Ana Felicien es conocida en distintas regiones de Venezuela por su activismo en defensa de la agricultura campesina y, sobre todo, de las semillas nativas. Es graduada en Estudios Ambientales con maestría en Ecología Tropical, miembro de la Comunidad de Aprendizaje e Investigación Estrategias Endógenas para el Buen Vivir y Soberanía Alimentaria de la Universidad Kléber Ramírez. Actualmente es estudiante de doctorado en el Instituto Amazónico de Agriculturas Familiares de la Universidad Federal de Pará, Brasil. Trabaja en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC), y ha colaborado como profesora en la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT). Hace parte del grupo de trabajo Agroecología Política de CLACSO, y de varias organizaciones de base como el Plan Pueblo a Pueblo, Semillas del Pueblo y la Campaña Venezuela Libre de Transgénicos.
En PH9 conversamos con Felicien para conocer su análisis sobre la situación actual de las y los campesinos en nuestro país, en cuanto al resguardo y la producción de semillas.
“La discusión sobre la semilla campesina pasa por el debate sobre conocimiento abierto”.
Ana Felicien
PH9. A 7 años de aprobada la Ley de Semillas, en medio de un contexto de bloqueo internacional y pandemia global, ¿cuál es tu balance sobre la vigencia e implementación de esta Ley? ¿Cuáles son las condiciones actuales para el resguardo y multiplicación de las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes?
AF. El contexto de bloqueo internacional y pandemia marcó la implementación de la Ley de semillas después de su aprobación en el año 2015, en este contexto las capacidades institucionales y de movilización popular se debilitaron muchísimo, lo que afectó los procesos que se venían dando a partir del debate popular constituyente que creó la Ley. Es decir, la ley entró en vigencia en un momento de crisis institucional muy fuerte, y aunque inicialmente la implementación fue promovida desde las instituciones, básicamente todas las políticas públicas a favor de la agricultura familiar campesina fueron reducidas o desaparecidas debido a que se redujeron abismalmente los recursos del Estado.
Por ejemplo, los créditos de FONDAS, los programas de agroecología del INSAI, INDER etc., que en años anteriores fueron muy importantes en el apoyo a procesos agroecológicos y a la agricultura campesina, no tuvieron la misma presencia en los territorios. En medio de la crisis, se han mantenido esfuerzos importantes, como el caso de la Alianza científico- campesina que desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Mincyt), y el programa de producción de semillas de papa con Proinpa. Sin embargo, lo que ha prevalecido es una ampliación y desregulación del mercado de semilla certificada, y se conoce muy poco sobre cuáles son las acciones que las instituciones del Estado están realizando para controlar, por ejemplo, la importación de semillas de calidad y el ingreso de semillas transgénicas. Estos dos temas también son parte de los elementos que la Ley establece.
En relación a las semillas locales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, como siempre ha sido, las comunidades mantienen su resguardo. En medio de la crisis, se ha mantenido la celebración del Día de la semilla campesina en Montecarmelo, con muy poco apoyo y mucha resistencia y lucha por parte de su comité organizador, en medio de la pandemia inclusive se realizó de manera descentralizada. Eso fue en el año 2020, sin gasolina, con un acceso limitadísimo a servicio telefónico y de internet, el día de la semilla campesina movilizó a gente de todo el país que se conectó virtualmente para compartir un sin número de experiencias que están produciendo y guardando semillas. Para muchos, especialmente a nivel institucional, estas experiencias son pequeñas o poco relevantes, pero son las que definitivamente están resolviendo el acceso a la alimentación en el territorio, en lo concreto y en el día a día.
PH9. ¿Cómo puede la semilla campesina garantizar la producción necesaria para abastecer de alimentos vegetales a toda la sociedad venezolana?
AF. Existen diversas experiencias latinoamericanas que han implementado varias cosas que nosotros tenemos en papel en la Ley. Por ejemplo, en México hay una red importante de casas de semilla que funcionan como espacios comunitarios para el intercambio y conservación de semillas. En Europa existen varias empresas pequeñas y agroecológicas que producen semillas de hortalizas que son cultivadas en huertos domésticos. En nuestro caso, son poquísimos los esfuerzos institucionales que han apoyado sistemáticamente la producción y conservación de semillas pensando en que esta pueda abastecer las cadenas de producción para toda la sociedad venezolana. Por eso tenemos un sistema de semilla segregado, las semillas campesinas ya contribuyen con buena parte de la producción de alimentos: tubérculos, frutas y varios vegetales como: yuca, ñame, ocumo, auyama, batata, plátanos y cambures, caraota y frijol por mencionar algunos rubros, dependen casi en su totalidad de la semilla campesina.
Las semillas de hortalizas son importadas. Esta segregación también responde a la forma como está organizado nuestro sistema alimentario y a nuestro patrón de consumo. Estos rubros son considerados alimentos de segunda, y aún existen muchísimos prejuicios en contra del conuco. Sin embargo, hay una tendencia ahora que está llegando medio tarde al país, de retomar estos rubros de forma elitizada o gentrificada, como alimentos orgánicos, gluten free, etc. La cuestión es que la discusión sobre la semilla campesina pasa necesariamente por la discusión sobre nuestro patrón de consumo.
PH9. ¿Existe alguna semilla campesina que haya sido protegida bajo la figura que plantea la Ley «licencia de uso libre»? ¿Cuál es la ruta necesaria para obtener esta forma de garantía de calidad de las semillas?
Las licencias para uso libre de la semilla, son un mecanismo propuesto en la Ley de semillas, basado en la Constitución Bolivariana que prohíbe patentes sobre seres vivos. Esta figura busca proteger los conocimientos asociados al mejoramiento y reproducción de la semilla campesina, desde una forma sui generis que está fundamentada en los principios del conocimiento libre y en los derechos de la madre tierra, estos últimos proclamados por el PARLATINO en el año 2011 a partir de las discusiones promovidas por Bolivia en el ámbito internacional. Formalmente no se ha creado ninguna licencia específica, aunque las prácticas comunitarias de reproducir, intercambiar, y mejorar semillas implementan de hecho estas licencias.
Lo que se intentó hacer fue, a partir de una alianza con el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), crear una marca colectiva de semillas campesinas que permitiese la sistematización de experiencias de mejoramiento e intercambio de semillas campesinas para reconocer la autoría moral de tales comunidades, lo que en principio redundaría en crear diversas formas de garantía participativa de la calidad de las semillas.
Aunque no son la misma cosa, el resguardo del conocimiento está íntimamente ligado a la calidad e incluso identidad de las semillas. Sobre este tema vale la pena escuchar al científico venezolano Jacinto Dávila. Este esfuerzo no se pudo concretar, avanzamos en la identificación de una experiencia para iniciar el proceso de marca colectiva, que es la experiencia del maíz Guanape MFE, pero el proceso quedó a mitad de camino por cambios institucionales, y creo también que por la falta de personas con experiencia en este tipo de iniciativas de conocimiento libre en el área de semillas y agricultura. Especialmente falta de abogados con la voluntad política y conocimiento para desarrollar mecanismo sui generis como éste.
Lo que vemos es que hay un retroceso en cuanto al debate sobre conocimiento abierto que había avanzado mucho en el país. Y esto incide en la creación de estas formas novedosas, democráticas y anticapitalistas de protección de conocimiento que son una alternativa a los derechos de propiedad intelectual, una pieza fundamental del monopolio de las transnacionales semilleras. Lamentablemente no pudimos avanzar en eso.
PH9. ¿Cuál es tu opinión sobre la certificación por el sistema formal de la semilla de maíz Guanape?
AF. El maíz Guanape MFE es producto de un proceso de mejoramiento participativo que fue parte de una red de innovación socialista impulsada por el Mincyt en Anzoátegui, con participación del INSAI, INIA y tres comunidades Los Médanos, La Florida y La Escondida, por esos sus siglas MFE. Las características de este maíz fueron definidas por estas comunidades en función de sus necesidades y condiciones de producción y el objetivo era garantizar la disponibilidad de esta semilla en el territorio para no ser dependiente de las cadenas de comercialización de semillas que son inaccesibles a estas comunidades por su precio, y porque las características de las semillas comerciales no son las requeridas en esos territorios con condiciones de poca disponibilidad de agua, bajo uso de insumos etc.
El proceso de certificación de semillas, sigue otras pautas, unas normas que son establecidas generalmente respondiendo a otros intereses, establecidos con criterios técnicos. Estas diferencias se han discutido muchísimo en la literatura académica, técnica, movimientos sociales a nivel internacional. Sin embargo, en el caso del maíz Guanape evidentemente hay una confusión enorme, porque si es para certificación significa que esta semilla se dirige a un mercado amplio y rentable, es decir, dirigida a gente que pueda pagar la semilla como una mercancía o insumo agrícola, lo que compensaría los altos costos de la certificación que es exigida como garantía de calidad en esos mercados. La semilla de maíz Guanape MFE, por el contrario, fue mejorada por este colectivo para satisfacer unas necesidades locales, particulares, y fundamentalmente para tener acceso a una semilla que no es mercancía.
Entonces esta confusión lo que muestra es un atraso enorme en el país en el debate serio y actualizado sobre mejoramiento genético participativo, derechos de los campesinos, y sistemas de semillas de los y las agricultores. Temas que además están bien discutidos a nivel internacional.
PH9. ¿Consideras que este hecho marca un precedente que desfavorece la implementación de la Ley de Semillas?
AF. No solo éste, creo que en general la falta de voluntad política para implementar la Ley de manera integral y sistemática muestran un cambio estructural en la política agrícola del país. Lo que predomina ahora son las alianzas estratégicas con empresas extranjeras. La ley apuesta precisamente a lo contrario, a promover un proceso de transformación de nuestro sistema de semillas venezolano desde una perspectiva agroecológica que reconoce tanto al sistema de semilla certificada, como al sistema de semillas que los y las agricultoras han manejado siempre.
PH9. ¿Cuáles son las acciones urgentes que deben impulsar tanto las organizaciones campesinas como el Estado venezolano para que no se privatice el conocimiento sobre las semillas?
AF. La creación de casas de semilla, la promoción de los intercambios, la sistematización de las experiencias semilleras y la articulación de los Comités locales de garantía de calidad y el Consejo Popular de resguardo de semillas son, desde mi punto de vista, las tareas más urgentes en cuanto a la producción y conservación de semillas. Y la re-articulación del movimiento semillerista que ha sido muy muy fuerte. No por nada creamos una Ley que tiene reconocimiento internacional y la gente reconoce y defiende su ley. Lamentablemente, en el país no se le ha dado el reconocimiento que merece desde las instituciones.
