El proceso de reversión de la estatización de los centrales azucareros, así como otras industrias bajo responsabilidad del Estado, viene avanzando sin información pública y sin proceso de licitación abierto. Este ha sido el caso del Consorcio TecnoAgro C.A., registrado en 2017 con sede en Barinas, sin ningún tipo de información por redes sociales sobre su desempeño productivo. Juan Ramírez Araque es su representante legal, vive en Caracas y administra varias empresas, según explican a PH9 los cañicultores, habría asumido cuestiones vinculadas a los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP). 

Respecto a TecnoAgro, “puede que sea una empresa de maletín”, porque “él mismo ha dicho que no tiene experiencia en refinamiento de azúcar”, expresa José Véliz, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa. Y, sobre todo, porque no se explica lo que aconteció con la zafra de este año en el Central Sucre.

Juan Ramírez se les presentó a los cañicultores con una oferta de pago un 25% más alta que la que recibieron el año anterior en el Central Sucre. Un contrato que distribuía las ganancias en un 50 y 50% y que se cancelaría en dos partes: un pago quince días después de entregar la caña de azúcar y otro al finalizar la zafra dos meses después.

El valor de la caña de azúcar se define por los grados brix de colono, que es como decir la calidad de la sacarosa que lleva esa caña. Lo que ofreció Ramírez fue pagar, por cada grado brix, 2,65 dólares.

Pero el contrato sólo se podía firmar de manera individual, según José Véliz, el presidente de Tecnoagro les dijo “no necesito que nadie respalde a nadie, sino necesito a la gente particular-, así agarró a cada quien de forma individual. Tú trabajas conmigo, tú conmigo, así ella se fue sola, yo me fui solo, y cada quien firmó por su lado”.

Esta modalidad de contrato es diferente a la que se había realizado en años anteriores que se contrataba de forma colectiva, a través de la Asociación de Cañicultores de Cumanacoa.

“Este señor debilitó a la organización que representa a los cañicultores. A nosotros nos representa la Asociación de Cañicultores de Cumanocoa. Todo productor de caña pasa a ser parte de esta organización. Él lo que hizo fue fraccionar, fraccionó todo (…) habrá pensado esta gente no tendrá nadie que los apoye”, afirma Véliz.

El otro condicionante de este contrato ha sido la inexistencia de otra opción en el municipio Montes para el procesamiento de la caña: “No tenemos otra opción cómo procesar la materia prima, no hay cantidad de trapiches suficientes que puedan moler lo que se produce, porque el municipio produce 20.000 toneladas de caña. Entonces los trapiches que son pequeños y son pocos no dan para moler esa cantidad”, agrega Vanesa Pérez, vocera de la Comuna Las 5 fortalezas. 

Mientras menos tiempo transcurra entre el corte de la caña y su molienda, mejor es la calidad del azúcar que se extrae de ella, más altos serán sus grados brix. El tiempo estimado para arrimar la caña desde los distintos puntos de siembra hasta el Central de Cumanacoa es de 72 horas, pero en el contrato TecnoAgro impuso que debía ser en 48 horas. De no ser así, se aplicaría la “tabla de descuentos por envejecimiento”.

“Nosotros hicimos todo ese esfuerzo, no hubo maquinaria, se cortaba a mano, se cargaba al lomo, hombres cargando 10 toneladas de caña en el hombro, 2 y 3 camiones al día 30 toneladas (…) los grupos nos asociábamos para que la caña no llevara ni siquiera tierra, las mujeres lavaban la caña en los ríos y en los camiones echaban cepillo para que no llegara sucia, porque hasta eso nos informaron en el contrato: que llegara limpia y sin impurezas, porque si llegaba con basura se le hacía un descuento de un 2 y 3%”, expresa Vanesa Pérez.

Con este trabajo sin descanso los cañicultores lograron arrimar un total de 18.001 toneladas  de caña en dos meses y una semana. 

Al llegar esta caña al central se determinó en el laboratorio un promedio de 8,66 grados brix, aunque los productores reportan que en algunas muestras de caña resultaba en 11 y 12 grados. Cada uno de estos grados se pagaría a 2,65 dólares.

A los 15 días, se le pagó a cada productor un anticipo del 20% del total de lo que se les cancelaría por toda la caña entregada. El monto acordado no se respetó para todos, a unos les pagó más y a otros menos por cada grado brix. Pero, para el momento no pudieron darse cuenta porque eran recibos individuales.

Tampoco conocían cuánto era el monto global de la deuda, una vez finalizada la zafra. Cuando iniciaron los reclamos de pago, un grupo recopiló todos los recibos entregados: “Nosotros sacamos ese cálculo de acuerdo a los recibos de pago que realizó la empresa cuando pagó el 20%”, explica Vanesa, Con estos recibos en mano supieron que, entre todos, se les habían cancelado 41.000 dólares.

Por primera vez, en los años de existencia de la Asociación de Cañicultores, que no se les permite fiscalizar el proceso de molienda dentro de las instalaciones del Central Sucre. No les permitieron entrar a la empresa a supervisar, violando la cláusula primera del contrato donde se define la figura de los “fiscales”: “Los cañicultores designarán a un personal de su confianza como Fiscales, quienes se encargarán de velar por los procesos donde intervengan sus intereses (…)”.

José Véliz explica cómo en realidad ocurrió: “Lo que pasa es que en esa zafra no hubo fiscalización de productores dentro de la empresa, nosotros no tuvimos la contraloría que estaba establecida en el contrato. El dueño no lo permitió, y se peleó y se peleó y se peleó y nos atropellaron y qué va, hasta ahorita no se ha podido, nunca nos han permitido el acceso”.

De cada tonelada de caña se producen en promedio 86 kilos de azúcar y 72 kilos de melaza. Ese ha sido el histórico de producción de los centrales azucareros del estado Sucre.  Con este cálculo, los cañicultores afirman que se debió producir con esta zafra 1.900.000 toneladas de azúcar y 1.200 toneladas de melaza.

Sin embargo, el dueño de Tecnoagro afirma que se produjeron 652 toneladas de azúcar y 823 toneladas de melaza. Y con esa producción la empresa se declara en quiebra.

“El señor nos sale con que él quebró (…) Nos deja dicho con el gerente de la empresa, Víctor Rodríguez, que fuéramos a retirar el 80% de las ganancias de la producción. Cuando vamos nuestra mayor sorpresa es que nos dicen que fábrica no tuvo rendimiento, que no se produjo la cantidad de azúcar que se esperaba, que hubo quiebre y por tal motivo no se nos podía pagar la cantidad que nosotros esperábamos”, relata con énfasis Vanesa. 

Sin un informe de por medio que respaldara algunas de estas palabras, los agricultores sacaron su cuenta de todas las toneladas arrimadas, un aproximado de 420.000 dólares sería la deuda: “Calculamos por fundo, calculamos por cantidad de caña arrimada y es que desglosamos el aproximado de la deuda. Pero es que ni siquiera eso nosotros tenemos a la mano legalmente, cuánto es la deuda real”.

Con los números de quiebra que declara la empresa, el valor del grado brix se habría alterado, ya no en 8,66 sino en 3 grados. Esta posibilidad es refutada por los cañicultores: “Si esa caña hubiese estado en 3 grados brix él no la recibe”, agrega Véliz.

Si la empresa no produjo lo esperado por razones no vinculadas a la materia prima, según el contrato elaborado por Tecnoagro, sería responsabilidad de la empresa asumir estos costos. No son daños que deban asumir los cañicultores, así lo establece la cláusula décima tercera: ”bajo ningún concepto podrá atribuirle a los cañicultores responsabilidades, costos, gastos, daños o deterioros de la materia prima, una vez recibida en las instalaciones, así como tampoco en ningún caso será responsabilizado por deterioro, pérdida o faltante de azúcar producida o dejada de producir por causas inherentes a su administración, operación, eficiencia o tiempo perdido”.

“-¿Y a quién le vendió Juan Ramírez el azúcar que sacó del central?  Lo que él produjo lo saco en sacos para venta a granel. Se empaquetó un azúcar que no salió del municipio, dos ventas que se le hizo al CLAP del municipio, lo demás lo sacó a granel y fuera del estado”, afirma José Véliz.

Según los cañicultores se le hace más fácil venderlo en sacos de 50 kilos y se los compran a mejor precio fuera del estado. Las ganancias que calculan pudo haber obtenido solo con la venta de azúcar superan el millón de dólares. Aparte habría comercializado la melaza que en realidad sería una miel tipo b que se utiliza para la elaboración de licores.

“Es decir, ellos declaran que produjeron melaza, pero es miel tipo b. Es decir, en vez de venderla en 200 dólares, lo que cuesta la melaza, la pudieron haber vendido en 320 dólares a la destilería. Ahora multiplique 1.200 toneladas por 320 dólares, es un dineral”, señala Jhoan Tovar, vocero de la Unión Comunera.

A estas ganancias se suma la venta de 10.000 toneladas de chatarra (cobre y otros metales) que habría sacado del central azucarero, según denuncian los trabajadores del central ante los cañicultores. Y con lo que calculan se pudo haber obtenido más de un millón de dólares. 

El aumento del negocio de venta de chatarra durante los últimos años llevó al gobierno venezolano a publicar un decreto presidencial (Gaceta número 41.464) mediante el que se reserva al ejecutivo nacional la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel o cualquier otro tipo de metal o chatarra  ferrosa, todos considerados material estratégico de la Nación. Precisamente, para evitar su contrabando o el mercado ilícito que estaba provocando su hurto y posterior comercialización.

Cuando explota el conflicto ante la declaración de quiebre, los cañicultores proponen hacer unas mesas de trabajo “para hacer lo mejor posible”. Realizaron seis mesas en el estado Sucre con Tecnoagro y distintas instituciones, entre ellas Corposucre y el Consejo Legislativo. 

Uno de los acuerdos fue pagar el 50% de la deuda para el 15 de mayo. No se cumplió, “el inversionista se rió de esa propuesta, no le dio importancia, él dijo que él no iba a pagar esa plata, porque él no debía esos reales, porque él no produjo eso”, expresa al respecto Juan Véliz.

Agotadas todas las instancias locales, según los agricultores, comienzan a ampliar las denuncias hasta llegar a diversos organismos públicos en Caracas. 

“En vista de que en seis mesas de trabajo no se vio solución, no se veía avance del problema, fue que iniciamos el paso de venirnos Caracas. Llegamos a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (…) Inmediatamente nos llaman y nos dicen que a los primeros que vamos a conseguir son a los diputados del estado Sucre, cuando nosotros buscamos contactarlos allá y se nos hizo imposible”.

El 8 de julio se realiza una mesa de trabajo donde asistió Juan Ramírez, se acordó un pago de 334.000 dólares que serían cancelados inmediatamente a los productores apenas este grupo regresara. Entre los aspectos comentados, el presidente de TecnoAgro estaba a punto de recibir un crédito de un banco del Estado.

“Resulta ser que cuando nos vamos y espera y espera y, por fin, nos llaman de la empresa, nos dice la administradora que no es la cantidad que él había acordado, sino 18.000 dólares. Eso no dio para nada”, sentencia Vanesa.

A este pago se sumó otro de 5.000 dólares y la entrega de 20.000 toneladas de melaza, en su conjunto sólo se pagó el 21% de la deuda general. 

Para los cañicultores de Cumanacoa se trata de una estafa en forma de quiebra fraudulenta que piden sea investigada por la fiscalía general. Jhoan Tovar explica que “cuando una empresa se declara en quiebra, quien establece si es real o es fraudulenta es un tribunal mercantil, eso lo hace el Ministerio Público. La cosa es que como esto es una vaina apadrinada por el gobernador de Sucre, esto no ha llegado al Ministerio Público”. 

Además de quiebra fraudulenta denuncian actos de corrupción, con la venta de las 10.000 toneladas de chatarra de unos bienes que son del Estado venezolano.

“Deberían confiscarles esos activos que tiene para que nos pague (…) Nosotros tenemos la versión de los trabajadores que han trabajado toda la vida ahí. Ellos dicen que sí se produjo suficiente como para pagarle a los productores, insiste el comunero Jhoan Tovar a manera de justificación de la denuncia.