Reseña de las Jornadas de investigación «Rentas ilegales, actores armados y desigualdad: conflictos y reconfiguraciones«.
Como si se tratara de una película de Hollywood, el pasado 7 de julio un grupo de sujetos de un sector popular de Caracas incursionaron armados en algunas zonas de la ciudad. Bajaron desde el barrio El Cementerio hasta el boulevard con armas largas, otros dispararon desde las alturas a varios puntos de la ciudad llenos de civiles. Comenzó el pánico en las calles y en las redes sociales.
No era la primera vez que sucedía algo así en Caracas. Al contrario, estas situaciones han ocurrido desde hace algunos años, primero de forma esporádica y últimamente con más frecuencia e intensidad. Pueden durar pocos minutos o largas horas, pero siempre son tan amenazantes que irrumpen en la cotidianidad como si se tratara de la primera y única vez. Al día siguiente desaparecen de las noticias y permanecen ocultas hasta que vuelve a suceder algo parecido.
Este patrón nos atrapa en un loop o bucle, en el que nos repetimos una y otra vez las preguntas breves y existenciales que nos invaden ante la amenaza de muerte: ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no logran pararlo? Y por último, ¿exactamente cómo ocurre en Caracas?
Irónicamente la misma semana que esta banda armada colocó en jaque a media ciudad, un grupo de investigadores sociales se reunió bajo modalidad virtual en las Jornadas de investigación Rentas ilegales, actores armados y desigualdad: conflictos y reconfiguraciones organizada por la Red de activismo e investigación por la convivencia (REACIN).
Contrario a la frase que más se escucha frente a estas situaciones: «esto solo pasa en Venezuela», estas jornadas reconocen que estos fenómenos no sólo pasan aquí y que no son algo nuevo. Son situaciones de larga data y de carácter regional.
Participaron investigadores con trabajos sobre las dinámicas armadas, ilegales y violentas desde hace aproximadamente una década en diferentes ciudades de países americanos: Filadelfia, Tijuana, São Paulo, Arrecife, Belice, Medellín, en Putumayo y Uraba en Colombia, Río de Janeiro, Caracas, y en las fronteras colombo-venezolana y ecuatoriana.
El resultado fue un panorama regional sobre la violencia, actores armados y mercados ilegales en América. Pensando en esta perspectiva regional de larga data, vale la pena preguntarnos: ¿Qué claves pueden aportarnos sus estudios para pensar el caso Venezuela?
Clave 1: Un pluralismo violento
Los trabajos presentados se alejan de las explicaciones vinculadas a teorías conspirativas frecuentes en la opinión pública de Venezuela, en las que se asume la existencia de intereses políticos internacionales o la complicidad de las autoridades estatales como motor exclusivo de los actores armados locales, al estilo de marionetas movidas por delgados hilos de cuotas de dinero o poder.
Por el contrario, en las diversas presentaciones podemos observar que, lejos de un conflicto histórico en América Latina de orden político entre el Estado y otros actores claramente definidos -sean partidos políticos o bandas ilegales-, se trata de la multiplicación y diversificación de actores, formas de orden o regímenes armados, ilegales y violentos a niveles locales, que exceden el campo político y se esparcen en lo social, a manera de múltiples micro-conflictos intraclases.
La presentación de Graham Denyer Willis da cuenta de la transformación de los actores armados a nivel local. Este profesor de Estudios del Desarrollo y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, presentó su trabajo de investigación en las favelas de São Paulo sobre cómo se viven dos de las consecuencias de los conflictos armados e ilegales en las villas brasileñas: desaparecidos y muertos por enfrentamientos armados. Su descripción muestra que estos pueden ser víctimas tanto de las fuerzas policiales como del PCC, un grupo armado que domina las favelas de varias ciudades de Brasil.
Lo que en el siglo XX fue una categoría política en contextos de dictadura, «los desaparecidos», ahora se ha transformado a una categoría que le impone al desaparecido el delito, haciendo que en el sentido común se piense «algo habrá hecho que desapareció». Al mismo tiempo, oculta el delito en tanto «sin cuerpo no hay crimen».
Los trabajos de Enrique Desmond Arias, investigador, profesor del Baruch College y el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York con una larga trayectoria en el estudio de actores armados en Brasil y otros países, también revelan esta multiplicación de actores armados y conflictos locales.
Este autor presentó casos de grupos armados en tres países suramericanos, describiendo, primero, la diversidad de actores armados y vínculos económicos que existen: bandas vinculadas drogas o control de relaciones estatales o políticas guerrilla, paramilitares vinculados a control de tierras y agronegocios, grupos delictivos vinculados a droga, secuestro o control de territorios.
Pero su énfasis estuvo en describir cómo el control o como lo llama el autor «la gobernanza» que ejercen los actores armados en cada caso varía según la geografías, actores y actividades ilícitas diferentes: gerenciamiento de producción coca y control de tierras, gerenciamiento del pueblo o redes de personas, gerenciamiento de relaciones políticas, gerenciamiento del espacio o conflictos armados.
En el caso que trabajó en Caracas, comparó dentro de un mismo barrio el tipo de actividades ilícitas. A lo interno del barrio, cuya actividad ilícita principal es el narcomenudeo, el orden armado estaba orientado a gerenciar los conflictos internos; en la zona media del barrio, el orden estaba dedicado a alinear grupos locales para evitar la expansión de un grupo que quería controlar la zona; y en la periferia, no había mucho población ni actores y el orden se dedicaba a esconder personas secuestradas.
Para este investigador, lejos de un Estado centralizado que oprime al pueblo de forma organizada y sistemática -enfoque de los estudios de violencia de los años 70, 80-, lo que observamos actualmente son varios y diversos actores que ejercen la violencia y la gobernabilidad.
Este enfoque, que el autor identifica como «pluralismo violento» analiza esa diversidad de grupos: parapolicías, guerrilla, narcotraficantes, paramilitares. Se trata de formas de organización de la gobernabilidad local, una forma de gobierno desde abajo, ilícita, híbrida entre actores armados y el Estado.
Sin embargo, esta diversidad local de los conflictos no es azarosa. Desmond muestra que puede estar determinada por la geografía, las relaciones entre los actores y los intereses económicos. Es decir, la emergencia de varios actores armados ejerciendo el control local responde a que existen diversos intereses económicos que los de abajo pueden asumir a modo de empresarios que persiguen y explotan oportunidades.
En los debates, Andrés Antillano, profesor de Criminología e investigador del Instituto de Ciencias de Penales de la Universidad Central de Venezuela, utilizó la expresión «ethos empresarial» o «espíritu capitalista» para describir la voluntad de los actores de buscar y explotar fuentes de recursos. Aquí lejos de la imagen histórica de los sectores populares como empleados, trabajadores asalariados, lo que el autor quiso plantear es que éstos ahora asumen una búsqueda de negocios y emprendimientos, sean legales o ilegales.
Clave 2: las mutaciones en el sistema de producción global
Para Phillippe Bourgois estas transformaciones locales en el ejercicio de la violencia y lo ilícito no son un hecho aislado ni autónomo producto de la agencia de los actores. Es decir, no se trata de individuos que deciden ejercer la violencia, porque son peligrosos o tienen problemas psicológicos.
Para este autor las transformaciones locales de los mercados ilícitos, la violencia y los actores armados está vinculado con las dinámicas propias que la globalización ha venido produciendo: desindustrialización, pérdida del trabajo y cambios en el comercio internacional.
Bourgois es un antropólogo que a lo largo de su trayectoria ha documentado etnográficamente las relaciones entre pobreza, drogas y violencia, en guetos pobres de Nueva York. Actualmente está trabajando junto a Joseph Friedman, estudiante del Doctorado (MD/PhD) en Informática Médica en la Geffen School of Medicine de la UCLA, combinando datos estadísticos y etnográficos sobre los cambios en el consumo de drogas en Estados Unidos y la concentración de la violencia en los barrios puertorriqueños.
Su trabajo ha implicado producir datos sobre temas desconocidos, ilegales o clandestinos de los que no se quiere hablar: drogas, sobredosis, adictos, enfermos, tráfico de drogas, homicidios por armas de fuego. De estos temas no hay datos confiables y su trabajo es producirlos desde el campo. Al respecto, Bourgois señaló que la ausencia de estadísticas y el desinterés gubernamental por estos temas no es exclusividad de los países de América Latina.
Para poder conocer sobre los cambios en el consumo de cocaína el estudio implica la recolección de jeringas desechadas en las calles por los consumidores para testearlas, cuantificar y mapear en que zonas de la ciudad están consumiendo fentanyl.
Esa finura entre datos estadísticos y testimonios de consumidores permite vincular las muertes por sobredosis y las lesiones corporales por el uso de fentanyl con las dinámicas globales. La aparición de las drogas sintéticas responde al desplazamiento de la cocaína producida de la amapola en México, por una cocaína producida con sustancias químicas que exporta China, y que tiene un proceso de producción menos complejo lo que reduce la mano de obra necesaria.
En este sentido, las drogas sintéticas generan el efecto maquila, tal como sucede con las mercancías legales: mano de obra y cadenas de producción mínimas y baratas. También el aumento desenfrenado del consumo.
Este tipo de mercancía es, además, más adictiva, no mata de forma inmediata, sino que somete el cuerpo a un estado de activación, psicosis y violencia para garantizar el consumo porque si no el cuerpo deja de funcionar correctamente generando daños dolorosos.
El hilo conductor de su presentación fue documentar el funcionamiento de la «acumulación predatoria». Este concepto de Bourgois alude al de acumulación primitiva usado por Marx, para explicar el sistema de acumulación actual que no necesita una gran población sana y productiva, sino una pequeña parte, mientras arroja a las grandes masas como ejército de reserva a los mercados de las drogas, la adicción, la violencia callejera o la cárcel.
Con esta especie de división social, se articula cierta división social del trabajo, pues a partir de las masas de población violentamente excluida se organiza la mano suave del Estado que genera empleo e ingresos a la población sana, productiva a partir de trabajos vinculados con esto: bancos y servicios financieros de lavado de dinero, policías en las calle, guardias de cárceles, abogados, jueces, compañías farmacéuticas, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales y cientistas sociales.
Para Bourgois las relaciones de lo legal-ilegal, en la frontera Estados Unidos-México es parte de un modelo colonialista en el que la economía estadounidense abarata mano de obra y procesos de producción, tanto en los mercados de drogas como en circuitos legales, como la producción de autos o servicios médicos odontológicos, por ejemplo.
Clave 3: las democracias oportunistas y el Estado oblicuo
Las relaciones entre los mercados ilegales en los sectores de menos recursos y los mercados legales globales acumuladores de capital son, para Bourgois, una reconfiguración del sistema de producción global, que reordena y oculta las desigualdades.
En las presentaciones en las cuales se analizó el rol del Estado en dinámicas ilegales, armadas y violentas, los autores hablan de una presencia estatal, una forma de gobernar que, si bien no domina esas dinámicas, si las configura.
Una de las presentaciones fue una investigación sobre la construcción y deconstrucción del orden en una prisión brasileña, para entender una rebelión, es decir los motines carcelarios. Es un trabajo conjunto entre José Luiz Ratton, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y coordinador del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Políticas Públicas de Seguridad (NEPS), y Jean Daudelin, profesor de la Escuela Norman Paterson de Asuntos Internacionales de la Universidad Carleton, en Canadá.
Se trata de un estudio de caso en una cárcel típica de América latina, carente de fondos y superpoblada en la que mantener el orden requiere de la participación de todos, incluidos los presos, por lo cual aparecen formas de «gobernanza híbrida», como lo llama el autor. Es decir un tipo de control o gobierno en la cárcel que se ejercen entre las autoridades y los presos.
Con este concepto el autor se refiere arreglos informales entre presos y autoridades que generan un orden sustentado en débiles arreglos institucionales fluidos y distintos, que menos que un «régimen carcelario», genera «configuraciones de regímenes» en que los acuerdos van desde la estabilidad, pasando por la decadencia, la rebelión hasta llegar de nuevo a la negociación con actores estatales externos, cambiantes y amplios, es decir, autoridades fuera de la prisión a través de los cuales el Estado retoma un papel central.
El autor plantea unas conclusiones tentativas, pero potentes. Señala que «la extorsión, el carisma y el respeto efectivo crean un riesgo moral: el ordenamiento basado en los presos y el respeto permite el populismo penal, y hace posible, dentro de ciertos límites, el hacinamiento y la subinversión».
Se trata en sus palabras de un «populismo penal oportunista y resolutivo», usado por las «democracias oportunistas y excluyentes», donde la «participación» en el sostenimiento del orden es una forma de gestionar los conflictos. Es decir, la participación de los excluidos en el mismo orden que los excluye es lo que lo hace funcionar.
En las discusiones durante las jornadas entre los investigadores sobre el papel del Estado se planteó que, lejos de una ausencia, insuficiencia o complicidad, se trata de una presencia oblicua, una forma de estar de manera intermitente, tangencial, pero no por ello de menos impacto, al contrario, con importantes efectos en la configuración de las dinámicas ilegales, armadas y violentas.
Lo que los trabajos asoman es que las intervenciones estatales y no estatales dirigidas exclusivamente al control de lo ilegal, de las armas o la violencia, y no a las causas estructurales de las mismas, pueden al mismo tiempo bajar los indicadores de homicidio o violencia a la vez que paradójicamente potencian a los actores armados y sus regímenes de control territorial.
Es lo que Angélica Durán-Martínez describió en su teorización sobre los procesos de negociación entre Estado y actores criminales. Su presentación asomó claves de cuando suceden las negociaciones, pero también los problemas que estas suponen al resaltar la paradoja de concebir el éxito de las negociaciones solo como reducción de homicidios: los pactos desde arriba funcionan con actores que imponen orden, pero eso supone fortalecer el poder de los grupos criminales, en tanto garantizar que los integrantes de los grupos cumplan con las conductas y objetivos de las negociaciones requiere fortalecer sus jerarquías, lo cual reduce las posibilidades de cambios individuales en sus integrantes. Por eso concluye que las negociaciones deben ir más allá de la reducción de homicidios.
En detalle: El Caso Caracas
Los dos participantes de Venezuela presentaron un panorama sobre los actores armados, dinámicas violentas e ilegales a partir de estudios de caso en Caracas.
Andrés Antillano es profesor de Criminología e investigador del Instituto de Ciencias de Penales de la Universidad Central de Venezuela con larga trayectoria de investigación en sectores populares, cárceles, drogas y políticas de seguridad.
Verónica Zubillaga es profesora e investigadora en la Universidad Simón Bolívar y parte de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), el equipo organizador de las jornadas.
En su presentación, Antillano describió las mutaciones de los grupos armados en Caracas a partir de la sistematización de sus observaciones y trabajos con los mismos en la última década.
Para este investigador el principal cambio ha sido el paso de grupos de filiación expresiva, identitaria, territoriales en sectores populares entre jóvenes que combinaban inserciones legales e ilegales a grupos de interés económico orientados por la optimización de la captación de rentas.
El autor señala como principales factores de cambios las políticas de mano dura, el encarcelamiento masivo y operativos policiales en los barrios en la última década. Estas políticas aumentaron los costos de la lógica de funcionamiento y organización de los grupos incentivando su articulación y organización, eliminando competidores internos y favoreciendo pactos y coaliciones entre los grupos armados en los barrios.
En lo económico esto les demandó buscar nuevas fuentes de recursos, de rentas y optimizar su funcionamiento. Con la pandemia esta demanda de recursos se potenció al tener mayor población excluida y legitimidad en los territorios, y un aumento de las operaciones y rentas ilegales dentro de los territorios.
Visto en conjunto, para Antillano estos cambios y factores tienen que ver con las dificultades del Estado para gobernar las áreas de exclusión, fragmentación social y el cómo los actores estatales buscan rentas. Esto se agudiza con el paso de un contexto de crecimiento económico en que el conflicto está en la distribución, a una contracción económica en que el conflicto pasa a la disputa por las rentas y búsqueda de otras nuevas.
De estas transformaciones habló Zubillaga, caracterizando las políticas de seguridad de esta década que llama de «gobernanza revolucionaria» como un modo autoritario de gestión del conflicto. Usó estadísticas de diverso tipo y fuentes tanto oficiales como de investigaciones de organizaciones sociales para caracterizar esta cronología.
La autora marca como punto de partida el año 2010-2013 caracterizado como un «punitivismo carcelario», a través de políticas de percusión, como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (DIBISE) en 2010 y el Plan Patria Segura en 2013, que significaron operativos policiales de persecución en los barrios y encarcelamiento masivo. El resultado fue la duplicación de la población carcelaria entre 2009 con 30.483 presos a 51.256 en 2015.
El periodo entre 2015-2017 fue decisivo y paradójico, según Zubillaga. Por un lado, se inició una política de tolerancia e integración conocida como las «zonas de paz», que son pactos, alianzas gobierno y bandas que, suponían que la policía no entraría a ciertos barrios y, por su parte, las bandas disminuirían los delitos y crímenes más visibles. Los datos etnográficos señalan que en esta etapa se consolidó la gobernanza de las bandas en los barrios.
Pero estos datos, por otro lado, también evidencian que seguían sucediendo acciones de extorsión de parte de la policía, pero de forma menos visible. Así que hubo también una primera alianza entre bandas para responder a los operativos. Se trata de la ruptura de los pactos que sostenían «zonas de paz». Se crean y despliegan los «Operativos de Liberación del Pueblo».
Para dar cuenta del recorrido histórico de las políticas de seguridad, la autora echa mano de registros testimoniales fotográficos de este periodo que desde la perspectiva de la comunidad aparece como «La Guerra». También recurre al uso de datos estadísticos no oficiales de producción propia, como los muertos en enfrentamientos policiales por parroquias que mostraba que los barrios implicados en «La Guerra» duplicaban a los no implicados.
Los datos etnográficos y documentales marcan el 2017 como una etapa de cohabitación. Un año atravesado por las protestas políticas en las calles por los sectores clase media y oposición y la realización de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
Por entrevistas y registros en fuentes policiales se verifica un pacto entre sectores del gobierno y las bandas armadas. Entre 2017-2021 hay un descenso en las cifras de homicidios, una tendencia que se observa entre 2018-2020, al igual hay un descenso en las víctimas por granadas a casi la mitad en comparación del 2016, el pico más fuerte de «La Guerra».
Esta última etapa Zubillaga la denomina «despotismo armado dadivoso». Si bien se registra una reducción en los indicadores de violencia, se consolida el orden armado de las bandas en las localidades. Los testimonios de las comunidades hablan de un clima de dominación, marcado por la ley del silencio, los murmullos y la pérdida de la palabra y capacidad de gestión.
Para la investigadora las políticas militarizadas suponen en las comunidades un estado de alerta de guerra, un orden armado que secuestra la principal herramienta que han usado las comunidades -en especial las madres- para ejercer la micropolítica en sus comunidades: la palabra.
Hablar sobre la violencia
Los últimos eventos armados en Caracas pasaron hace casi un mes. Cada vez que ocurren son la noticia que copa las redes sociales.
Los habitantes de la ciudad narran imágenes de su sector bajo el sonido de las ráfagas de balas. Los actores armados sacan fotos de sí mismos: jóvenes en short y franelilla blanca cargando armas. A veces se filtran fotos de los muertos en enfrentamientos en el lugar de los hechos o en la morgue. Las versiones oficiales brillan por su ausencia al momento, y salen días después: el Ministro de Seguridad -por lo general perteneciente a las fuerzas de seguridad- da un parte en códigos policiales y penales. Víctimas y victimarios se reducen a un número: antisociales, civiles y oficiales, muertos, heridos, capturados. Llueven las opiniones y las sospechas sobre la complicidad del gobierno o la implicación de actores de la oposición.
Sobre estos temas siempre hablan las noticias, el gobierno desde las fuerzas de seguridad y los opinadores, todos en clave de víctimas y victimarios.
Pero en estas jornadas hablaron otros actores y habló otro lenguaje. En general, los temas fueron abordados desde la perspectiva de quienes, ante la opinión pública, aparecen como los victimarios; los vendedores de droga, drogadictos, los ladrones, violadores, violentos; en el caso venezolano, los malandros. No para hablar por ellos, mucho menos para victimizarlos o absolverlos, sino para analizar las condiciones en las que las armas, lo ilegal y la violencia se convierten en una opción de vida para los más excluidos y cómo sus prácticas se articulan con otras dimensiones de nuestra sociedad.
