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Equipo de investigación y redacción: Adriana Gregson, Fernando Pintos, Heidi Domínguez y María Eugenia Fréitez.

Es difícil caracterizar la producción agrícola después del 2012 sin analizar a grosso modo el entorno político y económico. Venezuela asiste a su sexto año seguido de recesión económica con una crisis multifactorial que incluye una caída a pique de su producción petrolera, hiperinflación, progresiva imposición de sanciones y bloqueo, deterioro del ingreso y del crédito, crisis energética e institucional.

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Es en este contexto de crisis histórica donde miramos la producción agrícola en los últimos años. Venezuela es una economía que ha dependido por décadas de la renta petrolera y la mayoría de sus procesos productivos tienen una fuerte carga de importaciones. Al disminuir la renta petrolera se produce una abrumadora caída de las las importaciones que incluye bienes intermedios, lo que afecta inmediatamente a la producción en general y a la agrícola en particular.

En palabras de Juan Carlos Loyo, exministro de Agricultura tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro: «Nosotros dependemos de procesos productivos totales que tienen un tipo de consumo intermedio importado… Esa ventana se cierra de la manera más dramática posible en el 2015. De hecho, uno dice en economía, el ajuste más brutal que se pudo hacer fue el ajuste de importaciones que tuvimos que hacer».

No obstante, si bien hay consenso entre el chavismo y la oposición en la importancia de este factor, ésta es solo una de las causas de la caída de la producción. Por ejemplo, de un aproximado de 1.500 millones de dólares de inversión en el 2014 para el ciclo de cereales pasamos a menos de 500 millones en este 2020.

Además, el crédito agrícola disminuyó a la misma velocidad que la producción petrolera y, de 1.500 millones de dólares en el 2013, desciende a 40 millones de dólares en el 2020, ¡un 97%!

Y eso es solo una parte. El productor agrícola en Venezuela ha tenido que sobrellevar la caída de la demanda por disminución del poder adquisitivo, dolarización y escasez de insumos y repuestos, además de vacunas, contrabando, apagones, falta de gasolina, inseguridad en los predios agrícolas, emigración de personal calificado, y un largo etcétera.

Sin embargo, al analizar los números de producción nos damos cuenta de la capacidad de resiliencia del sector agrícola, sobre todo de la pequeña producción campesina y familiar. En muchos rubros la caída es menor a la esperada, dada la debacle económica, pero igual es muy significativa y con alto impacto en la capacidad de abastecimiento de la población.

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Pollo, carne, vegetales.. ¿qué y cuánto cayó?

La producción bovina y porcina disminuyó según la FAO un 20% entre 2012 y 2018, y ronda el 50% para mediados de este 2020, según las estimaciones realizadas por el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, cifras que pudieran empeorar con el impacto de la pandemia en el segundo semestre. La leche también había perdido un 30% de su producción.

La producción de pollo, importantísima en la dieta del venezolano, se redujo un 75% entre 2012 y finales del 2019, y la de huevos un 50%, aunque ambos rubros habían tendido a estabilizarse desde mediados del año pasado.

Conoce en detalle la producción animal en Venezuela en el período 2012-2020

Por su parte, la producción total vegetal ha retrocedido en forma similar. Según la FAO había descendido un 40% entre 2009 y 2018, y los números de los últimos dos años de la mayoría de los rubros ratifican la tendencia. La superficie cosechada también retrocedió.

La producción de cereales, por ejemplo, muy ligada a la agroindustria y a la gran producción agrícola, es la que más retrocede. El arroz y el maíz, base de la dieta del venezolano descienden más del 60% de la superficie cosechada según la FAO y estimaciones del Mppat, aunque algunos voceros de los gremios agrícolas la estiman mucho mayor.

También los cultivos tropicales como la caña, el café y el cacao son impactados por la crisis, perdiendo, según la FAO, el 40% de su producción total entre 2012 y el 2018.

El sector que mejor desempeño ha tenido en la crisis es el relacionado con la agricultura familiar y campesina. Gracias a las reformas agrarias y al financiamiento del Estado, este sector representa en Venezuela aproximadamente un 23% del PIB agrícola y el 70% de la propiedad agraria, según Rigoberto Rivera del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA).

Si analizamos los datos de la FAO, entre el 2012 y el 2018 vemos que la producción de frutas y hortalizas, muy relacionada a este sector, se ha mantenido sorprendentemente estable e incluso en algunos rubros ha aumentado su producción. Los datos parciales que se conocen del 2019 y 2020 mantienen esta tendencia a la estabilidad.

Resultados de la producción vegetal, familiar y campesina en los últimos años

¿Y las importaciones alimentarias?

Como decíamos al comienzo, esta caída general de la producción estuvo influida por la declinación de las importaciones ya que la cadena de producción agrícola en Venezuela tiene una gran dependencia de las mismas.

Por ejemplo, la producción de pollo depende en un 70% de las importaciones. A medida que las importaciones no petroleras caían, iban generando un fuerte impacto en toda la cadena productiva. Entre 2013 y 2018 las importaciones no petroleras disminuyeron un 87%.

Las importaciones alimentarias también descienden. Según Alejandro Gutiérrez, pasan de 337 dólares por habitante en el 2013, por un monto total de 10.045 millones de dólares a 100 dólares por habitante en el 2018, una reducción de más del 70%.

La reducción de la producción agrícola y el descenso en las importaciones alimentarias tienen un fuerte impacto en el abastecimiento y la seguridad alimentaria de los venezolanos. La crisis afecta además la capacidad de compra por lo que se da un caída tanto del abastecimiento como de la demanda.

Impacto en el consumo alimentario

En una encuesta realizada en el segundo semestre del 2019 por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) bajo invitación del gobierno de Venezuela, se determina que «el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada» . Además WFP estima que «una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia (…) uno de cada cinco hogares (17.8%) tiene un nivel inaceptable de consumo de alimentos».

La misma encuesta aclaraba que el problema de la población no radica en la disponibilidad de los alimentos, sino en la imposibilidad de comprarlos.

En julio del 2019 un informe conjunto de FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS titulado «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2019», advertía del rápido deterioro de seguridad alimentaria en Venezuela y estimaba que la prevalencia de la subalimentación había aumentado del 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018, triplicándose.

Para tener una una idea de lo drástico de la caída en el consumo, de acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición (INN, 2014) el consumo de carnes en Venezuela era para el año 2013 de 68 kilos anuales per cápita, discriminados en 43,9 Kg/persona/año (pollo), 18 Kg/persona/año (bovinos), 6 Kg/persona/año (porcinos) y 0,2 Kg/persona/año de (ovinos-caprinos).

Esta cifra está por encima de los estándares internacionales y cerca del consumo de los países con altos niveles de ingreso. A finales del 2019 el consumo total de carne era menos de la tercera parte. El consumo de pollo que fue de 21 kilos en 1998, y que había llegado a 44 en el 2013, cierra el 2019 en 12,5 kilos. El promedio en Latinoamérica es de 30 kilos per cápita.

La excepción es el consumo de huevos, reserva de proteína animal de la mayoría de la población, que ha sostenido niveles cercanos a los del 2009.

Esta caída del consumo de alimentos crea una fuerte presión sobre la población que se traduce en el alto flujo migratorio de los últimos años.

En busca de paliar esta situación el gobierno de Nicolás Maduro decreta en 2015 el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), mediante el cual se hace llegar alimentos a muy bajo precio a la población.

A diferencia de los programas previos de distribución de alimento subsidiado como el MERCAL y el PDVAL, el esquema de distribución es casa a casa. Este programa se ha sostenido y ha aumentado su cobertura llegando en el 2019 a más del 90% de los hogares venezolanos.

Según información del gobierno venezolano en el 2019 se entregaron 120 millones de cajas CLAP, el equivalente a cuatro cajas (o bolsas) por cada habitante del país y existen actualmente 32.600 comités CLAP. Las cajas o bolsas actuales traen el equivalente a 12 kilos de comida, en su mayoría carbohidratos y granos. Salvo excepciones, no contiene proteína animal.

Esta estructura de asistencia social, si bien a todas luces no es suficiente para la alimentación de la población, ha impedido una hambruna. Para sus críticos, es un mecanismo clientelar diseñado para reforzar el control de la población. Para sus defensores, la forma de subsistencia de la población en un contexto de guerra económica.

Sin embargo, la situación sigue deteriorándose. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020, el 79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir su canasta básica de alimentos y el ingreso promedio diario es de $0,72. En esa misma encuesta se calcula la pobreza por consumo en 68% y la pobreza reciente en 54%.

No obstante el drama humano que significan estas cifras, la crisis también ha provocado transformaciones positivas en la producción agrícola, disminuyendo la dependencia de las importaciones, potenciando formas más sustentables y ecológicas de producción y diversificando los rubros que se siembran, transformaciones que podrían potenciarse en un entorno económico más favorable.

La resiliencia del campo venezolano en condiciones tan adversas permite aseverar que una mejora de las variables económicas del país, y por ende de la capacidad de consumo de la población, puede redundar en una mejoría rápida de la producción agrícola en Venezuela.