alianza para el Progreso”, con el fin de frenar la insurgencia armada en el continente.

Por otro lado, estas reformas estaban orientadas hacia la sustitución de importaciones con el propósito de privilegiar a la pequeña propiedad e integrar a este sector económico al mercado capitalista.

La Ley del 60 se mantuvo hasta finales del siglo XX en la alternancia de los gobiernos de Acción Democrática y COPEI. Desde finales de la década de los ochenta, la política agrícola se adaptó a los lineamientos neoliberales promovidos desde el Consenso de Washington.

Del período 1961-2000, según el investigador Oliver Delahaye, se dotaron y regularizaron un total de 13.810.845 hectáreas y se entregaron 350.000 títulos agrarios, de los que 2.950.000 hectáreas correspondían a tierras privadas y más de 10 millones a tierras públicas.

Sin embargo, de acuerdo al último Censo Agrícola del siglo XX, realizado por el segundo gobierno de Rafael Caldera en el año 1998, más del 60% de los campesinos poseían menos del 3% de la tierra agrícola, mientras que menos del 2% de propietarios poseían casi el 60% de las tierras de superficie agrícola ocupada.

Según el Informe de la Oxfam Desterrados: poder y desigualdad en América Latina (2016), Venezuela para 1997 tenía un coeficiente GINI de distribución de la tierra de 0,88, colocándose entre los cuatro países más desiguales del mundo.

Este índice mide el grado de desigualdad en la distribución usando valores entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad (1 individuo concentra toda la tierra).

Por otro lado, en el informe del Banco Mundial de 1998, La larga marcha: una agenda de reformas para la próxima década en América Latina y el Caribe, se expone que para ese momento Venezuela estaba en el segundo lugar de los países con peor distribución de la tierra del mundo.

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La guerra contra el latifundio

En 1999, Hugo Chávez Frías llega a la presidencia de la República con un proyecto de transformación social, política y económica que se tradujo, inicialmente, en una nueva Constitución Nacional y, posteriormente, en un conjunto de 49 Leyes que se aprobaron vía Ley Habilitante.

En particular la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) y la Ley de Hidrocarburos detonan la confrontación entre grupos políticos y sectores sociales, precisamente porque plantearon cambios en las reglas de administración de la tierra y de la política petrolera por parte del Estado, dos temas estructurales de la realidad sociopolítica venezolana.

En una rueda de prensa el 21 de noviembre de 2001, José Luis Betancourt, presidente de Fedenaga, rompe la Gaceta Oficial en la que recientemente se había aprobado la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Los detractores de la Ley alertaban que una nueva reforma agraria atentaría contra la propiedad privada y promovería las invasiones, además de generar un clima de desconfianza y desinversión.

Mientras el sector privado radicalizaba su oposición al gobierno de Chávez que conllevó a un paro nacional y un posterior golpe de Estado, las organizaciones campesinas en todo el país celebraban lo que en breve sería asumido como la “Guerra contra el latifundio”.

La movilización masiva de familias campesinas y productoras formó parte del proceso de aprobación y puesta en práctica de la Ley. Laura Lorenzo del Movimiento Campesino Jirajara y del Plan Pueblo a Pueblo recuerda que “uno de los elementos que origina el golpe en el 2002 fue la Ley de Tierras. Cuando el Presidente de Fedenaga la rompe en televisión, estaba dando una señal, como diciendo: ¡Aquí estamos los terratenientes! ¿Por qué osan cambiar el estatus de las tierras en Venezuela?”

El territorio rural venezolano abarca el 70% del territorio nacional, pero es ocupado solo por un 11% de la población. Para inicios de siglo XXI, el problema de la tierra se expresaba tanto por campesinos reclamando u ocupando tierras, como por la necesidad de repoblar el campo y garantizar condiciones de acceso a la tierra, la alimentación, los servicios básicos, a la educación, a la salud, a la movilidad, al trabajo agrícola.

En la Ley, aprobada en 2001 y reformada en 2010, se plantearon cuatro cuestiones fundamentales: asegurar la función social de la propiedad y eliminar el latifundio; garantizar la seguridad alimentaria como parte de la soberanía nacional; estimular el desarrollo rural sustentable; e incorporar al sector campesino al sistema productivo, mejorando sus condiciones de tenencia de la tierra y promoviendo formas de producción colectiva.

Asumir la «función social de la tierra» tiene implícito el problema de la propiedad: no es solo si la propiedad agrícola es productiva o no, sino si cumple con la función social de producir alimentos respetando los derechos de los trabajadores.

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La Ley le da un empuje a la movilización y la organización campesina. Comienzan a crearse por todo el territorio nacional comités de tierras, cooperativas agrícolas, consejos comunales, consejos campesinos, frentes regionales y nacionales, fundos zamoranos, comunas campesinas, a partir de una diversidad de programas y misiones sociales que implementa el gobierno de Hugo Chávez.

Con el decreto de creación de la Misión Zamora, renombrado por la gente como “Guerra contra el latifundio” en enero de 2005, se da un salto institucional en la ejecución de la Ley de Tierras, y se recrudece la confrontación con sectores propietarios y terratenientes que reclaman se respete la propiedad privada.

El caso del estado Yaracuy es emblemático. Para 1998, la concentración de la propiedad de la tierra en este estado era enorme: el 0,20% de los propietarios ocupaban el 86% de la tierra. Sin contar otros factores agravantes del latifundio como la calidad de la tierra, la exclusión de comunidades enteras, o los ejidos ocupados ilegalmente.

“En diciembre de 2004, la gobernación de Yaracuy promulga el decreto 090 que contempló el rescate de 67 fundos en 12 de los 14 municipios que tiene el estado”, explicó Laura Lorenzo del Movimiento Campesino Jirajara. Este decreto significó el rescate de casi 100.000 hectáreas de tierras clase 1, la más óptima para la siembra.

Yaracuy es solo un ejemplo. De acuerdo al INTI, entre el 2001 y el 2019, la reforma agraria rescató un total de 4.056.415 hectáreas de las 6.762.399 hectáreas de latifundio existentes para 1998. Lo que representa que se rescató un total del 60% de las tierras consideradas como latifundio.

Los rescates y expropiaciones tuvieron un mayor promedio durante los primeros 12 años de ejecución: entre el 2001 y 2013 se rescataron el 53% del total de las tierras bajo latifundio, mientras que de 2014 al 2019 un 7%.

De esta manera, el promedio de rescate de tierras durante los primeros 12 años fue de 305.352 hectáreas por año, mientras que en los últimos años fue de 65.346 hectáreas.

Más allá del latifundio

Eliminar el latifundio era uno de los objetivos, pero el mayor impacto estuvo en la regularización de la tenencia. La mayoría de las tierras afectadas por el proceso de reforma agraria durante el periodo 2001-2019 no está vinculada a los rescates y expropiaciones de latifundios.

La dotación y regularización se refiere a la entrega de tierras o el reconocimiento de su ocupación que hace el Instituto Nacional de Tierras (INTI) y que formaliza a través de instrumentos agrarios.

Según el INTI, desde aprobada la Ley en 2001 hasta el 2019 se dotaron y regularizaron un total de 10.498.292 hectáreas.

Es decir, además de las 4.056.415 hectáreas recuperadas del latifundio, se regularizaron otras 6.441.877 hectáreas, un 63% de la tierra regularizada en todo el período.

Estas diez millones de hectáreas se distribuyeron en un 85% a personas naturales, 9% a empresas y cooperativas (jurídicas), y 6% a «Redes».

Esto quiere decir, en primer lugar, que la mayoría (85%) de las tierras regularizadas fueron entregadas a personas naturales. Sin embargo, la data del INTI no especifica qué extensiones de estas tierras regularizadas fueron entregadas a pequeños, medianos o grandes productores.

Muy por debajo, con un 9%, encontramos a empresas y cooperativas, pero nuevamente la información sobre las personas naturales no indica quienes de éstas se encuentran asociadas a empresas o a grandes explotaciones de tierras.

Por último, apenas un 6% de las tierras regularizadas fueron entregadas a lo denominado como “Redes”: unidades de producción de propiedad colectiva como consejos comunales, comunas y demás organizaciones sociales.

Este 6% resulta poco significativo entendiendo que la colectivización de la tierra fue una de las grandes banderas de la política agraria de Chávez: propiedades agrarias gestionadas en colectivo donde la convivencia familiar se conjugara con el trabajo agrícola, se compartiera la tierra, la vida cultural, las responsabilidades productivas, y sus beneficios alimentarios y económicos.

De acuerdo a este porcentaje, la tierra bajo formas de propiedad social, en términos formales, sería muy bajo: 629.897 hectáreas entregadas a «Redes» de un total de 10.498.292. Además, el promedio de las tierras entregadas a «Redes» es de sólo 9 hectáreas, mientras el de las personas jurídicas es de 206.

Sin embargo, estos datos no reflejan en toda su dimensión a los procesos colectivos que existen actualmente en los campos venezolanos. Ellos existen más allá de alguna formalidad sobre sus tierras compartidas.

Instrumentos agrarios: cómo se entregó la tierra

Con la Ley de Tierras se definieron los títulos de adjudicación, provisionales o definitivos, que se entregan a personas o figuras jurídicas y, por primera vez, se dieron títulos de adjudicación colectivos.

Luego se comienzan a entregar las cartas agrarias como instrumento provisional para productores ocupantes de terrenos públicos con vocación agrícola y voluntad de trabajarla, autorizadas con el Decreto Presidencial de Promoción a la Agricultura Sustentable y Garantía de la Seguridad Agroalimentaria en 2003.

También las declaratorias de permanencia como documento transitorio para quienes son arrendatarios, medianeros o pisatarios de tierras explotadas por particulares, mientras se resuelve el procedimiento de adjudicación.

El total de la tierra dotada y regularizada fue entregada en un 68% con títulos de adjudicación, 21% con declaratorias de permanencia, y 11% con cartas agrarias.

De esta manera, observamos que la mayoría de la tierra está adjudicada. Pero, entre declaraciones de permanencia y cartas agrarias, hay un 32% de instrumentos provisionales.

Para las experiencias colectivas es más dramático: de todos los instrumentos agrarios entregados, un 95% han sido declaratorias de permanencia, seguido de los títulos de adjudicación en 4%, y de cartas agrarias en 1%.

El problema de los instrumentos provisionales es que no fueron y no son reconocidos por algunos entes de financiamiento agrícola, lo que deja por fuera a estos productores campesinos del acceso a recursos para la producción. Además, de una mayor vulnerabilidad ante un proceso de revocatoria de instrumento agrario y desalojo de tierras.

Mucho más que un pedazo de tierra

Este proceso tuvo un profundo alcance para las familias y movimientos campesinos. Laura Lorenzo así lo reconstruye:

“Esto significó que, por fin, después de tantos años de espera por la tierra, se hizo justicia social. Estamos hablando de gente que estaba esperando desde los años 60 y 70. Gente que vivía prácticamente como esclavos, en pobreza crítica, que nunca percibieron un sueldo, si no que se les pagaba en la pulpería o en bodegas donde iban a retirar comida. También personas que, con medidas judiciales, se le prohibió pisar la tierra en la que trabajaba. Imagínate un campesino exiliado de la tierra que produce”.

No se trata solo de un pedazo de tierra, aunque también lo sea. Acceder a la tierra para hacer de ellas un medio de producción, pero también un sentido de vida, de dignidad campesina expresada en una identidad y un territorio. En la mejora de sus condiciones productivas y la reivindicación como sujeto histórico y ser humano. Eduardo Viloria de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) lo cuenta con estas palabras:

“Se mejoró y profundizó la vialidad, se mejoró el acceso a la electricidad, al agua potable, al agua corriente, telefonía, internet y educación. Las escuelas eran ranchos con un galpón y un corral, y en este proceso se construyeron miles de escuelas, aumentó como nunca la nómina docente, y todo eso significó un aumento de la dignificación del campesino. El Programa de Alimentación Escolar también tuvo una profunda penetración en todo el territorio nacional”.

Desde la perspectiva de Viloria, el acceso a la tierra y el acumulado de más de una década de financiamiento y mejoras de la infraestructura permitió reconstruir una cultura productiva para muchos campesinos:

“El acceso del campesino a sistemas de riego, vehículos, vialidad, financiamiento, insumos, recursos, buenos precios para su mercancía. Esto implicó que, a pesar de que el campesino está subyugado por el intermediario, que es el que se queda con la mayor parte de la tajada que implica la producción de alimentos, logró tener un intercambio comercial de su producción que le garantizó los siguientes ciclos productivos y una calidad de vida digna. Eso pasó de forma masiva y produjo una cultura productiva que se mantiene hasta hoy”.

Sin embargo, las condiciones de infraestructura y servicios han cambiado dramáticamente en los últimos años.

En las zonas rurales, el transporte público es precario o inexistente, el racionamiento de luz eléctrica produce cortes entre 3 y 7 horas diarias, y la telefonía celular, que había tenido un gran desarrollo en la primera década del siglo, va retrocediendo en su cobertura e inutilizando los puntos de venta de los comercios. Si a esto sumamos la inexistencia del efectivo en bolívares, los medios de intercambio en los pueblos son cada vez más las divisas o el canje.

Los insumos para la producción agrícola escasean, o se consiguen a precios especulativos, y la emergencia de la gasolina ha dificultado sacar las cosechas al mercado y encarecido la producción.

Conoce la Comuna El Maizal, un caso de tierras rescatadas al latifundio

No obstante, la guerra contra el latifundio también trajo duras consecuencias para los campesinos. El sicariato contra dirigentes campesinos, desde incluso antes de ser aprobada la Ley de Tierras, ha sido una de las principales denuncias de organizaciones sociales y de derechos humanos.

La Plataforma de Lucha Campesina que realizó la Marcha Campesina Admirable y recorrió 500 kilómetros desde Barinas hasta Caracas en 2018, exige justicia para un aproximado de 300 casos de sicariato que denuncian se cometieron hasta la fecha.

Y es que una reforma agraria no es un proceso pacífico, así cuente con una ley. Son procesos que pueden durar años y donde las familias campesinas, muchas veces, viven desalojos, persecución, amedrentamiento, condiciones de intemperie, retardos procesales, corrupción y asesinatos.

La organización de derechos humanos Provea en sus informes anuales sobre el derecho a la tierra reporta en total, desde 2001 hasta 2019, el asesinato de 210 campesinos vinculados a la lucha por la tierra por parte de fuerzas no estatales.

En los últimos años, se incluye en ese número el asesinato de produtores agrícolas, así como la denuncia de que algunos fueron cometidos por cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, no existe precisión en el dato sobre la cantidad de casos judiciales en proceso y, muchos de estos asesinatos continúan impunes. La Defensoría del Pueblo en 2015 anunció el inicio de la discusión de un proyecto de ley en el que se declara el sicariato como crimen de lesa humanidad, para que tenga resarcimiento, indemnización y asistencia a las víctimas. Hasta el momento no se convirtió en ley.

Expropiaciones

La contracara del rescate de tierras son las expropiaciones de fincas, fundos y haciendas a quienes argumentan -con documentos en mano- que esas tierras pertenecen a sus familias hace 20, 60, 100 o 200 años. Desde la reforma a la ley en el 2010, el Estado obliga a demostrar que existe una cadena titulativa desde tiempos de la colonia, la independencia o los otorgados por las Leyes Republicanas.

Existen cientos de denuncias de ocupaciones arbitrarias, expropiaciones de bienes en fincas productivas, falta de notificaciones legales, indemnizaciones no pagadas, sentencias legales a favor de los propietarios que no se cumplen.

Por otro lado, voces gremiales reclaman que una vez realizada la expropiación, las haciendas disminuyen su capacidad productiva. La opinión del ex presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y actual presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (Invelecar), Carlos Albornoz, es radical.

“El propio Instituto Nacional de Tierras reportaba más de 5 millones de hectáreas confiscadas, arrebatadas, robadas a los productores agrarios venezolanos que están en una situaciones en un 98-99% inútiles, sin producción”, afirma.

En el mismo nivel de radicalidad se expresa Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro: “De producir alimentos para todos los venezolanos ahora esas tierras solo producen lástima”.

Aunque las cifras de producción de Fedeagro no parecen avalar estas afirmaciones tan catastrofistas. Por ejemplo, si analizamos la producción bovina para el 2014 -fecha donde ya se habían ejecutado el 90% de los rescates de tierras- ésta era apenas un 5% inferior a la del 2001, cuando comenzó la reforma.

Sin embargo, existen casos comprobados de caída en la producción en las tierras rescatadas. Voces provenientes de sectores chavistas explican el colapso productivo de algunas de las haciendas, enfocándose en aquellas que quedaron bajo administración del Estado y donde las tierras no se adjudicaron a los campesinos.

Las tierras del Estado

Todas las tierras son de la Nación, pero ¿cuánta es la tierra agrícola que está bajo gestión del Estado? El investigador Olivier Delahaye plantea que la cantidad de tierras en manos del Estado abarcan un poco más del 50% de la Superficie de Explotaciones Agrícolas de Venezuela, y podría estar entre los 15 o 20 millones de hectáreas. Este es un dato impreciso y no publicado oficialmente, ni en este siglo ni en el pasado.

Lo que sí se conoce por información del INTI es que, entre los gobiernos de Chávez y Maduro, se crearon 207 Unidades de Producción Social Agrícola Socialistas (UPSAS) para producir alimentos bajo gestión directa de organismos del Estado.

La superficie total que ocupan estas unidades es de 1.110.000 hectáreas, un 27,5% del total de tierras rescatadas. Se desconoce de fuentes oficiales cuál es la cantidad de hectáreas bajo disposición del Estado para su uso o adjudicación.

Muy poco se conoce sobre la realidad social y productiva de estos espacios. Algunos se encuentran militarizados, y sobre otros reposan solicitudes de organizaciones campesinas para que sean transferidos en propiedad colectiva y reactivados productivamente, o demandas judiciales de antiguos propietarios para que las tierras sean devueltas.

El caso del Sur del Lago es uno de los más emblemáticos; nos dice Eduardo Viloria:

“En el Sur del Lago, el comandante Chávez expropió si mal no recuerdo 47 grandes latifundios. De eso, podemos ver como productivo únicamente un alto porcentaje de lo que terminó siendo entregado a campesinos organizados que terminaron luego transformándolos en pequeñas unidades familiares que, hoy en día, son productivas todas. Pero otro muy grande porcentaje de tierras fue convertido en empresas estatales. Ese modelo es el que radicalmente fracasó”.

Quienes se opusieron a la reforma desde sus inicios expresaban que el primer latifundista del país era el Estado. Una productora de maíz, que prefirió resguardar su identidad, reclama que “el gobierno debió comenzar por repartir las tierras que ya tenía el Estado que eran bastantes. Se fueron a buscar el lomito, para nada, porque acabaron con lo que producía. En la finca La Plazuela antes de que la expropiaran se producían 3.600 litros de leche diarios con 300 vacas y 13 obreros, con un total de 1.200 animales (vacas en producción, horras, mautas, novillas, mautes, becerros y becerras) en 1.300 hectáreas, estábamos a full capacidad. Ahora no queda nada”.

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La extendida corrupción

En la búsqueda de la información sobre estos procesos, aparecen siempre relatos sobre corrupción.

“El gran problema no es la ley, sino que todos los funcionarios la violaron”, exclama Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro.

Efectivamente, un entramado de corrupción entre el funcionariado público, las fuerzas de seguridad y el sistema judicial es denunciado a múltiples voces.

A veces operado para extorsionar a los propietarios y no entregar certificados de fincas productivas o mejorables, otras para favorecerlos e impedir la entrega de algún título agrario a grupos campesinos y, más recientemente, para desalojar a campesinos que ya cuentan con instrumentos agrarios y regresar las tierras a sus antiguos ocupantes.

Para Eduardo Viloria, desde su experiencia de años como militante del movimiento campesino, “la corrupción opera en una estructura muy grande y poderosa que nosotros denominamos mafias agrarias”.

De acuerdo a Viloria, en esta estructura están involucrados todos los niveles. “Desde autoridades agrarias, ingenieros, peritos, inspectores, funcionarios regionales del INTI, fiscales del Ministerio Público, jueces de tribunales, tribunales agrarios, miembros de las fuerzas armadas y políticas, y hasta el Ministerio de Ambiente, porque a veces el ministerio y los tribunales ambientales emiten sentencias contra campesinos para que los saquen de un predio”.

Un sistema que también practica la extorsión a quienes son propietarios de tierras, como lo describe Viloria con un caso tipo:

“Un funcionario te dice: – Mira tienes 5.000 hectáreas. La Ley de Tierras dice que usted no puede tener más de tantas hectáreas. Entonces usted tiene ahí 3.000 hectáreas que están sobrando, démelas, póngalas a mi nombre a través de un testaferro, o deme una plata.
El hacendado le dice que no. Entonces este corrupto tiene a unos dirigentes campesinos que trabajan con él y que tienen organizada a un poco de gente, con una cooperativas campesinas fantasmas y convocan a un cambote de gente en donde hay de todo, gente realmente necesitada, gente que realmente está buscando la tierra, y le plantan a esa gente enfrente del predio y le dicen:
– Viste, te van a quitar la tierra, yo te puedo ayudar.
Y ahí comienza una relación en la cual están siendo utilizados los campesinos, donde está siendo extorsionado el terrateniente, y donde muchas veces o el terrateniente termina pagando para no perder la tierra o termina cediéndola y la pierde, ¿pero la pierde para qué? No para un proyecto productivo, no para la construcción de un modelo agrario, sino para que otros trafiquen con esa tierra”.

Vicente Pérez, director Ejecutivo de Fedeagro, también narra cómo opera la corrupción vinculada a la tierra. “Si tienes una propiedad que funcione bien, sobre todo si está cerca de un pueblo, la gente te pone el ojo y viene un malandro y se mete. Y nadie lo saca. Si quieres que se cumpla la ley, necesitas pagar vacuna a los militares. Solo para ir a hablar con ellos necesitas poner 1.000 dólares”.

Se reduce la gran propiedad, crece la mediana

Los datos del INTI a los que se logró acceder no permiten distinguir cuánto de las tierras dotadas y regularizadas pertenece a pequeños, medianos o grandes productores. Los últimos datos oficiales con esa información son los del censo agrícola de 2008.

Hasta esa fecha, y a pesar de los 7 años de reforma agraria, el 0,9 % de las unidades de producción agrícolas concentra el 41% de la tierra.

Sin embargo, hay una fuerte tendencia a la disminución de las grandes propiedades así como al aumento de la mediana propiedad.

Estos resultados le dan continuidad a la tendencia iniciada con la Ley de Reforma Agraria del 60.

Las pequeñas, por su parte, disminuyeron respecto al censo de 1961, pero siguen siendo las de mayor número.

Explora algunas comparaciones entre los resultados de las reformas agrarias de 1961 y 2001

En un balance de todo el proceso de reforma agraria del siglo XX y los siete primeros años de la del siglo XXI, la tendencia del proceso de desconcentración de la tierra se expresaría de esta manera:

Según el investigador Oliver Delahaye, este gráfico expresa “cómo, en lo agrario, el siglo XXI prolonga el siglo XX, sin relación con los objetivos de las leyes agrarias. La tendencia es la misma bajo ambas leyes, con el mismo ritmo”.

Pero esta tendencia no está construida únicamente con los datos de la tierra bajo propiedad agraria. También se expresan en el censo las propiedades que se obtienen por medio del mercado formal e informal de tierras.

El mercado formal se mueve a través de los registros de propiedad inmobiliaria, por compra y venta de tierras de propiedad privada. El ritmo anual de este mercado entre 1983 y 2000 era de 5%, es decir, más del doble de la intensidad de la redistribución por parte del Estado vía IAN o INTI, de acuerdo a Delahaye.

Por su parte, el mercado informal existe por el traspaso ilegal de bienhechurías que podría constatarse comparando la cantidad de productores censados en sus tierras con la cantidad de títulos otorgados por el Estado.

Entre 1958 y 2000, por ejemplo, el IAN otorgó 372.000 títulos, mientras que las evaluaciones en el terreno censaron hasta 160.000 productores en sus tierras. La diferencia existente, expone Delahaye, podría arrojar el resultado de las transacciones de tierras en el mercado informal.

La fuerza del mercado puede revertir procesos de democratización de tierras, sobre todo, en ausencia de impuestos efectivos a la tierra ociosa y de fuertes incentivos a la producción campesina y familiar.

La última foto completa que tenemos de la tenencia de la tierra en Venezuela es del 2008. A partir de esa fecha, el Estado dotó y regularizó una ingente cantidad de tierra agrícola, pero no está claro el alcance de los cambios realizados por las fuerzas del mercado formal e informal en los últimos doce años.

Sobre este tema, voces del movimiento campesino alertan de un proceso de reconcentración de tierra en los últimos años, que ocurre a la par de una inseguridad jurídica e institucional, y a la opacidad informativa del gobierno sobre la gestión de bienes y recursos públicos que afectan al agro nacional.

El desplazamiento campesino, para introducir enclaves mineros o de otra naturaleza, avanza como un problema en las zonas rurales, y junto a la movilidad migratoria, que se aceleró los últimos años debido a las dificultades económicas y de acceso a los servicios públicos, está cambiando el mapa de la tenencia de tierra producido por esta reforma agraria.

Conoce algunos testimonios sobre reconcentración de la tierra en Venezuela

 

A pesar de estos procesos, de mantenerse lo que ha sido la tendencia de las cinco décadas transcurridas entre 1960 y 2008, la tierra afectada por las reformas agrarias tiende a reconcentrarse en medianas propiedades con el paso del tiempo.

Aumento de la agricultura familiar

Hay otra tendencia clara derivada de la historia de reformas agrarias en nuestro país. De acuerdo a Rigoberto Rivera del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) “en Venezuela, la Agricultura Familiar tiene una enorme importancia debido a que el intenso proceso de reforma agraria, que se inició en 1960, distribuyó tierras en parcelas familiares en un número muy significativo, que representó alrededor del 70% de la tierra agrícola y al menos un 50% de los predios agrícolas contabilizados en el Censo Agropecuario 2007-2008”.

Más allá del tamaño de las parcelas, lo que la caracteriza y diferencia a la agricultura familiar de la agricultura empresarial es el uso mayoritario de fuerza de trabajo familiar por encima de la mano de obra contratada.

Aunque, en general, su tecnología es más tradicional y orienta su producción hacia el autoconsumo, en Venezuela este tipo de agricultura no solo produce para satisfacer las necesidades de sus propios integrantes, sino que tiene una fuerte orientación al mercado.

Además, de acuerdo a Rivera la producción de la agricultura familiar en Venezuela es eficiente y en general presenta buenos niveles de tecnología e infraestructura, gracias a décadas de inversión estatal.

El peso de la agricultura familiar en el mapa agrícola venezolano, según este último censo, es tal que de 425.000 fincas 88% son fincas de agricultura familiar y solo 12% de agricultores empresariales.

En otros países de América Latina, desde la agricultura familiar y campesina se practica el rescate de semillas nativas y la agroecología para el resguardo de la biodiversidad. Las comunidades indígenas y campesinas son la principal fuerza de defensa de territorios contra los extractivismos mineros y agrarios, y han sido bastiones en la lucha contra los monocultivos transgénicos.

Aunque en Venezuela existen familias y grupos que desarrollan este tipo de procesos, lo mayoritario es una agricultura dependiente del uso de insumos agrícolas (semillas y agroquímicos) importados y distribuidos, en general, por las instituciones del Estado.
Según datos de la FAO, aquellos rubros ligados a la producción familiar y campesina, como son las hortalizas, los frutales y el café, resistieron mucho mejor el embate de la crisis que los rubros ligados a la producción agrícola empresarial.
Esta fuerza de la producción familiar, fruto de las dos reformas agrarias y de la atención del Estado, es un potencial clave con el que cuenta Venezuela para el desarrollo futuro de un modelo agrario justo, productivo y sustentable.

Con detractores y defensores el mapa de tenencia de la tierra cambió profundamente en las últimas dos décadas. Pero ¿cómo impactó este proceso en la soberanía alimentaria? ¿Cuáles son las causas del auge y caída de la producción nacional en el campo? ¿Cuál ha sido la política agrícola del Estado? ¿Qué papel jugaron las importaciones en la disponibilidad de los alimentos? ¿Se ha transformado el modelo de producción agropecuaria? Estas y otras preguntas las abordamos en el segundo reportaje de La Tierra que nos da Comer: 20 años de producción agropecuaria en Venezuela.